La deuda pública española se estancó en el tercer trimestre del año en el 116,1% del PIB tras reducirse apenas una décima en comparación con el trimestre anterior. Por tanto, se mantiene todavía 18 puntos porcentuales por encima del nivel registrado antes de que llegara la pandemia. Así lo refleja el Banco de España, que ha publicado este miércoles los datos del pasivo de las administraciones públicas españolas hasta septiembre. La cifra bruta de deuda hasta septiembre (1,504 billones de euros) ya se difundió a mediados del mes pasado, pero ahora el supervisor bancario agrega al cálculo el PIB registrado hasta el tercer trimestre. Esta forma de estimar la deuda, comparándola con el PIB, es la referencia que emplean la mayoría de organismos internacionales para medir la deuda, entre ellos la Unión Europea en sus reglas fiscales.

El dato conocido este miércoles sitúa de nuevo a España como el cuarto país con más deuda pública de toda la UE. Solo Grecia (182% de deuda sobre el PIB), Italia (150%) y Portugal (123%) superan a España y apenas hay dos países más en los que el volumen de deuda supere el PIB. Es el caso de Francia (113%) y Bélgica (108%).

Tras esta reducción de una décima respecto al trimestre anterior, más simbólica que otra cosa, España encadena ya seis meses consecutivos con bajadas de la deuda sobre el PIB. Un alivio de 10 puntos porcentuales después de que la deuda tocara techo en el primer trimestre de 2021 -aún con fuertes restricciones pandémicas y una vacunación todavía incipiente- cuando alcanzó el 125,7%.

Esta reducción se ha producido fundamentalmente por la recuperación económica. El PIB creció un 5,5% en 2021 y va camino de repuntar algo más del 4% también este año. Esto ha provocado, mecánicamente, que la cifra se haya reducido, pues el denominador de la ecuación es ahora mayor. Sin embargo, la deuda bruta no solo no ha bajado en este tiempo, sino que ha seguido subiendo. En concreto, el pasivo nacional aumentó en 110.981 millones entre marzo de 2021 y septiembre de este año. Y las proyecciones fiscales del Gobierno apuntan a que seguirá incrementándose en los próximos años. 

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A las puertas de volver al rigor fiscal

El Gobierno se ha propuesto cerrar 2022 con una deuda de alrededor del 115,2% del PIB y reducir el pasivo hasta el 108% de la producción nacional en 2025. Para lograrlo, prevé recortar el déficit público en los próximos años hasta llevarlo por debajo del 3%, el máximo que permitía la UE hasta que las reglas fiscales quedaron paralizadas en 2020.

Sin embargo, el escenario actual es de todo menos propicio para empezar a cuadrar las cuentas. El año que viene se celebrarán elecciones autonómicas y generales, en un contexto en el que la inflación seguirá siendo alta pese a que se reducirá y en el que todo apunta a que la UE seguirá con una guerra a las puertas de sus fronteras. El Gobierno ya cuenta con que prorrogará buena parte de las medidas del plan de choque contra la inflación también el año que viene y no descarta introducir otras nuevas. 

Sin embargo, organismos como la Airef -el vigilante fiscal español- o el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclaman al Ejecutivo que sea más ambicioso en su hoja de ruta para reducir deuda. La autoridad fiscal señala que las finanzas públicas están en una posición de "gran vulnerabilidad" y habla de la necesidad de un "ajuste estructural sostenido" solo para lograr estabilizar la deuda. El FMI va más allá y reclama a España un ajuste de entre 3.000 y 6.000 millones ya el año que viene, que recomienda ampliar a 7.200 a partir de 2024. 

Además, conviene tener en cuenta que, previsiblemente, las reglas fiscales de la UE volverán a estar en vigor en 2024. Y estas exigen que los Estados mantengan un nivel de deuda como máximo del 60% del PIB y un déficit del 3%. Una condición, sobre todo la primera, que no parece alcanzable para la mayoría de los Estados miembros al menos en el corto plazo. 

El año que viene será un ejercicio clave. En él se deberá plantear la planificación fiscal de cara a un 2024 en el que todo apunta a que volverá el rigor fiscal. Sin embargo, la perspectiva de sacar adelante unos presupuestos generales en plena campaña electoral se antoja una quimera. 

Además, España afronta una serie de retos importantes a largo plazo para sus finanzas públicas. Como la mayoría de países europeos, está inmersa en los primeros estadios de un proceso de envejecimiento de la población que vendrá aparejado de mayor gasto sanitario y en pensiones. Unos desafíos que afronta con poco margen fiscal por lo abultado de la deuda y en un contexto en los costes de emitir deuda están aumentando a media que suben los tipos de interés oficiales.