El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva ley de servicios sociales, el embrión de la que será la primera norma estatal sobre esta materia en la democracia. Las competencias seguirán, como hasta ahora, en manos de las comunidades autónomas, pero la ley servirá para establecer un marco común de servicios y, también, unos preceptos mínimos que todas las autonomías deberán cumplir: entre ellos, estarán obligadas a prestar los servicios sociales que se definan como esenciales a todos los ciudadanos, sin importar el tiempo que estos lleven empadronados.

Lo aprobado este martes es solo un primer paso, ya que el anteproyecto de ley debe pasar dentro de unas semanas de nuevo por el Consejo de Ministros y, posteriormente, afrontar su tramitación parlamentaria en el Congreso. Una vez reciba la luz verde del poder legislativo, además, las comunidades y el Ministerio de Derechos Sociales deberán pactar qué servicios sociales se consideran como esenciales, lo cual servirá precisamente para definir el catálogo de prestaciones que todas las autonomías estarán obligadas a garantizar y que no podrán negar a ningún ciudadano.

El texto aprobado este martes, no obstante, ya da algunas claves sobre el enfoque de una norma que, según señala su exposición de motivos, busca "modernizar los servicios" y establecer "un suelo mínimo común de atención en todo el territorio y un sistema común de información". Precisamente para ello se elimina el requisito de que haya un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia para acceder a un servicio o prestación básica, lo cual puede beneficiar a ciudadanos emigrados de otras comunidades autónomas y también a extranjeros que comiencen a residir en España.

El Gobierno aprueba la primera ley estatal sobre servicios sociales que fija unos mínimos comunes en todo el país

Con respecto a este segundo supuesto, la norma establece que "son titulares de los derechos contenidos en esta ley todas las personas con residencia efectiva en el Estado español, sin distinción o exclusión alguna". Y es aún más clara al garantizar la prestación universal de todos los servicios de comunidades y Gobierno central pacten como fundamentales, ya que señala que "las personas extranjeras, cualquiera que sea su situación administrativa, accederán a los servicios y prestaciones básicos incluidos en el catálogo común de prestaciones y servicios esenciales".

Derecho a la movilidad

Aunque no podrán fijar un tiempo mínimo de empadronamiento como requisito para prestar sus servicios sociales, las comunidades sí seguirán estando facultadas para exigir que se censen en su territorio quienes quieran acceder a estas prestaciones. Eso, no obstante, no será óbice para que se instaure otra de las novedades de la nueva ley: el reconocimiento del derecho a seguir siendo beneficiarios de los servicios sociales a las personas que pasen temporadas fuera de su comunidad autónoma en otro lugar dentro del territorio español.

El modelo será similar al de la sanidad pública, a la cual todos los ciudadanos tienen derecho en cualquier punto del Estado aunque no estén empadronados en esa comunidad. Por ejemplo: si una persona que sea beneficiaria en su autonomía de servicios de dependencia decide pasar los veranos en su casa de verano ubicada en un pueblo de otra comunidad, la ley establecerá que esta segunda administración tendrá que hacerse cargo de su prestación durante esos meses.

El objetivo del Ministerio de Derechos Sociales con esta iniciativa es, según aseguran fuentes del departamento que lidera Ione Belarra, orientar el sistema de los servicios sociales hacia una atención "más personalizada, más integral e inclusiva" y reducir así las barreras que persisten en el acceso a la protección social. "Se trata de sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, un camino que algunas legislaciones autonómicas han emprendido, alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia", subraya el Ministerio.