Los ministros de Energía de la UE vuelven a reunirse este viernes en Bruselas para intentar acordar medidas para intervenir el mercado de la electricidad y bajar así la factura de la luz. Una de ellas pasa por reducir el consumo de electricidad al menos un 5%, una medida sobre la que el Gobierno español reclamará "flexibilidad", de modo que este ahorro no tenga que ser necesariamente en horas punta, como propone la Comisión Europea, teniendo en cuenta que en España no siempre coincide un mayor consumo con un mayor precio. De lo que se acuerde este viernes, dependerá la versión final del plan de contingencia que el Gobierno aprobará el próximo martes.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pedirá que se tengan en cuenta las circunstancias de cada país para fijar un objetivo de ahorro de electricidad y, sobre todo, para determinar en qué momentos tiene que producirse. Bruselas quiere que cada gobierno europeo determine cuáles son sus horas punta, aquellas en las que se consume más energía, para fijar en ellas la obligación de reducir un 5% el consumo de electricidad, que puede llegar hasta el 10% de forma voluntaria y sumando otro tipo de acciones.
El "matiz" que quiere introducir Ribera en el acuerdo consiste en que en España la obligación de ahorrar electricidad no tenga que ser necesariamente en horas punta. El motivo es que en España un consumo más elevado de electricidad no se corresponde necesariamente con una luz más cara, porque son horas del día en las que, por ejemplo, hay mucha energía fotovoltaica y no es tan necesario el gas, que es lo que la encarece y lo que motiva que Bruselas quiera fijar una reducción obligatoria del 5%.
Hace unos días, Ribera advirtió de que esta uniformidad podría perjudicar en España a los consumidores, que en invierno tendrían que reducir el consumo de electricidad a unas horas en las que en España no sería eficiente porque sea más cara a otras horas.
En todo caso, el Gobierno espera el resultado de la reunión de este viernes en Bruselas para terminar de cerrar el plan de contingencia, que Ribera ha confirmado que se aprobará en el Consejo de Ministros del martes que viene. Según dijo este jueves desde Málaga, el documento está "prácticamente acabado", pero han querido ser "prudentes" y esperar al Consejo extraordinario de Energía.
El plan incluirá medidas para ahorrar un 6,4% de gas, una cifra ligeramente por debajo del ahorro del 7% que España comprometió con Bruselas, en una de las excepciones que ha logrado en los últimos meses en materia energética, porque el ahorro general para la UE es del 15%. Dependiendo de lo que se logre ahora en materia de ahorro de electricidad, así se reflejará en el Plan de contingencia.
Generalizar la 'excepción ibérica'
La primera -y mayor- excepción que consiguió el Gobierno fue la autorización para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Es la conocida 'excepción ibérica' que aplican España y Portugal desde junio, que según el Gobierno ha supuesto unos 2.000 millones de ahorro para los consumidores y que, tras un inicio decepcionante, pasadas las semanas y los meses demuestra que ha conseguido contener el precio de la luz en comparación con otros países de la UE.
Por este motivo, a principios de septiembre varios Estados miembros, como Bélgica, Eslovenia y, particularmente, Francia empezaron a pedir extender este mecanismo. Hace unos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, la pidió para su país. "El tope al gas para la producción de electricidad dio resultados en el mercado mayorista. España tiene precios dos o tres veces más baratos que el resto de Europa". apuntó.
En un principio, la Comisión rechazó extenderla a toda la UE, pero la idea, también defendida por el Gobierno español, de que algunos Estados miembros sí pudieran replicarla ha ido ganando enteros, hasta el punto de que en su última propuesta, que los ministros verán este viernes, la Comisión abre la puerta a que otros países puedan adoptar el límite al precio del gas que opera en España y Portugal.
