La entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, ha desembocado ya en al menos 36 rebajas de condena a delincuentes sexuales desde el pasado 7 de noviembre. La mayoría ha tenido lugar en Madrid, donde se han registrado 20 casos, de los cuales siete han supuesto decretos de excarcelación, según confirmó la Audiencia Provincial el viernes a través de un comunicado en el que se advertía de 447 casos susceptibles de revisión. Concretamente, en toda España se han producido 32 revisiones a la baja (de las cuales diez han supuesto la excarcelación) y cuatro sentencias posteriores en aplicación de la norma.
Aparte de los ya citados casos en Madrid, en Galicia, Baleares y Castilla y León se han confirmado dos rebajas de condena cada uno. En Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Canarias y Asturias se han registrado las nueve rebajas restantes, una por cada tribunal. Algunas de las rebajas de penas han sido de hasta cinco años, según informaciones de Europa Press.
El goteo continuo de reducciones de condenas que viene produciéndose desde que se publicó la ley ha provocado una gran polémica y ha desatado una discusión jurídica, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte jurisprudencia y determine si los distintos tribunales del país deben continuar rebajando algunas penas atendiendo al principio de derecho favorable al reo.
La ley del 'solo sí es sí' ha provocado un debate intenso dividido en dos interpretaciones jurídicas. La primera, de la que son partidarias algunas audiencias provinciales y así se han pronunciado ya, establece que se debe seguir el artículo 2.2 del Código Penal. Según esta norma, "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo". Se da la circunstancia que la ley de Montero, al aglutinar en uno solo varios tipos penales (abuso sexual y agresión sexual), amplía la horquilla de penas previstas por ese delito.
Previamente a la entrada en vigor de la ley y en caso de no haber penetración, las penas por abuso sexual iban de uno a tres años y las penas por agresión iban de uno a cinco años. Ahora que ambos delitos se han unido en uno solo, las penas por agresión sin penetración van de uno a cuatro años.
En los casos que incluyen penetración, el abuso sexual se penaba antes con entre cuatro y diez años de cárcel. La agresión sexual, que suponía penas de entre seis y quince años, se une ahora al abuso y pasa a estar penada con entre cuatro y quince años de prisión.
Según el artículo 2.2 del Código Penal, un condenado por la pena mínima del delito de agresión sexual con penetración merece una rebaja de dicha pena, ya que la mínima ha bajado de los seis a los cuatro años.
Sin embargo, hay una interpretación diferente según la cual prima la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal. Esta dicta que no se puede rebajar la condena "cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal".
Según esta postura, que es la que defiende la Fiscalía General del Estado, un agresor condenado a seis años de cárcel no debería ver reducida su condena por estar contemplada en la horquilla de penas de la nueva legislación.
Reducciones de condena por toda España
La Audiencia Provincial de Cantabria ha rebajado la pena de un hombre que agredió a su mujer de cinco a dos años de prisión. En Santa Cruz de Tenerife, un hombre ha pasado de diez a nueve años de pena. En Murcia se ha rebajado la pena a un individuo que agredió a una mujer en 2020 y afronta una pena de tres años y un día de cárcel, en vez de cuatro años y seis meses.
En Baleares han sido excarcelados dos presos que cumplían una pena de tres años de prisión por dos agresiones sexuales sin penetración. En Galicia se ha rebajado un año una pena de tres años y seis meses de cárcel. Un hombre que violó en Cambre (Galicia) a una mujer que conoció a través de Tinder ha visto reducida en dos años su condena.
En Valladolid se ha rebajado una pena de 12 a 10 años. La Audiencia Provincial de Segovia ha ejecutado una rebaja de 12 a 9 años de cárcel para un hombre que violó a una menor de 16 años.
En Andalucía se ha rebajado otra pena de 13 años, seis meses y un día a 11 años y un día. Un hombre que violó a una mujer en Ciudad Real ha pasado de afrontar una condena de nueve años a una de ocho. En Asturias se ha decretado una rebaja idéntica.
Centenares de causas pendientes de revisión
Más allá de la Audiencia de Madrid, que está estudiando 176 causas y ha estimado que unas 447 son susceptibles de revisión, los tribunales de la Comunidad Valenciana han indicado que están revisando más de 100 sentencias por delitos contra la libertad sexual. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha recibido al menos 10 peticiones de revisión de condena.
En el marco de una riña política muy subida de tono, el decreto que la Fiscalía publicó el pasado lunes ha ayudado a respaldar la versión del Ejecutivo, que espera ahora a que llegue la jurisdicción del Tribunal Supremo. En el camino van conociéndose mas casos de rebajas de condena y excarcelaciones y se van escuchando más y más declaraciones escandalosas en las cámaras de representación parlamentaria.
La reacción inicial de Irene Montero y su cartera, descalificar al Poder Judicial acusándolo de "machista e incompetente", provocó la indignación de la derecha política, el total de la judicatura y buena parte de la opinión pública.
Sin embargo, la extrema derecha vino a reforzar al Gobierno a base de insultos. A Irene Montero se le ha llegado a decir esta semana que "su único mérito" ha sido "ser fecundada por el macho alfa" y que "lo único que ha estudiado a fondo es a Pablo Iglesias". Esto ha promovido un cierre de filas entre los distintos partidos de la izquierda, que han salido finalmente a defender a la ministra.
El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo apuesta por continuar con el desgaste a la ministra morada, que no acaba de reconocer ningún error a pesar de que a diario se dan a conocer nuevos casos de rebaja de penas.
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