El fiscal anticorrupción del caso 3%, José Grinda, se ha tomado su tiempo -casi dos años y medio- para investigar a fondo la trama de presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la época en que la lideraba Artur Mas, que a su vez era el presidente de la Generalitat. Un caso que heredó el PDeCAT, partido creado a partir de CDC y que recibió la herencia envenenada de esta formación. Fue en verano de 2020 cuando el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propuso juzgar a los presuntos responsables de la trama, y este miércoles se ha hecho público el escrito de conclusiones provisionales de Grinda: pide hasta 21 años de cárcel para los 30 acusados y una multa de tres millones de euros para el PDeCAT.

Entre esta treintena de cabecillas, de los que una decena han conseguido sustanciales reducciones de la petición de pena por su colaboración en la investigación, están los exgerentes de CDC Andreu Viloca y Germà Gordó, así como el extesorero de la extinta formación Daniel Osácar. Además de contra estas 30 personas, el texto de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso 3% -llamado así por el porcentaje que los empresarios debían pagar a CDC a cambio de lograr adjudicaciones- se dirige contra 14 empresas y los dos partidos. A todos ellos les atribuye los delitos de organización criminal, fraude a la Administración, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según el fiscal, en el punto más alto de la estructura, que funcionó entre 2008 y 2015 y tenía "una actuación sistemática", estaba Gordó, entonces secretario de Govern de la Generalitat, que fue durante unos años el contacto de los contratistas del ejecutivo catalán con CDC. Grinda considera que era la persona que dirigía cómo entraba el dinero y hacia dónde tenían que ir las adjudicaciones, a través de un “control y seguimiento” de las obras públicas. Por eso, reclama para él 18 años y 10 meses de prisión y una multa de 4,6 millones de euros.

Le seguía Francesc Sánchez, exsecretario económico de CDC, quien también habría gestionado partidas desde 2011. Su colaboración en la causa ha hecho que, a pesar de que se le acusa de cinco delitos, el fiscal solo pida para él un año de prisión y otro de trabajos en beneficio de la comunidad.

Los siguientes en la estructura serían Viloca y Osàcar, que gestionarían -según el escrito- pagos encubiertos de las empresas al partido, bajo la apariencia de donaciones, a través de las fundaciones afines CatDem y Forum Barcelona. El primero se enfrenta a una petición de pena de 21 años y diez meses de prisión, mientras que para Osàcar, ya condenado por el 'caso Palau', se pide un año y medio de cárcel, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad, gracias a su colaboración en el esclarecimiento de los hechos investigados.

También está acusado el exconcejal de Barcelona Antoni Vives, para quien la Fiscalía reclama seis años y un mes de prisión; o el empresario Jordi Sumarroca, para quien solicita 10 años, los mismos que para el ex director general de Infraestructuras.cat Josep Antoni Rossell. Al exdirectivo de esta empresa pública Joan Lluís Quer, quiere que se le condene a cinco años. Están acusados, asimismo, el expresidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, para quien se piden cuatro años y medio, y el directivo de la constructora Oproler y marido de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya Josep Maria Bassols, para quien se solicita un año y nueve meses y trabajos para la comunidad.

En paralelo a aparentes donaciones, CDC, según el fiscal, usaba otros métodos para financiarse irregularmente. A veces, las autoridades, "de acuerdo con los responsables del partido y siguiendo sus indicaciones", alteraban los concursos públicos para "dirigir los mismos hacia las empresas de los acusados". También se instauró un sistema de adjudicación "de caucho", que "permitía un grado formal de discrecionalidad que, en realidad, encubría la arbitrariedad", principalmente por parte de las compañías de obra pública de la Generalitat Gisa e Infraestructures.Cat.

De 2008 a 2015, la Fiscalía calcula que 1,8 millones de euros llegaron desde adjudicatarios a CDC como forma de "canon" exigido para entrar en la rueda de contratos públicos. El importe total de las 31 adjudicaciones manipuladas sumaría 168 millones de euros.