Una oleada de registros en cinco empresas de las tres provincias de la Comunitat Valenciana y de Madrid ha reactivado este lunes el denominado caso Azud en busca de pruebas sobre el presunto pago de comisiones en la etapa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2010). Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, siguiendo órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, han practicado diversos registros simultáneos en una operación bautizada como Zagreo y han solicitado documentación relacionada con adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júcar, dependiente del ministerio que entonces dirigía Cristina Narbona. 

De este hilo comenzaron a tirar los investigadores tras la incautación de libretas con anotaciones del extesorero del PSPV-PSOE José María Cataluña, que también fue alcalde de Gilet (Valencia), donde se reflejarían presuntos cobros de comisiones ilegales por la adjudicación de la obra.

Otra posible derivada podría ser la posible financiación ilegal del PSPV como parte del entramado de las mordidas, aunque este delito podría haber prescrito, ya que habría ocurrido hace 15 años.

La documentación hallada en el domicilio de Cataluña ha dirigido a los investigadores hacia la búsqueda de nuevos datos de otra presunta trama de corrupción, la denominada Acuamed, que investiga la adjudicación fraudulenta por parte de esta sociedad estatal de obras a diversas empresas. Los registros se han centrado en empresas como Acciona y Construcciones Gimeno (de Castellón), que fueron adjudicatarias del contrato, y han consistido tanto en requerimientos de documentación como en la toma de declaración a diferentes personas, tanto en calidad de testigos como de investigados. Sin embargo, no había previsión de practicar detenciones, según fuentes de la investigación.

Se trata de un procedimiento declarado secreto en el que se investigan delitos de prevaricación, cohecho y malversación y que cuenta con el apoyo de la Europol, que ha desplazado una oficina móvil y medios técnicos para prestar su apoyo en el transcurso de las actuaciones. El objetivo de esta operación se centraría, según fuentes citadas por Europa Press, en la búsqueda de intermediarios entre las administraciones públicas y los empresarios a los que se les adjudicaban diferentes contratos o servicios.

Esta operación se produce tras la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 13 de València de acordar la prórroga de 30 días del secreto parcial de cinco piezas separadas del caso Azud y de varios folios de la causa principal, si bien ha levantado el secreto referido a la documentación que fue intervenida en soporte informático, telemático y de telefonía móvil y ha ordenado que sea entregada a las partes. En el auto, la jueza justifica esta medida porque se están llevando a cabo en piezas separadas diligencias de investigación "esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción", pues se podría producir "la destrucción de fuentes de prueba relevantes".

Entre los investigados en el caso Azud (alrededor de 60 personas) se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; y el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra y miembro del PSPV José Luis Vera.

El caso arrancó en 2017, pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año 2021, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad.