La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana tendrá que pagar hasta 1,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial de los médicos de la privada de la provincia de Alicante, a los que vacunó más tarde que a los facultativos de la pública. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que condenó a Sanidad por discriminar a estos profesionales a la hora de ser inmunizados frente a la Covid se ha convertido en firme al no recurrir la Conselleria la decisión ante el Tribunal Supremo. De este modo, la justicia falla definitivamente que se produjo una vulneración por parte de la Administración autonómica de los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida de estos facultativos, lo que ha abierto la puerta a las reclamaciones. 

Por este motivo, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), el único de la Comunitat que denunció el caso hasta el final, ha anunciado que va a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial para que los 400 facultativos de esta provincia que trabajan exclusivamente sector privado puedan reclamar daños morales, personales y materiales a través de la entidad.

Según explica el abogado de la entidad colegial, Guillermo Llago, su intención es pedir una cantidad de 4.000 euros por médico que trabajara exclusivamente en la privada entre enero y febrero de 2021 en la provincia de Alicante en concepto de daños morales y por infringir sus derechos fundamentales, lo que arroja una cifra total de 1,6 millones de euros (si todos reclaman). No obstante, la petición será superior para quienes resultaron contagiados por el retraso en la inmunización y tuvieron que cerrar sus consultas. "En esta situación, que tendrán que acreditar, calculo que podrá haber entre 15 y 20", explica.

De hecho, el COMA ha remitido este miércoles un comunicado a la colegiación para que los médicos de ejercicio privado afectados puedan comenzar a tramitar su reclamación de responsabilidad patrimonial, proceso que asumirá la institución colegial. Desde el pasado 13 de septiembre y hasta el momento, cerca de 150 facultativos ya se han puesto en contacto con la asesoría jurídica.

El TSJCV desestimó hace dos meses el recurso del departamento que dirige Miguel Mínguez, por lo que solo le quedaba el recurso ante el Supremo. Al no haberlo hecho efectivo, se convierte en definitiva la sentencia del 13 de enero de 2022 que condenó a la Generalitat por no inmunizar frente al coronavirus a todos los médicos en igualdad de condiciones. En aquel fallo se destaca que hubo un "retraso" para vacunar a los médicos de la sanidad privada "cuanto menos negligente" y ello a pesar "de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba". Estos facultativos comenzaron su vacunación el 15 de febrero de 2021, casi dos meses después que los de la sanidad pública.

El tribunal concluía que "está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso a la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física (…)". El TSJ valenciano señaló, además, que Sanidad dio prioridad a su personal "descuidando" la atención de los sanitarios no dependientes de sus instituciones públicas.

La sentencia del tribunal rechazó las alegaciones de la administración valenciana, que negaba vulneración alguna y se justificaba en que en las vacunaciones se habían respetado los principios "de necesidad, de equidad, de reciprocidad y de evaluación de los riesgos de exposición, transmisión, morbilidad grave y mortalidad".

Fuentes del Colegio alicantino insisten en que ponen su asesoría jurídica a disposición de sus miembros ante la "incomprensible discriminación" hacia los médicos de ejercicio privado durante el proceso de vacunación para "atender cada caso de forma personalizada" en el procedimiento.

La junta directiva de la institución colegial "se congratula de esta sentencia firme y ejemplarizante" y destaca la acción de la institución colegial "en la defensa de todos sus facultativos y de la profesión, y espera que sirva como antecedente para que no se repita lo sucedido". Según indican desde la misma, "ante una situación tan dramática como la vivida, todos los médicos son iguales y no cabe distinguir entre los que ejercen en la sanidad pública o lo hacen de forma privada".

Mazón: "Somos la única comunidad condenada en Europa"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha afirmado que la Comunitat Valenciana es "la única en Europa" cuyo gobierno "ha sido condenado en repetidas ocasiones por dejar desprotegido a su personal sanitario durante la pandemia de Covid-19". Así se ha pronunciado el líder popular tras conocer el fallo firme del TSJCV que condena al Consell de Puig por vulnerar los derechos fundamentales, a la igualdad, salud y vida por excluir a los sanitarios de la privada de la vacunación contra el coronavirus.

"Lo primero que tendría que hacer un Consell responsable es pedir perdón a sus sanitarios por no haber estado a la altura de las circunstancias en los momentos más complicados de la pandemia y cuando más se estaba jugando la vida por salvar la nuestra. Sanidad desprotegió a los médicos de la privada en un ejercicio de indecencia al priorizar la ideología sobre el bien colectivo y asumir responsabilidades políticas", ha manifestado.

El presidente del PPCV ha afirmado que el "sectarismo" del Gobierno del Botànic "puso en riesgo la vida de los profesionales sanitarios". "Ante una pandemia de dimensiones desconocidas en aquel momento y con la necesidad de contar con todos los profesionales sanitarios a disposición para atender a la población es impensable y vergonzoso que se les discriminara de esa manera", ha señalado.

En su opinión, "o había ninguna razón para que estos profesionales no fueran vacunados al mismo tiempo que los de la pública y así lo reconoce el TSJCV", ha indicado Mazón. El presidente del PPCV ha criticado que la Conselleria "pusiera en riesgo al personal sanitario de la privada y a los pacientes a los que pudieran atender, estableciendo una distinción entre profesionales de primera y de segunda".

Por último, Mazón ha asegurado que Puig "debería ser integro y reconocer que se equivocó con sus decisiones. No podemos permitir que se siga maltratando y desprestigiando al colectivo sanitario como hace este Consell cada vez que no acepta las sentencias judiciales".