El Tribunal Constitucional ha dado el aval este martes a las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, que evitarán deliberar sobre determinados asuntos por su vinculación política con los mismos, a la par que ha aplazado el debate previsto en el Pleno sobre las recusaciones de Vox a cuatro magistrados. Junto a la admisión a trámite del recurso del partido de Santiago Abascal contra la ley del 'solo sí es sí', estas son las principales conclusiones del Pleno gubernativo convocado por el recién nombrado presidente, Cándido Conde-Pumpido.

La corte de garantías ha ratificado las abstenciones de Campo y de Díez después de que el primero solicitara retirarse del recurso de Vox a la ley del 'solo sí es sí' y los recursos contra la votación de la reforma laboral. Díez, por su parte, pidió la semana pasada que la apartaran del debate sobre un recurso relacionado con la revisión de la ley que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas. 

La magistrada se abstiene porque firmó varios dictámenes a favor de esta ley cuando ejercía como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatuarias de Cataluña. El exministro de Justicia no tomará parte de los debates sobre la ley del 'solo sí es sí' porque en el momento de su elaboración formaba parte del Gobierno, y no decidirá sobre la polémica votación de la reforma laboral por su relación con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. 

Lo que se recurre en este caso es una decisión de Batet, que no permitió al diputado Alberto Casero votar presencialmente la reforma laboral tras haber votado a favor telemáticamente por error. El fallo de Casero, que Batet no permitió enmendar, fue clave para la aprobación de la reforma laboral. 

Por otra parte, el Pleno del Constitucional ha designado a su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, ponente de las recusaciones lanzadas por Vox contra cuatro de los magistrados progresistas del tribunal. La magistrada deberá comprobar si alguno de los afectados tiene intención de retirarse voluntariamente y, en caso contrario, el Pleno decidirá la semana que viene si las recusaciones se admiten a trámite.

Vox ha señalado al magistrado Campo por sus cargos políticos como parte del PSOE y por su relación sentimental con Batet, y a Díez por haber formado parte del Ministerio de la Presidencia, también en el Gobierno de coalición. A la magistrada María Luisa Segoviano la recusan por haber declarado en una entrevista reciente que la autodeterminación de Cataluña "es un tema muy complejo [...] con muchas aristas que hay que estudiar". Y, finalmente, Vox ha recusado a Conde-Pumpido, el presidente del Constitucional, por su "especial vinculación con el partido de Gobierno" y por su papel como fiscal general del Estado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Las recusaciones son una herramienta de especial relevancia, por lo que deben tener fundamento y estar sólidamente justificadas. En este caso, al cuestionar la voz de cuatro de los 11 magistrados que actualmente componen el Constitucional, este órgano podría quedar sin el quórum necesario para resolver determinadas cuestiones. 

El TC admite varios recursos a trámite

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha decidido este martes estudiar el recurso que interpusieron los diputados de Vox contra la ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. Los recurrentes alegan que la ley vulnera la presunción de inocencia, la prohibición de indefensión y seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad de las penas. 

Los magistrados han decidido admitir también a trámite el recurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el artículo 12 de la ley 'antidesahucios' de la Generalitat de Cataluña, que habla del ofrecimiento de propuesta de alquiler social "por falta de título jurídico que habilite la ocupación de la vivienda, si el demandante tiene la condición de gran tenedor".