La caída de la inflación hasta el 7,3% en octubre, es muy buena noticia, al tiempo que el estancamiento del PIB hace pensar que en invierno la recesión será solo técnica, y que en primavera el crecimiento volverá a remontar. En cambio, lo que sigue empeorando es la política, sobre todo la tan necesaria política de pactos para cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ. 

Es inaceptable que se descarte ya cualquier acuerdo hasta la siguiente legislatura. Además, en caso de que en 2023 ganase el PP, el PSOE se sentiría legitimado para replicar con otro bloqueo, y así hasta que al algún día no quede nadie vivo en el gobierno de los jueces. Repartir culpas es lo más fácil, pero en este caso es evidente que Núñez Feijóo no ha podido vencer las presiones del ala dura de su partido, y se ha escudado en la reforma de la sedición para romper un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez que estaba casi cerrado. La prueba es que, dos días antes, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, señalaba que la reforma del código penal y la renovación del CGPJ eran cuestiones distintas, donde su partido iba a jugar papeles diferentes.

Censurar la actitud obstruccionista del PP, no significa aplaudir la reforma del delito de sedición penal que se anuncia. Porque el problema es que legislar ad personam, es decir, para beneficiar a los condenados por el procés es una mala decisión. Otra cosa es que haya que modificar determinados delitos a la luz de lo sucedido en Cataluña. Porque es evidente que la ni la rebelión, ni la sedición, tal como están definidos en el código penal encajan bien. Y si los separatistas lo vuelven a intentar, no pueden irse de rositas. Por tanto, es razonable rebajar los años de cárcel por sedición, que en España se castiga en exceso en comparación con otros países europeos, si en paralelo se crea un nuevo tipo de rebelión, diferente de la clásica (violenta y con armas), que refleje lo que pasó en 2017. En Cataluña hubo un golpe de Estado cuando el Parlament derogó los días 6 y 7 de septiembre la Constitución y el Estatuto, las autoridades de la Generalitat llamaron a la ciudadanía a desobedecer las leyes y a participar en una votación ilegal, prohibida por el TC.

El procés tuvo una lógica insurreccional, de apariencia pacífica, posmoderna, con el fin de desbordar al Estado. El código penal debería desarrollar bien los delitos contra la Constitución, introduciendo una nueva fórmula de rebelión no violenta, y castigando duramente la desobediencia reiterada al TC, lo que no excluye que por el camino los condenados por sedición puedan ver sus penas rebajas. Pero ese no puede nunca ser el objetivo, sino la consecuencia de actualizar el código penal para defender mejor la democracia.