El Gobierno da el primer paso para la supresión del delito de sedición y su sustitución por el tipo penal de desórdenes públicos agravados. Ha conseguido los apoyos necesarios esta noche, tras lograr que una mayoría del Congreso de los Diputados vote a favor de la toma en consideración de una de las iniciativas que han sido clave para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que han recibido la luz verde del Pleno horas antes. Unidas Podemos, el partido minoritario de la coalición, se ha comprometido a "ir más allá" respecto a otros delitos, aún con la duda en el aire sobre si esta reforma alcanzará también la malversación.

El debate parlamentario ha estado plagado de duelos a discreción. El PSOE contra el PP -y viceversa- y Unidas Podemos con Junts. Pero poco debate jurídico. Nada más subir a la tribuna, el diputado socialista Paco Aranda ha criticado a los populares por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que su "objetivo político" sea "atacar la legitimidad del Gobierno". 

"El PP no ofrece nada: solo cobardía política, una moderación de boquilla y comprarle a Vox su oferta para los españoles, que está marcada por el odio, la mentira y la manipulación", ha señalado Aranda, que ha recordado el referéndum ilegal celebrado en 2017 con un Gobierno del PP, al que ha acusado de "ser una máquina de crear independentistas".

Sobre la sedición, el diputado de los socialistas catalanes ha recordado los argumentos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Moncloa han repetido hasta la saciedad: desde que es una nueva redacción que se "homologa" a países de nuestro entorno hasta que "actualiza un redactado que respondía a una realidad decimonónica". El resto de razonamientos los ha explicado el portavoz de Unidas Podemos Jaume Asens, coproponente de la proposición, que ha tildado la sedición como "una anomalía preconstitucional" que "no se ajusta a los estándares de países de nuestro entorno" y ha defendido la "rebaja del rigor punitivo". Eso sí, Asens ha abierto la puerta a una reforma más amplia del Código Penal.

Eso sí, lo ha hecho cuando todavía existen dudas sobre cuán amplia será la supresión de la sedición. ERC, socio necesario del Ejecutivo, planteó también hacer una reforma "quirúrgica" del delito de malversación, por el que también fueron condenados algunos de sus líderes. Lo hizo el presidente catalán, Pere Aragonès, y desde el Gobierno no han cerrado la puerta en ningún momento. No lo ha hecho ni el presidente este mismo jueves, pues ha asegurado que "eso ahora corresponde a la tramitación parlamentaria". 

ERC no menciona la malversación

Sin embargo, esta posible modificación del tipo penal ha causado dudas a los dos partidos que conforman la coalición. Los socialistas dudan de su venta ante el electorado a meses de las elecciones, pues podría beneficiar a José Antonio Griñán, el expresidente andaluz condenado por el caso de los ERE. También en Unidas Podemos e, incluso, en ERC.

Las dudas republicanas se pueden entender también viendo lo que ha dicho en el debate su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. O lo que no ha dicho, porque en su intervención no ha mentado la malversación. Sí ha utilizado su turno para asegurar que la supresión de la sedición "no es una concesión ni a ERC ni al independentismo". "Ojalá lo fuera", ha añadido antes de declarar que es "una concesión a la democracia", a "su democracia", ha puntualizado, "para que dejen de hacer el ridículo en Europa", en referencia a las diferentes veces que tribunales europeos han rechazado extraditar a Carles Puigdemont, la cabeza visible del 1-O y expresident de Cataluña. 

"A la medida de los golpistas"

Por su parte, el Partido Popular ha disparado toda la artillería. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de reformar el Código Penal "al dictado de Oriol Junqueras y a la medida de los golpistas para mantenerse en la Moncloa". Y todo ello a cambio "de la igualdad de los españoles ante la ley" cuando, además "la derogación no es una demanda social sino un pago del Gobierno al independentismo". Una lluvia de críticas que siguen la misma estela que comenzó a dibujar el PP hace tres semanas, cuando Alberto Núñez Feijóo supo que el PSOE estudiaba reformar la sedición y puso fin a las negociaciones del CGPJ.

Gamarra ha tildado la iniciativa de "vergonzante". Incluso, ha atribuido este sentimiento al presidente del Gobierno, que si bien estuvo horas antes para la votación de Presupuestos, no se ha quedado para el debate de sedición: "Si es tan positiva, moderna, europea, ¿por qué ni tan siquiera viene el presidente del Gobierno?", ha preguntado. También ha arremetido contra la vía parlamentaria "tramposa y fraudulenta" porque "se utiliza el ardid de una proposición de ley. "¿Por qué se han ahorrado los elogios del CGPJ, el Consejo Fiscal y el de Estado?" ha ironizado, en referencia a las posibles críticas que habrían llegado de esos organismos si se les hubiera consultado la reforma.

Así, la popular ha defendido que "el 155 no es suficiente" y apela al "necesario el reproche penal y no la impunidad". Para la portavoz, también es necesario "situar a los políticos que no estén por encima de la ley como los sitúa esta derogación, que es reescribir la sentencia ya dictada por el Tribunal Supremo a través de la modificación del Código Penal". Por todo ello, Gamarra advierte de que tendrá consecuencias en las próximas elecciones. "No tengan ninguna duda que los españoles no van a olvidar esta entrega".

Y para aquellos grupos, como PSOE o Unidas Podemos, que previamente han defendido que la situación en Cataluña es mejor ahora que cuando se produjo el referéndum ilegal, Gamarra responde: "No se trata ni de volver a 2017 ni a la claudicación de 2022, con sentencias que no se cumplen. Lo que España necesita es volver a construir la Cataluña abierta, próspera e integradora de 1992".