La batalla por forzar la renovación del Tribunal Constitucional (TC) por la vía recurrida por el Partido Popular no ha terminado, pese a que la corte de garantías admitió a trámite el recurso y suspendió cautelarmente la tramitación de la reforma en el Senado el lunes. La Cámara Alta presentó el martes un escrito contra la paralización del trámite de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio TC. Su objetivo es que el Constitucional levante las medidas cautelarísimas antes de este jueves, cuando los senadores votarán la ley en la que se incluía la reforma recurrida. Para resolver la impugnación, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, convocó un Pleno extraordinario que empezó a las siete de esta tarde.

Tras recibir el escrito del Senado, el TC dio traslado a las partes -Congreso, PP, PSOE y Unidas Podemos- así como a la Fiscalía para que alegaran lo que correspondiese. La formación morada presentó dos escritos en los que se suma al recurso de la Cámara Alta y pedía, una vez más, apartar al presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, y a Antonio Narváez del examen del recurso. El Ministerio Público se pronunció después apoyando esas recusaciones.

El Congreso de los Diputados, por su parte, se ha adherido al recurso del Senado y ha Mandado otro escrito en el que defiende que "La suspensión no sería posible su ocasiona perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido". Esto es lo que está pasando, según esgrime la Cámara Baja: "La suspensión ha ocasionado la mayor de las perturbaciones posibles que se puedan imaginar no solo a un interés constitucionalmente protegido, sino todavía más grave, a una función del Estado".

Una impugnación que, según la propia Presidencia del Senado, "probablemente no será admitida" y "se hace bajo una grave indefensión, el desconocimiento pleno de los motivos que ha llevado al TC ha adoptar esta grave medida". Este es, de facto, el primer argumento del Senado: el TC suspendió la tramitación parlamentaria de una parte de la proposición de ley pero no comunicó a la Cámara Alta los motivos de "esta grave medida". 

El texto, al que tuvo acceso 20minutos, alega también que el tribunal debería haber adoptado su decisión "en el momento en que la proposición de ley orgánica se hallaba en tramitación en el Congreso de los Diputados". Las medidas cautelarísimas adoptadas por el TC responden a una "urgencia excepcional", lo que, según señala la impugnación, implica que la medida se debería haber decretado "antes de la votación por el Pleno del Congreso de los Diputados" la semana pasada. 

Dicha votación, continúa alegando la Cámara Alta, "debe considerarse firme", con lo que la "hipotética vulneración del derecho fundamental" que alega el PP "no tiene posibilidad de reparación inmediata", un requisito imprescindible para la adopción de las medidas cautelarísimas. 

El cuarto argumento que esgrime el Senado es que la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional "ocasiona una perturbación de la máxima gravedad a un interés constitucionalmente protegido, como es el consistente en que el Poder Legislativo [...] pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas".

Según la Cámara, la suspensión ocasiona una segunda perturbación: afecta a los derechos de todos los senadores a ejercer su cargo parlamentario. Una situación que además no tiene precedentes, apunta el Senado en su impugnación. 

El texto concluye denunciando otras dos circunstancias. La primera es que "al considerar que procede la suspensión, el tribunal está anticipando su decisión sobre el amparo solicitado". Lo que defiende la Cámara Alta con este argumento es que, para adoptar las medidas cautelares, el Tribunal Constitucional debió considerar que la tramitación de las enmiendas producía "un perjuicio irreparable". Por tanto, el Constitucional deberá considerar que el amparo debe ser concedido. 

Para finalizar, el texto concluye que "la posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo para perturbar el ejercicio de la función legislativa es un motivo más para levantar la suspensión". Según la Cámara, la suspensión podría dejar un precedente que dé pie a considerar el uso de recursos de amparo para frenar tramitaciones legales. 

Unidas Podemos se suma al recurso del Senado

Unidas Podemos se ha adherido a la impugnación de la Cámara Alta, que se estudiará este miércoles por la tarde en la corte de garantías, y ha solicitado que el presidente Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, ambos en funciones, no participen en la deliberación sobre el recurso ni sobre su propia recusación. 

La formación no ha pedido la recusación de Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares, también en funciones. Si González-Trevijano y Narváez se retiraran de la votación cambiaría el equilibrio de fuerzas en el Constitucional, que pasaría de estar compuesto por seis conservadores y cinco progresistas a componerse de cinco progresistas y cuatro conservadores.