Comienza el juicio por el crimen de Castro Urdiales en la Audiencia Provincial de Cantabria. Carmen Merino, acusada de decapitar a su pareja y cuyo cráneo apareció en una caja que entregó a una amiga en 2019, se enfrenta a prisión permanente revisable y, con carácter subsidiario, a 25 años de prisión.
Ana Quintana, la abogada de la acusación particular, que ejercen los hijos de la víctima, el jubilado vasco de 67 años Jesús María Baranda, considera que existen pruebas "más que suficientes" contra Merino como autora de un delito de asesinato con alevosía con la agravante de parentesco.
A pesar de que todavía no se ha encontrado el resto del cuerpo de la víctima, la abogada ha recalcado que esperan "una sentencia condenatoria". Tras constituirse el jurado popular el pasado viernes, el juicio por el 'cráneo de Castro' continúa este lunes con las cuestiones previas y la declaración de Carmen.
Está previsto que el juicio se prolongue diez jornadas a lo largo de dos semanas. El próximo viernes 18 de noviembre se llevará a cabo de deliberación y el veredicto del jurado. Esto es lo que se sabe y no se sabe hasta la fecha de este suceso:
Desaparecido en extrañas circunstancias
Carmen Merino denunció la desaparición de su pareja, Jesús María Baranda, en febrero de 2019. "Primero nos aseguró que se había ido de vacaciones", explicó el primo carnal de la víctima, Carlos Ricondo. Le intentaron llamar en varias ocasiones, pero Baranda no contestaba. Fue entonces cuando la presunta asesina les contó que se le había roto el móvil al caerse a la bañera. "Nos facilitó otro número de teléfono del que nos llegaban mensajes, pero que por la forma de escribirlos creíamos que no eran suyos", añadió.
Los primos de Jesús María le exigieron al desaparecido que les llamase o les mandase un audio con su voz para verificar que efectivamente estaba con el teléfono. "Pero no obtuvimos ninguna respuesta, por lo que su primo Alfonso junto a un amigo ertzaina denunciaron su desaparición", afirmó Ricondo.
Cuando los allegados fueron enterándose de que el hombre había desaparecido le preguntaron a la acusada por ello. Su respuesta era que iba "tirando". Lo cierto es que ella siguió haciendo su vida: bailando en la Casa de Andalucía, con sus amistades y sin demostrar signos de nerviosismo.
Caso archivado
Tras la denuncia, la detenida fue investigada en abril por la Guardia Civil. María del Carmen explicó a los agentes que él le había dejado y que se había llevado todo el dinero, unos 12.000 euros. "Él nunca tenía dinero en metálico en casa", recordó Ricondo.
Según el testimonio de Ricondo, "no se pudo demostrar nada" y el juez archivó el caso, porque su pareja declaró "que se había fugado de forma voluntaria".
Un cráneo en una caja
La cabeza del hombre apareció en noviembre de 2019 dentro de una caja. La sospechosa, que llevaba varios años conviviendo con la víctima en la localidad cántabra, se la había entregado a una amiga suya para que se la guardase.
La Guardia Civil informó a Carmen de que se realizaría un registro de la vivienda tras la denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Fue entonces cuando la acusada le entregó la caja, envuelta con papel de regalo, a una vecina. Le explicó que guardaba juguetes sexuales de su pareja y que no quería que la Guardia Civil se llevara una mala impresión
La vecina accedió y guardó la caja en un armario. Pasado un tiempo y debido al hedor que desprendía, la mujer abrió la caja y encontró el cráneo dentro, en la madrugada del 2 de noviembre de 2019. Avisaron al 112, y el servicio de emergencias envió a la Guardia Civil. Tras el hallazgo, tuvo que ser atendida por servicios sanitarios.
En la caja, los agentes encontraron un cráneo sin ningún tipo de tejido y prácticamente descarnado, por lo que se cree que pudo ser tratado con alguna sustancia química. El programa Espejo Público afirmó que la cabeza pudo haber sido cocida y envuelta en aluminio. Los investigadores determinaron que pertenecía al desaparecido.
La vecina llamó por teléfono a Carmen para decirle lo que había encontrado en la caja. "Alguien me la dejó en la puerta de casa (la cabeza); la guardé porque era el único recuerdo que tenía de él", le respondió la acusada del crimen.
