El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas contra los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y Manuel Recio, además de otras seis personas investigadas en relación con las subvenciones por una cantidad de 33.309.789,16 euros concedidas "arbitrariamente" al entramado de sociedades del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda -que falleció en enero de este año, por lo que se declaró extinguida su responsabilidad penal-, para los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi.

En un auto notificado este miércoles, el magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Además de los dos exconsejeros socialistas mencionados -Fernández está condenado ya en la pieza política del caso de los ERE y en otra de las piezas-, también están siendo investigados en esta causa un hijo de Ojeda y otras cinco personas que tenían una dependencia laboral o vinculación societaria con las empresas dirigidas por el exconsejero de Hacienda. Asimismo, el instructor dirige el procedimiento, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo, contra una quincena de entidades.

El magistrado analiza en el auto la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de Delphi, señalando que, con el fin de atender la problemática social que se cernía sobre este área geográfica, la Junta, a través de sus responsables políticos, anunció su compromiso de atender de forma específica a los afectados por el cierre de la empresa y conseguir su recolocación en empresas de la Bahía. Así, una vez producido el despido, los afectados por el cierre de la factoría fueron incluidos en el denominado 'Dispositivo de tratamiento singular', en cuyo desarrollo el juez destaca tres etapas.

"Simulación" de contratos de trabajo

Los hechos investigados en esta causa corresponden a la segunda etapa, desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2011, donde una serie de empresas y entidades impartieron formación a los acogidos a dicho dispositivo, pero "simulando una contratación laboral". El coste de la formación y de la contratación (salarios y cotizaciones a la Seguridad Social) "se financió a través de subvenciones directas; excepcionalmente, un número proporcionalmente reducido de extrabajadores de Delphi sí prestaron servicios laborales efectivos, en concreto los contratados por Gadir Solar y una parte de los incorporados por Alestis Aerospace".

El juez afirma que los exconsejeros de Empleo investigados "asumieron estos compromisos y acordaron establecer y mantener este sistema de subvenciones a la contratación, a pesar de ser conocedores de que la normativa en vigor en modo alguno amparaba dicho sistema y que se simulaban contratos de trabajo que no se respondían con la realidad". Para ello, continúa el auto, "habrían puesto en marcha un irregular sistema de concesión de subvenciones excepcionales y arbitrarias que se destinaron, por un lado, a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores (con la colaboración de las asociaciones y fundaciones dirigidas y controladas por Ángel Ojeda); y por otro lado, a mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo”.

Vilaplana asevera que "el sistema habría dado lugar, además, a que algunas de las asociaciones beneficiarias de las subvenciones desviaran fraudulentamente una parte considerable del importe de las mismas hacia una serie de entidades vinculadas, a través de la generación de sobrecostes, la fijación unilateral de precios y la contratación de servicios sin valor para la actividad subvencionada". Y todo ello "sin que los responsables de la Consejería de Empleo llevasen a cabo actuación alguna en orden a comprobar el correcto destino de las ayudas, posibilitando así la aplicación irregular de los fondos".

Al hilo de ello, subraya que "resulta factible deducir que los referidos responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía habrían concedido estas ayudas bajo la apariencia formal de subvenciones 'excepcionales' a la contratación, sin observancia y en contradicción con las previsiones que para el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas contemplaba la entonces vigente normativa autonómica y estatal".

Griñán presenta un incidente de nulidad contra su condena a seis años de cárcel por el caso de los ERE

Reunión con Ojeda

El auto del juez precisa que en el verano de 2009, previo a que comenzara la segunda fase del dispositivo mencionado, el entonces consejero Antonio Fernández habría convocado a una reunión informal a Ojeda, "quien era notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas, habiendo sido consejero de Hacienda de la Junta", informándole el primero de que los trabajadores de Delphi "iban a cumplir los dos años de paro y que había que dar una salida a los mismos", al tiempo que "se le ofreció la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa o indirectamente controladas" por el propio Ojeda.

Según agrega el magistrado, el entramado "habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones" con empleados de Delphi, incluyendo salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de las empresas y entidades de Ojeda, señalando que "las entidades que ofrecía" el exconsejero de Hacienda, "meros testaferros de su voluntad, contratarían a los trabajadores de Delphi del dispositivo singular, pero siempre con financiación pública".

Así, "los proyectos subvencionados consistían en proporcionar formación a los extrabajadores para mejorar su empleabilidad, pero se exigía su contratación y alta en la Seguridad Social, si bien la actividad de los contratados no habría sido otra que la de recibir formación, sin que existiese una verdadera prestación de servicios dentro del ámbito de organización y dirección de la correspondiente empresa o entidad beneficiaria de la subvención", de modo que los contratos de trabajo "solo tenían como objetivo crear una apariencia de ficticia relación jurídico-laboral para justificar el alta en la Seguridad Social como único medio para proporcionar a los extrabajadores el periodo de carencia necesario para acceder a unas prestaciones a las que de otro modo no tendrían derecho".

Detalle de las ayudas

Las subvenciones fueron concedidas en agosto de 2009 y en febrero y diciembre de 2010 a las cinco asociaciones de Ojeda: Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEAA), que habría percibido 7.376.573,64 euros; la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), con 5.268.825,84 euros; la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), que habría percibido 7.376.573,64 euros; la Asociación para la Calidad Europea (Inteca), con 7.376.573,64 euros; y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura), con un montante de 5.911.242,40 euros.

Las dos primeras ayudas se habrían concedido "al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables" por Antonio Fernández, en su calidad de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que la tercera fue otorgada por su sucesor en el cargo, Manuel Recio, "sin estudios y análisis previos y sin ni siquiera comprobar la legalidad de las mismas, haciendo dejación de sus más deberes elementales en el cargo".

"Los referidos consejeros de Empleo habrían de resultar conocedores de que las cinco asociaciones eran ficticias, y que todas ellas no habrían de ser más que entidades constituidas y dirigidas por Ángel Ojeda con el fin de canalizar y obtener las subvenciones descritas", señala el juez.