La mitad de las empresas españolas recibieron ayudas del Estado en 2020 para hacer frente a la pandemia

Un camarero atiende una terraza con la mascarilla puesta tras la primera desescalada del coronavirus en 2020.
Un camarero atiende una terraza con la mascarilla puesta tras la primera desescalada del coronavirus en 2020.
EDU BOTELLA / EP

La mitad de las empresas españolas con actividad en 2020 se acogieron a alguna de las medidas de apoyo que el Gobierno puso en funcionamiento en el primer año de la pandemia para amortiguar el hundimiento de la actividad económica causado por la Covid. Transcurridos ya casi tres años desde la primera sacudida pandémica, el Colegio de Registradores ha publicado un exhaustivo informe en el que detalla el número de compañías, los sectores y las medidas de apoyo que recibieron las firmas en 2020. 

Los datos proceden de un formulario denominado Hoja Covid-19, un documento que las empresas debían adjuntar al presentar sus cuentas del ejercicio 2020 en el Registro Mercantil. Los resultados son esclarecedores. De las alrededor de un millón de empresas que presentaron cuentas anuales en 2020, 517.830 se había beneficiado de alguna de las medidas recogidas en los decretos del Gobierno. 

De ese medio millón de compañías, la mayoría operaban en el sector del comercio, la construcción y el inmobiliario, que en conjunto suman casi la mitad de las compañías que presentaron esa Hoja Covid-19 en el Registro Mercantil.

El informe de los registradores agrupa las medidas que se adoptaron en una serie de categorías. En primer lugar, aparecen aquellas que se adoptaron en el ámbito laboral, con el protagonismo indiscutible de los ERTE. Según el informe, tres de cada cuatro trabajadores cuyo empleador era una pyme se vieron sometidos a un ERTE, una proporción que en las grandes empresas se redujo a algo menos de la mitad. 

A nivel sectorial, la hostelería fue el sector donde más empresas llegaron a activar un ERTE por motivos pandémicos. En concreto, el 55% de las firmas hosteleras se acogieron a este sistema de protección del empleo en algún momento del año. En otros sectores, los ERTE tuvieron un papel también muy destacado, pero no comparable al de la hostelería. Es el caso de las actividades artísticas, las sanitarias o la educación, donde más de un tercio de las empresas llegó a solicitar un ERTE pandémico.

Las otras dos medidas adoptadas en el ámbito laboral -el permiso retribuido recuperable y las bajas por Covid- tuvieron un impacto mucho más discreto. Los datos de los Registradores señalan que solo el 2,7% de las empresas solicitaron el permiso retribuido recuperable, mientras que las bajas laborales por Covid llegaron a afectar a uno de cada cuatro trabajadores en las pymes y a un 16% en las grandes empresas.

Los grandes propietarios no rebajaron los alquileres

El primer decreto pandémico de choque que aprobó el Gobierno el 31 de marzo recogía una serie de medidas centradas en los hogares vulnerables. En este apartado, el informe se centra en las ayudas que grandes y pequeños propietarios de vivienda concedieron a los arrendatarios y en las ayudas públicas al alquiler de locales de negocio.

Respecto a lo primero, una de las conclusiones más llamativas es que un 20% de las empresas consideradas grandes propietarias (es decir, con más de 10 viviendas a su nombre) concedió ayudas a sus inquilinos. Ayudas que, en la inmensa mayoría de los casos (más del 92%) se limitaron a cuestiones como eliminar la penalización por el abandono prematuro de la vivienda o la prórroga automática de los contratos que vencían en 2020. Las rebajas en el alquiler o la reestructuración de las deudas supusieron menos del 8% de los casos.

Conviene recordar que el Gobierno obligó a los grandes tenedores de vivienda a conceder moratorias en el pago del alquiler a los inquilinos considerados en vulnerabilidad. Un requisito del que estaban exentos los pequeños propietarios. Pues bien, las estadísticas de los Registradores señalan ahora que solo el 1,8% de los pequeños propietarios concedieron moratorias voluntarias al pago del alquiler.

Otra de las grandes medidas que lanzó el Gobierno para tratar de sostener la economía durante lo peor de la Covid fue una línea de avales públicos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un montante de 140.000 millones de euros. Con ellos se trataba de que las empresas y autónomos más afectados por la pandemia pudieran hacer frente a sus problemas financieros, especialmente la falta de liquidez. Ahora, con los datos en la mano, se sabe que una de cada cuatro empresas que solicitaron los avales se dedicaban al comercio. La hostelería (14% de las peticiones), la industria manufacturera (12,5%) o la construcción (10,8%) tuvieron también un peso destacado.

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