El Gobierno de Portugal presentará un proyecto de ley para gravar los beneficios extraordinarios registrados en 2022 que, además de las energéticas, también alcanzará al sector de la distribución. La norma busca tributar las ganancias "no esperadas" de un conjunto de empresas "que deben pagar los beneficios que están teniendo injustificadamente por esta crisis de inflación", ha indicado el primer ministro, António Costa.

Costa ha manifestado esta intención durante el debate del Presupuesto de 2023 en el Parlamento como respuesta a una intervención del líder comunista, Jerónimo de Sousa, que acusó al Ejecutivo socialista de ponerse del lado de los "intereses de grupos económicos".

El primer ministro ha explicado que la propuesta de ley afectará a los beneficios de 2022, no a los de 2023, por lo que debe tramitarse fuera del Presupuesto del próximo año. El borrador del Presupuesto para 2023 ya incluye la creación de una tasa del 33% sobre estos beneficios de los sectores del petróleo bruto, el gas natural, el carbón y la refinación.

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Durante su intervención, Costa también ha defendido que la subida de las tasas de interés no ayuda a resolver la crisis inflacionista, sino a aumentar el riesgo de recesión: "La crisis inflacionista en Europa resulta de la ruptura de las cadenas de abastecimiento y del aumento de los precios de la energía. Con la subida de tasas de interés no se resuelve esta crisis, contribuye a aumentar el riesgo de recesión en las economías europeas".

El primer ministro ha asegurado además que, para el final de la legislatura, en 2026, la meta es que la deuda pública, que ahora se encuentra en el 126,7% del PIB, baje del 100%.

Arranca la tramitación del presupuesto

Las cuentas de 2023 arrancaron este miércoles su tramitación en el Parlamento, donde los socialistas tienen mayoría absoluta, y el jueves se someterán a la primera votación, antes de bajar a comisiones. La votación final está prevista para el 25 de noviembre.

El Presupuesto incluye medidas dirigidas a alcanzar un aumento salarial medio del 5,1%, a través de reformas en el sistema de impuestos sobre los rendimientos del trabajo, incentivos fiscales para las empresas que revaloricen los sueldos y aumentos en la Administración Pública.

También habrá medidas para apoyar los costes derivados de la vivienda: se limitará al 2% el aumento de los alquileres, como ya se había anunciado, y será obligatorio para los bancos renegociar las hipotecas de familias cuya tasa de esfuerzo se agrave significativamente.