El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la primera ley estatal sobre Servicios Sociales de la democracia española. El anteproyecto, ratificado a petición del Ministerio de Derechos Sociales, aspira a garantizar una protección básica en todo el país a través de un catálogo de servicios y prestaciones mínimas acordado entre las comunidades autónomas, reducir las "barreras" de acceso y posibilitar la movilidad social. 

La iniciativa, que más allá de ser una reivindicación histórica del sistema público de servicios sociales, es también un compromiso del acuerdo de coalición del Gobierno, todavía deberá recibir un segundo visto bueno del Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. 

Según informan desde el departamento dirigido por Ione Belarra, la norma pretende ser un "balón de oxígeno" tras los "durísimos" recortes producidos tras la crisis económica, entre 2012 y 2013, y las "posteriores privatizaciones del sistema en muchas comunidades autónomas". Así, sostiene Derechos Sociales que se trata de una ley que viene a consolidar la "modernización" de los servicios sociales, ya iniciada con una inversión de 875 millones de euros de los fondos europeos entre 2021 y 2023. 

"Los servicios sociales son un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar que acompaña a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas", ha subrayado Belarra durante la rueda posterior al Consejo de Ministros. "Cuando un niño vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a tener dificultades para vivir sola y necesita la teleasistencia o cuando una familia pierde el único sueldo que entraba en casa y tiene que solicitar el Ingreso Mínimo Vital", ha añadido. 

"Suelo de protección"

Una de las claves de la nueva ley, a la que ha tenido acceso 20minutos, es que establecerá un "suelo de protección" para los servicios sociales, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las autonomías acuerden un "catálogo común" en todo el territorio estatal, en el seno de la Conferencia Sectorial, para atajar las diferencias que existen actualmente en la oferta de servicios y prestaciones que se ofrecen en una comunidad respecto a otra.

Además, también en estos encuentros se fijarán los estándares mínimos de calidad que deben mantenerse, incluyéndose aquí las ratios de profesionales. Todo ello con vistas a "fomentar la igualdad" en todo el país, "respetando siempre las competencias exclusivas autonómicas".

Movilidad territorial y atención personalizada

Una de las grandes novedades del anteproyecto es que, como ya se hace en el ámbito de la Sanidad, se establece la posibilidad de movilidad territorial, para evitar la "exclusión" que -destaca el Ministerio- se produce actualmente en el acceso a algunas prestaciones a la hora de trasladarse de un lugar a otro del país. 

Además, el objetivo del departamento de Belarra con esta iniciativa es orientar el sistema de los servicios sociales hacia una atención "más personalizada, más integral e inclusiva", y reducir así las barreras que persisten en el acceso a la protección social. "Se trata de sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, un camino que algunas legislaciones autonómicas han emprendido,  alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia", subraya el Ministerio de Derechos Sociales.

Reducir la burocracia

De este modo, se busca "modernizar los servicios" y "reducir las cargas burocráticas", estableciendo también un plazo para crear una ley específica "para las ayudas económicas de emergencia social", como pueden ser las que se ofrecen para pagar la luz, la ropa de los hijos o la comida. "Si las necesidades son urgentes, las medidas deben serlo también", ha subrayado Belarra. En ese sentido, se elimina el requisito de que haya un tiempo mínimo de empadronamiento o residencia para acceder a un servicio o prestación básica.

Por último, se reconocen los servicios sociales como esenciales (como ya se hizo de forma extraordinaria durante la pandemia) y elevará la tasa de reposición de los trabajadores que aprueban las administraciones para este tipo de colectivos, así como aumentar las ratios profesionales por usuario