El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha elevado este martes el tono frente al Gobierno central para salvar el trasvase Tajo-Segura y, además, ha mostrado su "rechazo frontal" al incremento por parte del Ministerio de Transición Ecológica del precio del agua desalada que usan los regantes del sur de Alicante, una decisión que ha tildado de "absolutamente inaceptable". En un escrito remitido a la presidenta del Consejo de Estado, Puig solicita a Magdalena Valerio conocer de primera mano el proyecto de real decreto sobre el plan hidrológico para poder alegar. Por su parte, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha cargado contra el jefe del Consell, a quien acusa de no tener "autoridad moral" para hablar del trasvase y ha denunciado el "engaño del agua para siempre". Según ha afirmado, "el dúo Sánchez y Puig está laminando el agua que necesita merecida y justamente la Comunitat".

La Generalitat sospecha que el proyecto normativo remitido al Consejo de Estado, que fue aprobado por el Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre, no incluye un punto de aquel acuerdo (la disposición adicional novena) esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Por ello, pide respetar los acuerdos alcanzados y exige que se mantenga "en los mismos términos" aquello que se pactó en su día. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo valenciano emprenderá "todas las acciones que estén a su alcance" para defender la continuidad del trasvase y apoyar las "justas demandas" de los regantes del sur de la provincia de Alicante.

El president ha reivindicado que el acuerdo que se alcanzó en ese Consejo Nacional del Agua era "razonable", pues simplemente exigían que en 2025 se pudiera actualizar la decisión sobre el trasvase en función del estado del Tajo. Además, ha insistido en que ese acuerdo "no tiene nada que ver con ningún tipo de patrioterismo del agua ni enfrentamiento del agua", sino que se trata de actuar de forma "racional" para garantizar miles de puestos de trabajo en Alicante y la zona mediterránea.

Desde la cuenta cedente, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha (también gobernada por el PSOE), José Luis Escudero, ha confirmado que el borrador remitido por el Ejecutivo central al Consejo de Estado refleja lo que "el Gobierno regional pretendía, que haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico". Para el consejero, esto significa, a su vez, que en los próximos cinco años se estará hablando de un plan que recogerá un incremento de hasta 8,65 metros cúbicos en los caudales ecológicos, lo que blindará el agua en los pantanos de cabecera del Tajo y dificultará el trasvase al Segura.

Puig también ha criticado la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, con la que se gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que se concedía al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

"Llevamos 22 recortes del trasvase Tajo-Segura injustificados, sin ningún informe técnico que lo avale, y un informe en el Consejo de Estado con un gravísimo recorte, donde Puig se ha abstenido, se ha callado. No tiene ni autoridad moral, ni de certeza, ni política para hablar de trasvase. La ha perdido porque sigue queriendo engañarnos", ha asegurado el líder del PPCV, Carlos Mazón.

Los embalses del Júcar, más llenos

La cuenca del Júcar ha empezado el año con un ascenso de 12 hectómetros cúbicos, de forma que los embalses almacenan 1.624 hm3 y alcanzan el 57,1% de su capacidad, mientras los del Segura se mantienen en el 33,9%.