Las fiestas se conocen por sus vísperas, pero la noticiabilidad de la fiesta nacional del 12 de octubre o del aniversario de la Constitución, que acabamos de celebrar, resulta ser directamente proporcional a la calidad y número de los ausentes, cuyo significado ponderan los medios de comunicación y los analistas teniendo en cuenta el convocante, el lugar de la convocatoria —Palacio Real, Congreso de los Diputados, Senado, Tribuna de invitados del desfile militar— así como dónde radican y ejercen autoridad aquellos que han rehusado la invitación, la hayan recibido del Rey, del Presidente del Gobierno, de la presidencia del Congreso o de la del Senado. Esta forma de medir el acontecimiento, sin otro baremo que el de los ausentes que exhiben de modo ostentóreo su desaire para evitar que pudiera evaluarse de irrelevante escaqueo, privando al gesto de la capacidad ofensiva que puntúa como mérito político en la Comunidad Autónoma de procedencia y en el partido donde están encuadrados, se aplicaba también a las Cumbres Iberoamericanas, de las que muchas veces sólo trascendía como noticia si Fidel Castro y algún otro jefe de Estado habían participado de forma presencial o, por el contrario, habían declinado acudir. Los debates, los acuerdos, las declaraciones, los compromisos de la Cumbre, cualquiera que fuera su importancia, quedaban sumidos en la oscuridad, fuera del circuito noticioso.

En esa línea lo más noticioso del martes día 6 ha sido la ausencia de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición –Esquerra Republicana (ERC), el PNV y EH-Bildu–, así como de los representantes de Junts, de PDeCaT, de CUP, de Compromís o de Bloque Nacionalista Galego (BNG), que gozan del amparo de la Constitución sin dejar de socavarla cada día. De los coaligados que se sientan en el Gobierno se pudo ver a las ministras Ione Belarra e Irene Montero. La segunda muy contenta con su Ley y muy disgustada con jueces y magistrados a los que desde la barrera del banco azul descalifica en bloque llamándoles fascistas y machistas por aplicar a los violadores condenados en sentencia firme los beneficios inesquivables que, tras su entrada en vigor, se derivan. El susurro creciente es que se procederá a reformar el texto legal, pero sépase que la reforma sólo afectará a los reos que sean condenados de aquí en adelante, mientras que seguirán saliendo de las prisiones los sentenciados con anterioridad y el goteo escandalizará aún más cuando incida en casos que conmovieron al público como los de las manadas. Si pasáramos lista a las Comunidades Autónomas observaríamos que las de obediencia pepera se presentaron todas: Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia, Castilla y León, mientras que de las abanderadas por los socialistas alojados en Moncloa se echó en falta a Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Baleares y Aragón, si no fallan las cuentas.

Estamos ante otro juego de manos, como si la malversación fuera como el colesterol, que lo hay del bueno y del malo

La escenografía descuidada, sin adornos florales; la bandera descolocada, sin rastro de público mantenido a larga distancia; los gritos de hostilidad al Gobierno y de dimisión a Sánchez, apenas audibles; y la plaza vaciada contribuyeron a desambientar un discurso en verdad elíptico de la presidenta, sin punto de tangencia alguno con las abruptas realidades del momento presente. Luego, entrando por la puerta de los leones se agradecía la calidez de las alfombras y la oferta de canapés y bebidas, a las que no prestaron atención los chicos de la prensa agolpados en círculos concéntricos alrededor de Sánchez y de otras figuras del espectáculo. Interesante que en una de sus respuestas el Presidente sostuviera que la reforma del tipo penal de la malversación se hará sin que afecte -entiéndase, beneficie- a la corrupción. Es decir, que estamos ante otro juego de manos, como si la malversación fuera como el colesterol, que lo hay del bueno -el que deja inmunes a los compañeros del propio partido- y del malo -en el que incurren los del partido contrario quedando descalificados-.

Hace cuarenta y cuatro años, aquel miércoles 6 de diciembre del año 1978, todos los españoles fueron llamados a los colegios electorales para responder la pregunta de la papeleta de votación que decía “¿Aprueba el proyecto de Constitución?”. Por la noche, al concluir el escrutinio, se supo que el 91,81% de los 17 millones de españoles que pasaron por las urnas había contestado a favor. Ahora sabemos también, como escribió Julio Cerón que “la ley de la gravedad no es nada en comparación con lo que nos espera”. Atentos.