El fiscal del caso 3%, José Grinda, se ha tomado su tiempo -casi dos años y medio- para investigar a fondo la trama de presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la época en que la lideraba Artur Mas. Un caso que heredó el PDeCAT, partido creado a partir de CDC y que recibió la herencia envenenada de la antigua Convergència.

Fue en verano de 2020 cuando el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, hizo público el escrito por el que propone juzgar a los exgerentes y extesoreros de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germá Gordó, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas. Algunas de ellas, como es el caso de Francesc Sánchez, exsecretario económico de CDC, han conseguido rebajar las penas al "colaborar" en la investigación. 

Según el auto del juez De la Mata, los delitos que se imputan son organización criminal, fraude a administraciones públicas, soborno, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el denominado 'caso 3%', la estructura puesta en marcha para financiar "ilegalmente y de forma encubierta" la citada formación política.

Los tres peldaños de la organización criminal

En primer más alto nivel de la organización, el juez incluye a los responsables del partido Gordó, Osàcar y Viloca, que llevaban a cabo un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios ofrecidos por diferentes administraciones del ámbito territorial catalán, todas bajo la esfera de poder de CDC (ayuntamientos, diputaciones u organismos dependientes de la misma Generalitat), e "influían en sus responsables para conseguir que fueran adjudicadas a las empresas asociadas a este pacto criminal". Ellos, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes, en las adjudicaciones dadas y, "por supuesto, recibían los pagos".

En un segundo peldaño, el magistrado sitúa a las autoridades de estas administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron efectivamente concursos públicos con el fin de "dirigirlos" hacia las compañías de los empresarios cómplices. Aquí se sitúan personas como Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat del 2011 al 2016; Joan Lluís Quer, presidente de Infraestructuras.cat del 2011 al 2015; Sixte Cámara, presidente del Puerto de Barcelona del 2011 al 2018 y exsenador de CiU; o Antoni Vives, exteniente de alcaldía de Barcelona.

En el tercer peldaño, el instructor incluye al grupo de los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para hacer pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones vinculadas a CDC, CatDem y Fundación Forum Barcelona. Aquí se sitúan empresarios como Sergio Lerma, Josep Manel Bassols, Félix Paquina, Jordi Sumarroca, Antonio García Bragado, Joan Maria Pujals, ex conseller de Cultura en los gobiernos de Pujol, entre otros. Entre las empresas procesadas hay Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructora, COPISA, TEC Cuatro, Oproler y Pasquina, entre otras.

Todos los investigados eran necesarios para cerrar el círculo de las actividades delictivas y, según argumenta de la Mata, desarrollaron estas acciones dirigidas a un solo objetivo: "subvertir el estado de derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto de los dirigentes del partido político, consiguiendo una "financiación ilegal" para el mismo, implicando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al erario público".

Se trata, indica el juez, "de una operativa sostenida en el tiempo, de carácter sistémico, que permanece inalterable con independencia de los relevos que se puedan producir en las personas integrantes de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta. La mejor evidencia de esto es que los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas que participaban".