Sin rastro del resto del cuerpo
A día de hoy, todavía no se ha encontrado el resto del cuerpo de la víctima. Los agentes, además de registrar el domicilio de la pareja, amplió la búsqueda de pruebas a unos terrenos que eran propiedad de Jesús María. Estos se encuentran en el barrio de Helguera de Sámano, en Castro Urdiales, y su extensión mayor no supera los 1.200 metros cuadrados.
También se buscaron restos del cuerpo, sin éxito, en una finca que el hombre tenía en Llodio, Álava. En la casa de la acusada sí se encontraron restos de sangre pero nunca se ha encontrado el resto del cadáver.
Compra de una motosierra y búsquedas en Internet
A mediados de febrero de 2019, Carmen realizó la compra de una sierra de calar con hojas de sierra variadas, así como un martillo de grandes proporciones y un ladrón de corriente eléctrica. Tres días después también adquirió a través de internet una motosierra, un modelo de menor dimensión habitual en tareas de jardinería, según recoge el atestado de la Guardia Civil al que ha tenido acceso La Sexta.
El informe policial muestra el historial de búsquedas en Google que la acusada realizó en las fechas previas y posteriores al crimen. Entre ellas, figuraba "cómo montar una sierra eléctrica" y "cómo desatascar una motosierra Bosch". Además, también buscó en Internet "si mi marido desaparece sigo cobrando la pensión" y "cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo".
En el registro de la vivienda "no fue hallada ninguna de las herramientas adquiridas por ella". Esto demuestra que "se deshizo" de ellas "una vez finalizado el uso" y con "clara intención de no dejar vestigios sobre su utilización".
Bolsas de basura pesadas
El informe policial muestra que Carmen estaría bajo los efectos del alcohol el día del crimen. La mujer habría comprado en más de cinco fechas distintas botellas de whisky, lo que supondría un consumo de una botella cada dos días.
Además, el atestado recoge que el crimen se pudo haber cometido en la vivienda. Había manchas de sangre en las escaleras, en zonas superiores como la moldura del techo y también en las paredes del distribuidor de la casa.
En las fechas en las que adquirió las herramientas, también compró "productos de limpieza agresiva como lejías, quitamanchas, amoniaco y guantes reforzados" y le pidió a su trabajadora del hogar que "llevara a cabo una limpieza general en el domicilio". La mujer declaró que al acceder a la vivienda se encontró "apiladas numerosas bolsas de basura llenas" que, según la sospechosa, contenían tierra.
La limpiadora tuvo que bajar las bolsas, que "pesaban considerablemente", hasta el vehículo que se encontraba en el garaje y Carmen le dijo que "las tirase en un contenedor".
Un móvil económico
La principal hipótesis que se baraja es un móvil económico para cometer el crimen. La mujer tenía deudas por un importe superior a los 20.000 euros con varias entidades bancarias. Las conversaciones de Whatsapp con sus hijos indican que estos también tenían problemas económicos y que su madre les hacía pagos mensuales de cantidades altas, superiores a los 1.000 euros.
Con las aportaciones a sus hijos tenía un gasto de 600 euros al mes, cantidad que con la pensión de Carmen no se podía asumir. Por ese motivo la investigada debía retirar efectivo de la cuenta de la víctima.
El perfil de la acusada
Natural del municipio sevillano de Utrera (Sevilla), a sus 61 años, no era la primera vez que Carmen tiene sus más y sus menos con las autoridades. Antes de esta detención en relación con el caso del cráneo de Castro Urdiales, la mujer ya contaba con antecedentes por estafa.
La primera de ellas la perpetró en Vigo en 2013, a la que seguiría otra en 2017 en Cádiz. Para esta última, la mujer se apropió de documentación bancaria y estafó 6.600 euros a la expareja de su tía.
En Castro Urdiales, donde llevaba viviendo siete años en el momento de la desaparición, Carmen conoció a Jesús María, exempleado de banco y jubilado.
Los investigadores se plantean la hipótesis de que Carmen tenía previsto marcharse a Cádiz por las búsquedas de pisos en inmobiliarias a través de Internet y por las conversaciones con sus hijos.
25 años de cárcel y una indemnización para la familia
Tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran a la acusada autora de un delito de asesinato con alevosía (imposibilidad de defensa) y con la circunstancia agravante de parentesco.
El fiscal pide para la mujer una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público.
Además, la Fiscalía solicita que indemnice a los dos hijos, el hermano y el primo del decapitado con 20.000 euros para cada uno por el daño moral, mientras que la acusación pide 35.000 euros para cada uno de los hijos.
Por el contrario, la defensa sostiene que la acusada es inocente y reclama la libre absolución, sin que proceda indemnización alguna.
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