"De acuerdo a la experiencia en Estados miembros, la Comisión está dispuesta a discutir el desarrollo de un marco temporal en la UE para limitar la influencia del alto precio del gas en la formación del precio de la electricidad", dice su última propuesta a los Veintisiete. "Una opción sería limitar el precio del gas en la generación de electricidad a un nivel que ayude a bajar los precios de la electricidad sin provocar un aumento del consumo de gas. El coste diferencial entre el precio limitado del gas y el de mercado sería asumido por el sistema eléctrico de cada Estados miembro", añade. Sin citar el mecanismo ibérico expresamente, queda implícito, como que también cada país debería correr con el pago de sus compensaciones a las eléctricas por el precio real que pagan por el gas.
Rusia y las fugas de NordStream
La Comisión ha hecho esta concesión de última hora para atender a las peticiones de cada vez más Estados miembros. También porque se sigue resistiendo a limitar el precio todo el gas que compra la UE, independientemente de su origen, como le pidieron los gobiernos a principios de septiembre y como esta semana hicieron oficial hasta 15 países, incluido España, en una carta remitida a la Comisión. Fuentes del gobierno defienden que una medida de este tipo, por la que el precio del gas fuera el mismo para todos, haría también mucho más fácil establecer medidas de solidaridad que plantea Bruselas entre países que recauden mucho con el impuesto a las petroleras y la minoración de los beneficios de las renovables y los que menos lo hagan.
Por el contrario, la institución que preside Ursula von der Leyen se mantiene en la advertencia de que una medida de este calado podría ahuyentar a suministradores distintos a Rusia, precisamente en un momento en el que la UE lucha por buscar gas alternativo al que suministra Moscú.
La idea que mantiene la Comisión es limitar el precio del gas que la UE compra a Rusia, que tendría forma de una nueva sanción contra este país, y para lo que creó un grupo de trabajo que debería dar una conclusión en octubre. A pesar de que calcula que la dependencia del gas ruso en la UE ha pasado del 40% al 9% en el último año, Bruselas constata que estas compras de un gas excesivamente caro sigue dando grandes beneficios que Moscú utiliza para financiar la guerra en Ucrania.
Detrás del encarecimiento del gas y de la electricidad y de las históricas medidas para intervenir el mercado que se espera que los ministros cierren este viernes está Rusia y la guerra en Ucrania, cuyo último capítulo han sido las ya cuatro fugas detectadas en los dos gasoductos NordStream que conectan con Alemania, que la UE ya atribuye abiertamente a un sabotaje.
Von der Leyen se unió este martes por la noche a la sospecha de Alemania, Suecia y Dinamarca y, aunque nadie culpa abiertamente a Rusia, esta cuestión se ha incluido en el último momento en el orden del día del Consejo extraordinario de Energía. "El sabotaje del NordStream es, además, un drama ambiental para el clima y el ecosistema. Debemos responder firmes y unidos desde Europa", afirmaba este jueves Ribera.
Impuesto a las petroleras
Por otra parte, los ministros de Energía también tienen que perfilar la creación de un mecanismo para minorar los beneficios extraordinarios por la generación de electricidad con renovables. En este caso, España no está de acuerdo con el precio límite de 180 euros MWh que plantea la Comisión. Le parece demasiado elevado, muy por encima del que tiene en España.
Los ministros también intentarán cerrar un acuerdo sobre el nuevo impuesto a petroleras y gasistas, también por sus beneficios caídos del cielo. El Gobierno se ha comprometido a "adaptar" el que prepara en España a lo que se acuerde para toda la UE y en estos momentos el debate entre los Estados miembros se dirige a reducir el alcance de la tasa y, por tanto, del importe de esta "contribución solidaria" que Bruselas pide a estas compañías.
En su propuesta de compromiso, la Presidencia checa de la UE enmienda la de la Comisión porque considera "excesivo" estipular que un beneficio extraordinario es aquel 20% superior al esperado. En línea con compañías como la francesa Total, los Estados miembros apostarían por extender el periodo de cómputo para calcular este exceso de beneficio. Bruselas arrancaba en 2020 y la Presidencia checa plantea que lo haga en 2019, de modo que la bajada de beneficios que provocó la pandemia acuse menos los beneficios extraordinarios
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