Bruselas mantiene una posición de distancia pero al mismo tiempo de vigilancia sobre lo que está pasando en España en los últimos días y, sobre todo, en las últimas horas. La Comisión Europea por lo pronto ha defendido el papel del Tribunal Constitucional tras frenar este la reforma del Gobierno para renovarlo y al mismo tiempo avisa a Pedro Sánchez: "Las reformas de calado requieren consultas previas con todas las partes implicadas". Esto es, contando con el posicionamiento de la oposición. Y es que por ahí va el argumento del PP. El proceso lanzado por el Ejecutivo vulnera a la minoría parlamentaria que los populares lideran. En este sentido, recuerda la Comisión, "existen estándares europeos para las reformas judiciales importantes".

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, estuvo hace unos meses en España y volvió a Bruselas igual que había venido: sin compromiso claro del Gobierno y de la oposición para reformar el Consejo General del Poder Judicial -del que no forma parte el Constitucional- y acabar con el bloqueo. Ahora con la cuestión del TC la Comisión avisa de que "todos los actores tienen que seguir los cauces adecuados" para cualquier cambio que se quiera realizar. Si España se sale de ese camino el Ejecutivo comunitario tiene mecanismos de sobra para encender las alarmas, como ya ha sucedido con Hungría y con Polonia.

El portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, aseguró en rueda de prensa que Bruselas "sigue con atención" todos los acontecimientos y la preocupación existe sobre todo porque hay precedentes de una influencia excesiva -e incluso total- del poder Ejecutivo sobre el poder Judicial. A Varsovia de hecho ya le ha generado muchos rompederos de cabeza en los últimos años. España no está todavía cerca de ese punto, pero la deriva tiene que corregirse, tal como avisa la Comisión.

Feijóo exige a Sánchez que rebaje la "escalada verbal" y avisa de que solo volverá a negociar si retira sus polémicas reformas

"Mientras se trate de un proyecto de Ley no hacemos comentarios de procesos en curso", insistió la Comisión. No obstante, son varios ya los años en los que la UE pide a España que renueve el CGPJ. Es una urgencia, tal como se ha recogido en los últimos informes sobre estado de derecho que elabora el Ejecutivo liderado por Ursula von der Leyen. En este caso particular fuentes comunitarias inciden en que le corresponde al Tribunal Constitucional despejar cualquier "duda o queja" incluso sobre su propio proceso de reforma.

"Nuestra posición es clara y estable", apuntó además la Comisión precisamente sobre la (no) reforma del CGPJ, que ha supuesto uno de los grandes y tantos choques entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular. Las voces comunitarias sobre esto se escuchan bien nítidas: reclaman a España una renovación urgente del órgano de gobierno de los jueces y que, inmediatamente después, se emprenda una reforma del sistema de elección para que una mayoría de los vocales sean elegidos por sus jueces, en línea con los estándares que recomienda Bruselas y el Consejo de Europa.

"En el contexto de la renovación, se ha pedido que se modifique el proceso de nombramiento de sus miembros para que sean elegidos por sus pares", recoge el informe sobre estado de derecho para España correspondiente a este mismo año. Se han reiterado los llamamientos de las partes interesadas para que se modifique el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo de la Justicia -en referencia al CGPJ-, de acuerdo con las normas europeas, para que no menos de la mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares", sentencian.