El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ve "lógico" que los abogados de los condenados por el procés pidan su absolución al Tribunal Supremo cuando este jueves entre en vigor la reforma del Código Penal que elimina el delito de sedición por el que fueron condenados y rebaja penas por malversación. Así, ha recordado le corresponderá a la Sala Segunda revisar la condena de inhabilitación, que es la que sigue en vigor porque la de prisión ya fue indultada.

En una entrevista en TVE, el ministro ha asegurado que las peticiones que han adelantado los abogados de los condenados se corresponden con el funcionamiento "absolutamente normal" después de una reforma del Código Penal por la que se ha modificado la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año 2017 en Cataluña.

Tal y como ha informado El País, los líderes independentistas condenados por el procés pedirán próximamente al Supremo que dicte una nueva sentencia absolutoria que extinga del todo su responsabilidad penal y que suprima, también, las penas de inhabilitación que les fueron impuestas en octubre de 2019.

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"Ahora son unos hechos y tipología diferente y, por tanto, lo que procede es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión ya fue indultada", ha apuntado Bolaños, en referencia a la entrada en vigor del nuevo Código Penal pactado entre el PSOE y ERC.

No obstante, el ministro ha hecho hincapié en que las nuevas penas de la ley que entra en vigor el jueves son superiores a la inhabilitación que tienen en este momento los dirigentes independentistas condenados porque el Código Penal ahora establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación".

A renglón seguido, el ministro ha apuntado que es competencia del Supremo decidir si procede reducir la pena respecto al Código Penal anterior en materia de inhabilitación o si, por el contrario, corresponde la aplicación de la disposición transitoria mantener los 13 años que están dentro del umbral de las penas que se han establecido. A partir de ahí, ha señalado el ministro, las partes defenderán a sus clientes y los jueces deberán aplicar la ley.

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Con todo, ha puesto en valor que las penas ahora están "homologadas" al entorno europeo y que así "no hay excusa" para no entregar a los líderes independentistas huidos como el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien ha evitado la extradición desde que salió de España tras la declaración unilateral de independencia. "Me parece que aplicar una ley que nos homogeneiza es una manera de que funcionen las instituciones con total normalidad", ha añadido Bolaños.