Si el final del pasado curso político valenciano se vio marcado por el terremoto que supuso la dimisión de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras su imputación por el caso que investiga la gestión de su conselleria en el caso de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, el inicio del que acaba de comenzar, el último de la legislatura, también fijará el foco sobre los tribunales. Por un lado, con la declaración de la propia ex número 2 del Gobierno valenciano, prevista para este lunes a partir de las 9.30 horas en la Ciudad de la Justicia de València. En ese mismo escenario, y de forma casi simultánea, está previsto que comience también el juicio del caso Alquería, por el que se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial el expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (ex del PSPV), y otros colaboradores por la presunta contratación irregular de directivos afines a los socialistas y a Compromís en la extinta empresa pública Divalterra, dependiente de la Corporación provincial.

De este modo, los socios del Botànic mirarán de reojo a los tribunales para saber hasta qué punto el devenir de estos dos procesos marca los últimos meses del actual ejercicio político en la Comunitat.

En el caso de Oltra, cuya hipotética vuelta a la política dependerá de los tiempos judiciales (de hecho, Compromís ha introducido una cláusula en su reglamento de primarias para repescarla si resuelta exonerada antes de las elecciones de mayo), será la primera vez que la exvicepresidenta declare ante el juez tras su imputación. Aquella decisión acabó desembocando en su renuncia a todos sus cargos, incluida el acta de parlamentaria en Les Corts, lo que provocó su pérdida del aforamiento y devolvió el caso desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al juzgado original, el de Instrucción número 15 de València, tanto en lo que respecta a ella como a los otros 13 investigados (funcionarios y personal de los centros de menores).

Durante la instrucción, el juez detectó indicios de delito "racionales, serios y fundados" contra Oltra, que en ese momento (abril) era aforada, con lo que se tuvo que inhibir en favor del TSJCV. El tribunal, tras estudiar el asunto, decidió imputar a Oltra al apreciar "una serie de indicios plurales" que hacían sospechar la posible existencia de un concierto entre la exvicepresidenta y diversos funcionarios para "proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada". Ahora, será el juez de instrucción, el primero que apreció los indicios de posible delito, el que tomará declaración a la que era máxima responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuando sucedieron los hechos.

En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto ocultamiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV y pendiente de recurso en el Supremo.

Tras la condena, la menor (que acudió esposada al juicio contra el educador) denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial.

Por lo que respecta al caso Alquería, la instrucción se remonta a mayo de 2018 y tiene como investigados a Jorge Rodríguez y a otras 14 personas más por las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública de la Diputación Divalterra. El juzgado procesó a Rodríguez, para quien la Fiscalía pide ocho años de cárcel, y a 14 personas más vinculadas entonces al PSPV y Compromís por contrataciones al margen de la legalidad en la empresa ya disuelta.

En el auto de procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento), el magistrado apreció indicios de malversación y prevaricación por la presunta simulación de esos contratos por intereses partidistas, y con informes técnicos en contra, para favorecer a afines de ambos partidos. El perjuicio para las arcas públicas se cifró en 1,12 millones de euros.

Ambos casos marcarán no solo el devenir judicial en los próximos meses sino, presumiblemente, también el político.

El caso Erial, a la espera del juicio

El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (PP) también está pendiente de la apertura de juicio del caso Erial, que estalló hace siete años con su detención. Con una veintena de imputados, la investigación se centra en el presunto desvío de 20 millones de comisiones en la adjudicación de las ITV y de parques eólicos en 1997.