Viajar en tren se ha convertido en un lujo tan solo asequible para gentes con tanto dinero como tiempo para gastarlo. Mi experiencia estas fiestas resultó terrorífica. Para viajar de Madrid a Burgos apenas hay opciones, pocas y caras. 54 euros en tren frente a 20 euros en bus y 16 en BlaBlaCar. Para luego llegar a una desolada estación de ferrocarril levantada donde Cristo perdió los clavos, en la que hace un frío de mil demonios y donde por no haber no hay ni una triste cafetería. Y menos mal que no tengo que viajar a Extremadura o a Almería, porque ir allí en tren sigue siendo un acto de valentía aventurera digna de Lawrence de Arabia.

Todo lo contrario ocurre en Francia, Países Bajos o Alemania. Allí el tren es un medio rápido y seguro, muy popular en los desplazamientos. Así que no salgo de mi asombro. Adif es una empresa pública del Ministerio de Transportes, propietaria de la infraestructura del ferrocarril y encargada de su gestión, al igual que Renfe, propietaria de los trenes y encargada de su circulación. Sigo sin entender cómo el único transporte nacional gestionado por el Estado es más caro e ineficiente que el promovido por empresas privadas, cuando la lógica te dice que debería ser al revés.

En sus viajes, mis hijos ya ni se plantean coger el tren. A este paso, sus futuros hijos les acabarán preguntando qué es eso del tren Thomas que sale en los dibujos animados. Nos estamos cargando un servicio esencial de transporte, ecológico y sostenible, pieza fundamental en la lucha contra la crisis ambiental. Mientras no logremos convertirlo en el transporte más popular, barato y fiable, tanto para pasajeros como para mercancías, lo de "papá, ven en tren" será tan solo una venganza infantil.