Los médicos de la sanidad privada fueron discriminados por la Conselleria de Sanidad, que decidió retrasar su vacunación frente a la Covid-19 y priorizar a los profesionales sanitarios del sistema público. Así lo determina una nueva sentencia, en este caso de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha desestimado el recurso interpuesto por el departamento que dirige Miguel Mínguez contra el fallo de un juzgado de Alicante que lo condenó el pasado 13 de enero por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la salud y a la vida de los facultativos de las clínicas privadas.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, impone, además, 2.000 euros de costas a la administración. Según consta en el fallo, los médicos que ejercían la medicina en la privada no empezaron a ser vacunados hasta el 15 de febrero de 2021, con casi dos meses de retraso frente a los galenos del sistema público y después de que desde el Colegio de Médicos de Alicante se solicitara medidas cautelarísimas, que fueron aprobadas el 21 de enero y, posteriormente, ratificadas por medidas cautelares.

Para la sala, hubo un retraso "cuanto menos negligente" en esa vacunación a los médicos de la privada, a los que se retrasó esa vacuna, a pesar de la exposición a los mismos riesgos. Y considera que ese retraso "en modo alguno estaba justificado" por un doble motivo: la lista de prioridad para los sanitarios "de primera línea" establecida por las autoridades sanitarias no establecía distinciones entre los facultativos, y porque los riesgos para la vida y la salud de los galenos con exposición por el virus eran los mismos en ambos casos.

Según la sentencia no se entiende "de ninguna forma que a uno se les proporcionase la vacuna y a otros más tarde", pues estaban "sometidos a los mismos riesgos" y haber procedido de esta forma justifica "la invocación del derecho a la salud, e incluso a la vida", por la exposición a una enfermedad contagiosa y peligrosa para su integridad física.

De esta forma, rechaza las alegaciones de la administración valenciana, que negaba vulneración alguna y se justificaba en que en las vacunaciones se habían respetado los principios "de necesidad, de equidad, de reciprocidad y de evaluación de los riesgos de exposición, transmisión, morbilidad grave y mortalidad". El TSJCV señala que lo relevante para su enjuiciamiento es que "a pesar de disponer de medios, aun cuando fueran insuficientes, hubo un déficit de atención en la prestación de la vacunación a los sanitarios de la medicina privada en relación con los de la pública", que resulta "discriminatoria", a pesar de estar todos los sanitarios expuestos a las mismas situaciones de riesgo, que comprometían "gravemente" su salud. Y concluye que Sanidad dio prioridad a su personal "descuidando" la atención de los sanitarios no dependientes de sus instituciones públicas.

El Colegio de Médicos de Alicante, que confía en que la Conselleria de Sanidad no recurra ante el Supremo "al estar muy bien argumentada" la decisión del TSJCV, iniciará un procedimiento de responsabilidad patrimonial y calcula que se podrá aplicar a 400 facultativos de esta provincia.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido al presidente Puig que asuma responsabilidades políticas por las sentencias que condenan la "nefasta" gestión sanitaria durante la pandemia y que "pague las costas de su bolsillo". Según apuntó, el modelo del también líder del PSPV ha sufrido "una condena a la totalidad, con pago de costas por priorizar la ideología sectaria al interés general". Además, señaló que tanto el president como la exconsellera de Sanidad y actual síndica socialista, Ana Barceló, realizaron "una gestión negligente y sectaria en los peores momentos de la pandemia". Ciudadanos, por su parte, ha registrado una solicitud de comparecencia parlamentaria del conseller Miguel Mínguez.

La portavoz de Sanidad del PSPV, Carmen Martínez, tildó de "bochornosa" la actitud del PP: "La pandemia fue una situación sobrevenida en la que la vida de las personas estuvo siempre por encima de todo", replicó.

"No se establecía ningún orden"

La vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España, María Isabel Moya, que impulsó la demanda al ocupar en aquel momento la presidencia de esta institución en Alicante, explicó en una rueda de prensa que, en aquellos momentos, la sanidad privada estaba intervenida y que en la estrategia nacional de vacunación "no establecía ningún orden, como no podía ser de otra manera" para que no se vea vulnerado el artículo 14 d ella Constitución Española.