El golpe de efecto dado por Pedro Sánchez con el anuncio de la supresión del delito de sedición y su sustitución por el tipo penal de "desórdenes públicos agravados" tiene varias consecuencias y no todas son judiciales. El pacto suscrito por el presidente del Gobierno con ERC para avanzar en lo que ambas partes definen como la "desjudicialización del conflicto" supone también dar un gran impulso a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, los últimos de la legislatura y también los que más gasto público -más de 23.000 millones de euros respecto al año anterior- conllevarán a pocos meses de la celebración de elecciones municipales y autonómicas y a un año de las elecciones generales.

Desde Moncloa y también desde ERC se han desvivido por desvincular este movimiento -que rebaja las penas de la sedición de 15 a 5 años de cárcel y la inhabilitación, a ocho años- de la negociación presupuestaria entre ambos grupos, ya que este punto estaba pactado en la mesa de diálogo que Gobierno y Generalitat mantienen como principal vía de contacto. Casualidad o causalidad, lo que es innegable es que la reforma mejora las relaciones entre socialistas y republicanos, que ahora cuentan con una fluidez no vista desde el fatídico 2017, año en el que ERC aprobó junto a Junts las leyes de desconexión y una Declaración Unilateral de Independencia que llevó al PSOE a apoyar al Gobierno de Mariano Rajoy cuando decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Los 13 parlamentarios con los que ERC cuenta en el Congreso de los Diputados son clave para la estabilidad del Gobierno. Y no hay nada más estabilizador para la coalición que aprobar los que serían los terceros Presupuestos de la legislatura. Sin ir más lejos, cabe recordar que las primeras elecciones que convocó Sánchez tras ganar la presidencia a través de la moción de censura se debieron al voto en contra de ERC a las cuentas que proponía el Gobierno, entonces formado solo por el PSOE.

Sánchez cede ante ERC y suprimirá el delito de sedición para sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados

Así las cosas, los republicanos ya habían realizado un gesto hacia el Gobierno al renunciar a presentar una enmienda a la totalidad que hubiera podido derribar el proyecto presupuestario, que este año contará con un aumento del gasto (no financiero más fondos europeos) de 23.709 millones de euros, un 5,6% más, y que conllevarán una serie de medidas sociales que pueden ser definitorias a la hora de celebrarse las elecciones, como el impulso de una prestación de crianza de 100 euros al mes para familias con menores de 0 a 3 años o la asimilación de las familias monomarentales que tengan dos hijos a la actual categoría de familias numerosas.

También la revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC), que se calcula en torno a una media del 8,5% a final de año; la subida salarial para los funcionarios; la prórroga durante todo el año de la gratuidad de los abonos de Media Distancia de Renfe y de Cercanías y Rodalíes; o la prórroga de la ayuda del alquiler de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años.

PSOE y Unidas Podemos utilizan a sus grupos en el Congreso para acelerar la reforma de la sedición y esquivar al CGPJ

Con todo, aún queda camino para la aprobación de los Presupuestos, que todavía tienen que votarse en el Congreso y pasar el trámite del Senado para que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2023. Lo avisó ERC: "Es imprescindible que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener vivas las negociaciones en marcha, con el objetivo de poder llegar a acuerdos". 

Así, los republicanos insistieron en las diferencias que todavía separan a los socios de coalición y a los parlamentarios para dar luz verde a las cuentas, que pasan por la necesidad de que se expliciten "medidas estructurales exigentes en materia de vivienda, cambio de modelo energético, una adecuada financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social".

En este sentido, el Gobierno deberá trabajar también a la interna, ya que hay medidas que siguen separando a PSOE y a Unidas Podemos, como la regulación del precio de los alquileres o la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. Los morados presentaron enmiendas en este sentido junto a ERC y EH Bildu, pero los socialistas se sumaron al PP para impedir que se tramitaran al considerar que no eran enmiendas a debatir en torno a los Presupestos. 

Asimismo, también está habiendo reticencias para desbloquear la ley de familias que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, de Unidas Podemos, puesto que el PSOE quiere rebajar a cinco días el permiso de cuidados de siete días ya acordado.