"El taxi no va a desaparecer". Con estas palabras, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, defendía esta mañana el decreto de regulación de la actividad urbana de las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) aprobado en Consejo de Gobierno y que entrará en vigor el sábado tras un intenso mes de protestas de las asociaciones de taxis. Para el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, este decreto "se ha hecho desde el diálogo y la participación, buscando herramientas de convivencia entre taxistas y VTC y anteponiendo al usuario por encima de todo".

La última de las reuniones con las asociaciones culminaba ayer sin acuerdo tras cuatro horas pero la Carazo defiende que "desde el primer minuto nos pusimos a trabajar en esta normal, en 2019", fecha en la que el conocido como 'decreto Ábalos' dejaba en manos de las comunidades la regulación de las VTC en el ámbito urbano. Carazo recordó que, de todo el articulado del decreto aprobado por la Junta, sólo dos puntos no han sido validados por los taxistas: el tiempo de precontratación y la eliminación de licencias estatales.

Así, no existirá un margen de precontratación de 15 minutos para las VTC, uno de los asuntos más espinosos y debatidos. Pero, en cambio, la Junta considera que la norma ampara al sector del taxi y garantiza la convivencia con los VTC. Entre las medidas adoptadas está el mantenimiento de una ratio máxima de un VTC por cada treinta taxis y "zonas de protección" para que las VTC no puedan aparcar a 300 metros de aeropuertos y estaciones, entre otros lugares.

"Hemos agotado hasta el último minuto para negociar y hablar", señaló Carazo, quien no obstante anunció una "mesa estable" con el taxi para "vigilar" el cumplimiento y aplicación de la norma.

La aprobación ha despertado las críticas de la oposición y de los taxistas. Para el PSOE-A, que viene defendiendo las posturas del taxi, supone un "fracaso" de la Junta. "La Junta no ha sido capaz de poner de acuerdo los distintos intereses en juego. Andalucía necesita, en primer lugar, garantizar que el servicio público del taxi tiene unas condiciones de juego y una competencia leal con la introducción de las VTC", señalaba Juan Espadas, secretario general del PSOE-A.

La asociación Élite Taxi Sevilla, por su parte, lamentó la "imposición y amenaza" de la Junta. "Moreno Bonilla se ha negado sistemáticamente a escuchar nuestras peticiones y no ha incorporado ni una sola de nuestras peticiones esenciales". Los taxistas aseguran que seguirán dando "la batalla en las calles y los juzgados".

El decreto tendrá que ser supervisado y adaptado por los ayuntamientos andaluces, que además serán los encargados de sancionar. El delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha advertido de la "complejidad" y el "coste añadido" para implementar estas medidas, mientras la Junta "no habla para nada de proporcionar medios".