La sección primera de la Audiencia de Palma ha acordado devolver 201.174 euros a Iñaki Urdangarin y a la infanta Cristina por haber pagado de más por la responsabilidad civil en el marco de la sentencia del caso Nóos.

El letrado de la Administración de Justicia ha notificado una diligencia de ordenación en la que señala que el dinero en exceso debía imputarse a Urdangarin, a la infanta Cristina y al exsocio Diego Torres, a quienes les corresponden 132.695, 68.479 y 32.112 euros, respectivamente, como han avanzado los diarios Última Hora y El Mundo.

Las cantidades que se deben reintegrar vienen de un dinero que cobró de más la Comunidad Autónoma, del total que le correspondía como víctima, y cuyo importe, ya reconocido y consignado por el gobierno autonómico, debe ser devuelto a Urdangarin, Torres y la infanta Cristina.

Pagos al Govern

El Govern balear recibió 852.287 euros en total, la mitad abonados por Urdangarin y la infanta Cristina, y otro tanto pagados por el expresidente del Govern balear Jaume Matas y el exsocio de Urdangarin, Diego Torres. El ejecutivo autonómico debía recibir 619.000 euros por los delitos de malversación y fraude, tal como fijó la Audiencia de Palma y el Tribunal Supremo en sus sentencias.

Urdangarin hizo dos pagos de 233.000 euros en 2017 y, uno de ellos se anotó erróneamente a Matas, quien pagó en 2018 los 201.175 euros que le correspondían por el caso Nóos. Faltaba Diego Torres, que liquidó su cuenta en febrero de 2019 al pagar otros 233.287 euros, de manera que sobra el equivalente a esta última cantidad.

El abogado del antiguo duque de Palma sostuvo que el dinero le correspondía a él y que la infanta no debía percibir cantidad alguna, al ser responsable a título lucrativo, mientras que la representación de doña Cristina registró un escrito en el que solicitaba la devolución del dinero en su cuenta.

El letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia de Palma, tras detectar el descuadre en la ejecución de la sentencia, inició los trámites para pedir ese dinero restante al Govern y repartirlo entre los encausados.