El Partido Popular ha vuelto a salir este jueves a condenar los efectos adversos de la ley del 'solo sí es sí' que está permitiendo rebajas de condena y excarcelaciones a condenados por delitos sexuales. La portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ha denunciado la respuesta de la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante esta situación que descarta rectificar y acusa a los jueces de aplicar mal la ley, motivo por el cual ha pedido el cese inmediato de la ministra "sí o sí".

"Basta ya de ministras inmaduras e infantiles que desde el populismo llevan a la sociedad española hasta este punto", ha lanzado este jueves Gamarra tras argumentar que "los españoles merecen un Consejo de Ministros formado por personas maduras y responsables, que asuman responsabilidades cuando cometen errores de esta envergadura". Por ello, la dirigente popular ha exigido la dimisión de la ministra y pide que en el caso de que ella no se vaya, que sea el presidente Pedro Sánchez quien la cese.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha pedido depurar responsabilidades. "El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, adolescentes y mujeres es de la ministra de Igualdad, de la de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha aprobado la Ley de sí es sí".

Además de pedir la dimisión, el principal partido de la oposición ha dicho "basta ya" a las acusaciones contra el tercer poder del Estado, al "permitir y admitir que desde el Consejo de Ministros se pueda atacar a jueces y magistrados en vez de asumir las responsabilidades así como "definir a los magistrados como fachas con toga", lo que "no es admisible en España, según Gamarra. Feijóo también ha criticado que "lejos de rectificar, el Gobierno ha arremetido contra los jueces, a los que ha calificado de fachas con toga y colectivo machista".

Además de responsabilizar al Ministerio de Igualdad, como impulsor de la ley, y al presidente, por ser el máximo responsable del Ejecutivo, el PP carga la culpa sobre "los grupos que apoyaron" la norma, es decir, todos menos Vox y a ellos mismos, que votaron en contra. 

Precisamente, Vox ha registrado una iniciativa para la reprobación y destitución inmediata de Irene Montero. "Pederastas, violadores, secuestradoras, terroristas, sediciosos, corruptos, sindicalistas subvencionados y multimillonarios extranjeros globalistas… esos son los grandes beneficiados de los 4 años de Gobierno de Pedro Sánchez. Y los perjudicados los españoles honrados y decentes", ha señalado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Asociaciones de jueces piden el cese de la ministra

Tres asociaciones judiciales y la asociación de fiscales han cargado también contra las palabras de Irene Montero sobre los jueces, al haberles acusado de "machismo" y de falta de preparación. Tres de ellas también han pedido su cese inmediato.

"Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por ello, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) exigimos su inmediata dimisión", sostiene la asociación mayoritaria, que denuncia la respuesta de la ministra por "acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos, en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones".

El Foro Judicial Independiente (FJI) también ha pedido la dimisión de Montero ante sus "injustas y pueriles" palabras contra el tercer poder del Estado. "Ha dicho que no cumplimos la ley quienes, diariamente y, en muchas ocasiones sin los medios adecuados para ello, no hacemos otra cosa que trabajar para, precisamente, combatir la violencia machista", se queja esta asociación en un comunicado.

Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) defienden que la ministra "debe dimitir por atribuir desde el Gobierno a los jueces una aplicación torticera de la Ley que mina el Estado de Derecho". La Asociación de Fiscales (AF) ha sido la última en sumarse a las críticas. "El legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley".

"Consideramos de extrema gravedad en un Estado democrático de Derecho en el que deben prevalecer el respeto institucional y la separación de poderes, el ataque injustificado al poder judicial por parte de quienes ostentan cargos públicos en el Gobierno u otras instituciones con el único fin de crear confusión en la ciudadanía. Reconocer el error legislativo cometido sería un acto de responsabilidad política y madurez democrática de la que carecen", concluye el comunicado.