Enfado en el PSOE por las críticas emitidas por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a cuenta de la supresión de la sedición y la reforma de la malversación. La vicesecretaria de la formación, María Jesús Montero, ha afeado al magistrado los comentarios realizados por la modificación del Código Penal en el auto en el que retiró la acusación de sedición a Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat, y le ha pedido no entrar en la "legitimidad" de la política para desarrollar la legislación conforme a los valores defendidos.

"Pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad", ha defendido la también ministra de Hacienda desde la sala de prensa de Ferraz, sede en la que este viernes se ha celebrado una reunión entre la ejecutiva federal y casi todos los ministros del ala socialista del Gobierno para engrasar la relación entre el Ejecutivo y la formación. En este sentido, ha instado al juez -sin mencionarle- que "la Justicia tiene que administrar justicia y los políticos, legislar" conforme a sus valores. En este caso, "el impulso a la convivencia". "Es coherente", ha apuntado.

El 'varapalo' de Llarena a la reforma penal del Ejecutivo pactada con ERC llegó ayer en un auto de 71 páginas en el que le retiró la acusación de sedición a Puigdemont, aunque mantiene la de los delitos de malversación -que fija penas de 4 a 12 años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación- y desobediencia -que no contempla cárcel, pero sí inhabilitación de 6 meses a 2 años-. En el documento, el magistrado critica tanto la decisión de derogar el delito de sedición como el argumento que se ha dado desde el Gobierno acerca de que se trata de un delito que no encontraba homologación en Europa. Llarena discrepa de esta justificación y recuerda que el Supremo ya advirtió al Ejecutivo, en su informe sobre los indultos, el "carácter delictivo incuestionable" de los hechos de 2017 "en todos los países de nuestro entorno, como lo es la relevancia de las penas previstas para comportamientos de esa naturaleza".

El Gobierno tilda de "lógica" la decisión de Llarena de retirar la acusación de sedición a Puigdemont

Así, menciona los delitos de alta traición en Alemania, los ataques a los intereses fundamentales de la nación en Francia, los ataques violentos contra la independencia y la unidad del Estado en Italia o el atentado contra la forma de gobierno en Bélgica. "Consecuentemente nuestra previsión legislativa, hasta hoy, era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado, sin que pueda argumentarse que existe una discordancia punitiva entre España y otros países esgrimiendo la falta de colaboración de algún país a la entrega de los encausados fugados", afirma.

"Ojalá" vuelva Puigdemont

Con todo, Montero también ha asegurado que el auto "pone de manifiesto que el PP ha mentido desde el primer día". "Decían que esto [la reforma] iba a poner una alfombra roja a Puigdemont, pero pone de manifiesto lo contrario y se le reclama ante la Justicia", ha apuntado. Preguntados por si sería un problema que el expresident volviera a España en 2023, año con dos citas electorales que redefinirán el poder territorial, fuentes socialistas lo niegan. Es más, aseguran que "ojalá", porque sería un potente mensaje que tuviera que dar explicaciones por los hechos ocurridos en 2017, cuando terminó huyendo a Bélgica.