La batalla fiscal autonómica vuelve a estar de actualidad. El conflicto que enfrenta desde hace años a las comunidades que apuestan por un modelo de impuestos bajos -capitaneadas por Madrid- y las que las acusan de competencia desleal vive un nuevo capítulo, ahora con el telón de fondo de la crisis energética. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avivó el fuego político el martes tras defender abiertamente una recentralización de los impuestos (es decir, que el Estado central, recupere la gestión de tributos como Patrimonio o Sucesiones que actualmente recae sobre las autonomías).
"Me parece un despropósito que las comunidades se dediquen a competir fiscalmente unas con otras", se quejaba Escrivá en una entrevista concedida a Onda Cero, en la que censuró la supresión del impuesto al patrimonio y la rebaja en el IRPF anunciada por el Gobierno popular de Andalucía el lunes. La ministra portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, descartó rápidamente la idea de Escrivá y situó cualquier reforma que pueda acometer el Gobierno dentro del modelo de financiación autonómica.
En todo caso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dice estar dispuesto a defender su modelo de fiscalidad frente al de los populares, el cual, según consideran, beneficia a los ricos. La portavoz cree que las bajadas de impuestos en Andalucía son un "regalo fiscal" del que no se beneficiará la inmensa mayoría. "Nosotros hacemos bajadas de impuestos de los que se benefician el 99% de los españoles y el PP, para una minoría con más de un millón de euros", replicó.
En el lado de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respaldó a Moreno y defendió que está acreditado que "bajando algunos impuestos se recauda más". El líder de los populares puso como ejemplo las rebajas en el impuesto de sucesiones que su formación ha puesto en marcha en Castilla y León, Andalucía, Galicia o Madrid para reivindicar al presidente andaluz, Juanma Moreno.
Una ofensiva fiscal 'popular'
Tras la vuelta de las vacaciones, las comunidades gobernadas por el PP han ido anunciando una catarata de rebajas fiscales en línea con la estrategia de la dirección nacional para combatir la crisis: bajar impuestos para 'compensar' los ingresos extraordinarios que está dejando la inflación en las arcas públicas.
Más allá de Andalucía, la última autonomía popular en sumarse a las rebajas fiscales ha sido Galicia. El martes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó su intención de ampliar las bonificaciones al impuesto de patrimonio (que ya está bonificado al 25%) y de reducir la fiscalidad a las rentas bajas en 2023. Bajar impuestos, dijo, "está en el ADN de los gobiernos del PP". Las semanas previas, Madrid y Castilla y León presentaron sus propias propuestas, que incluían también rebajas en el IRPF, nuevas deducciones fiscales y la eliminación o coneglación de algunas tasas autonómicas.
Por el contrario, las comunidades gobernadas por los socialistas han cerrado filas en torno al Ejecutivo central y se muestran partidarias de alcanzar algún tipo de armonización que impida bonificaciones tributarias del 100% como la que se aplicará el impuesto sobre el patrimonio en Andalucía o la que ya funciona en este mismo tributo en Madrid.
El martes, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, descartó eliminar el impuesto de patrimonio y defendió un modelo en el que "cada uno aporte según sus posibilidades". Una postura que comparte su homólogo aragonés, Javier Lambán que ve la armonización fiscal de "sentido común" siempre y cuando se respete el autogobierno. Desde Extremadura, Guillermo Fernández Vara pidió "volver a una política más homogénea en materia fiscal" y en Asturias, Adrián Barbón rechazó también eliminar el impuesto al patrimonio.
El paquete fiscal andaluz tampoco ha sido bien recibido en el gobierno catalán que preside ERC. La portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha calificado de "subasta populista" la supresión del impuesto al patrimonio aplicada en Andalucía y ha pedido a Moreno que se centre en los andaluces.
Los expertos rechazan bonificar al 100%
Los datos apuntan a que las autonomías que gobierna el PP son casi las únicas que han introducido rebajas fiscales de calado este año. Según un informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia aplicaron bajadas en el IRPF. Además, Galicia rebajó Patrimonio y Andalucía y Castilla y León prácticamente eliminaron Sucesiones y Donaciones.
En la práctica, el impuesto de Sucesiones y Donaciones ha desaparecido de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular, aunque las bonificaciones en este tributo no son exclusivas de sus gobiernos. Por ejemplo, Castilla-La Mancha aplica bonificaciones de más del 80% en este tributo, mientras que Extremadura prácticamente lo bonifica al 100%. Ambas están gestionadas por gobiernos socialistas.
"No encontrarás un manual de hacienda pública que te diga que es bueno descentralizar los impuestos patrimoniales", reflexiona Jorge Onrubia, profesor titular de Hacienda Pública en la UCM e investigador asociado en Fedea. Onrubia rechaza las bonificaciones totales de impuestos porque cree que desvirtúan "la esencia de lo que es un tributo cedido" por el Estado. Sin embargo, no ve con malos ojos que haya cierta competencia fiscal entre comunidades en impuestos como el IRPF, "aunque con unos límites".
Por su parte, Julio Ransés Pérez, presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, cree que la competencia fiscal que existe entre comunidades es mala para el interés general porque disminuye la recaudación total. "Lo que pierde una comunidad no lo gana otra, no lo gana nadie", sostiene.
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