Aunque los Mossos d'Esquadra solo han actuado en el 20% de los 73.700 desahucios que ha habido en Cataluña en los últimos seis años (unos 15.000), y de estos, solo se han producido disturbios en el 0,8% (601), el cuerpo policial catalán ha decidido estandarizar los protocolos de actuación de los agentes cuando estos hayan de participar en operativos de desahucio y en desokupaciones. Estos dos planes internos dotan de una mayor "perspectiva social" al cuerpo ante los desalojos de personas vulnerables y activar los servicios sociales territoriales en caso de no estar movilizados.
Dentro de esta nueva forma de trabajar del cuerpo, y en el caso de las desokupaciones, los agentes antidisturbios de las unidades especializadas BRIMO y ARRO seguirán actuando solo en la situación de que, en algunos de estos supuestos, se presenten "riesgos para bienes o personas", ha explicado este jueves el conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.
"No es habitual que los cuerpos policiales tengan estos protocolos internos estandarizados y es necesario para situar a las personas más vulnerables en el centro de nuestra actuación", ha asegurado Elena. Las desokupaciones y los desahucios sobre todo de personas vulnerables han ocupado muchos titulares en los últimos años en Cataluña, comunidad en la que se produjeron hasta julio en 42% de las 8.887 denuncias por okupación de inmuebles (3.770).
Conscientes de la repercusión negativa en la imagen del cuerpo que generan estas intervenciones, desde Interior han puesto de relieve la creación de estos dos nuevos documentos de actuación así como de la Unidad Central de Intervención en Conflictos de Vivienda dentro de Mossos, con tres efectivos y un caporal, y que cuelga del área de Seguridad Ciudadana.
La CUP también ha presionado al Departament de Interior para que los antidisturbios dejen de participar en desahucios y desokupaciones. El acuerdo de legislatura alcanzado con los anticapitalistas detalla que los antidisturbios no han de tomar parte en estos desalojos.
"Ha habido mucha polémica sobre el rol que juegan los Mossos en estos procedimientos y se habla muy poco de las razones por las que acaban en una comitiva judicial. El cuerpo no desahucia, quien desahucia a una persona vulnerable de su vivienda es una sociedad injusta que no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda y que ha fallado en muchas cosas hasta llegar a este momento", ha comentado Elena.
Cuándo actuar policialmente y cuándo no
Estos dos protocolos, validados por el Ministerio Fiscal, que equiparan las actuaciones policiales en estos supuestos en todo el territorio catalán, y no por áreas territoriales, busca "mejorar la calidad, obtener información para entender mejor la realidad de los desalojos y las desokupaciones, y poner en el centro a las personas vulnerables implicadas", ha añadido este jueves el comisario en jefe de los Mossos, Eduard Sallent. También dotarán de seguridad jurídica a los agentes para que tengan claro cuándo han de actuar y cuándo no ante alguno de estos supuestos. Los responsables de los dispositivos serán los de cada Área Básica Policial (ABP).
Elena ha añadido que los Mossos "es la policía integral de Cataluña y, en este sentido, ha de tener todas y las competencias, y actúa como policía judicial atendiendo a las instrucciones judiciales", no por 'motu proprio', ha matizado. "Las unidades BRIMO y ARRO no están pensadas para desahuciar", ha indicado Sallent.
Familias vulnerables
La policía catalana tendrá en consideración antes de actuar en cada caso si se trata de okupaciones flagrantes (usurpación o violación de domicilio); delictivas (de mafias o grupos organizados) o de desahucios de familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler. También tendrán en cuenta si la vivienda okupada es una residencia habitual o no. El primer caso se trata de "un mito residual que normalmente se da por equivocación", ha detallado Sallent.
Cuando un juez ordene un desalojo, la Comisaría General de Información de los Mossos evaluará el riesgo de que se produzcan incidentes según tres grados: sin protestas prevista, con una protesta pacífica o con una protesta "de riesgo para personas y bienes". La policía optará, antes de actuar con fuerza, por la mediación, la intervención de los agentes de seguridad ciudadana y, como último recurso, por la intervención de los efectivos de orden público BRIMO y ARRO.
Los Mossos contactarán con los servicios sociales en el caso de desahucio de personas vulnerables para saber si tienen conocimiento o no del mismo, independientemente de que el juzgado esté obligado a comunicarlo. En el caso de los propietarios de viviendas afectados, Sallent insta a que denuncien la okupación para acelerar la actuación policial. A pesar de todos estos pasos protocolizados, el comisario en jefe de Mossos ha recordado el difícil equilibrio en el que se mueven los agentes en estas actuaciones, "entre el derecho a la vivienda y a la propiedad y el delito flagrante de usurpación o violación de domicilio".
Los agentes podrán actuar sin autorización judicial previa cuando los vecinos alerten de la okupación, cuando se den actos preparatorios para forzar una vivienda y cuando salte una alarma. Sallent ha recordado que los antidisturbios solo actúan cuando se han producido varios intentos de desahucio fallidos por parte de la comitiva judicial, cuando se constata la presencia de delincuencia organizada y cuando se pueden producir episodios de violencia más perjudiciales "que la propia intervención de los agentes".
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