La batalla que el Gobierno y el Partido Popular libran por inclinar a favor de progresistas o conservadores la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ya casi cuatro años paralizada. Más de 1.300 días que han sacado a la Justicia española del marco constitucional y la han dejado fuera de combate. Especialmente en el caso del Tribunal Supremo, que tal y como denunció su presidente, Carlos Lesmes, durante el acto de apertura del año judicial celebrado el pasado miércoles, está hecho un "estropicio".
El bloqueo que el Consejo General del Poder Judicial sufre desde 2018, a causa de la falta de consenso para su renovación en el Parlamento, se extendió al resto de la Justicia española cuando, a finales de marzo de 2021, los partidos que componen el Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, impulsaron una ley que limita las competencias del CGPJ mientras este se encuentre en funciones.
A partir de entonces, el órgano de gobierno de los jueces quedó inhabilitado para realizar nombramientos discrecionales. Esto supuso un veto a la renovación de varios órganos judiciales, incluyendo las presidencias de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y de las audiencias provinciales, así como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Una situación que cambió para el Constitucional el pasado julio, cuando se impulsó una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, permitiendo que el CGPJ nombre a dos magistrados para el TC.
Entre tanto, el Supremo permanece incapaz de renovar sus miembros, a la vez que acumula cada vez más vacantes y miles de sentencias pendientes. Una situación de retraso con efectos "devastadores", según denunció Lesmes el pasado miércoles.
"El Tribunal Supremo tiene 14 vacantes sin cubrir, y en los próximos meses serán 20, lo que representa el 25% de sus efectivos", afirmó el presidente del CGPJ y el Supremo en su discurso. Las carencias en la plantilla del Tribunal han provocado un retraso significativo en su ritmo de trabajo, y cada vez más causas pendientes de deliberación se acumulan en las cinco salas que lo componen, si bien la situación no es igual en cada una de ellas.
Las vacantes del Supremo, sala por sala
La Sala Primera, de lo Civil, tiene una plaza por cubrir de entre las diez que la componen, incluyendo la de su presidente. La Sala Segunda, de lo Penal, es la única de todas que tiene completa su plantilla.
La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, se lleva la peor parte. Ocho de los 33 asientos que componen la sala que revisa la acción de gobierno se encuentran vacíos sin la posibilidad de nombrar a nuevos magistrados para ocuparlos. Las vacantes, que se han ido abriendo, principalmente, por la jubilación o el fallecimiento de magistrados, suponen ya casi el 25% de los miembros de esta sala. Los 25 magistrados que forman la Sala Tercera constituyen el mínimo legal para constituir las cinco secciones en las que esta se divide.
La Sala Cuarta, de lo Social, que debería estar compuesta conforme a la ley de Demarcación y Planta Judicial por 12 miembros y un presidente, tiene dos vacantes pendientes de ocuparse. En octubre se jubilará el presidente de la Sala y otro magistrado, quedando únicamente nueve miembros.
Esta Sala Cuarta es una de las que más sentencias pendientes acumula. No en vano, es la que se encarga de revisar los contenciosos laborales, y se han contado por miles las causas derivadas de la crisis de 2008, primero, y posteriormente de la pandemia de coronavirus.
La Sala Quinta, de lo Militar, debería estar formada por un presidente y siete magistrados, pero actualmente cuenta solo con siete miembros en total. De cara a principios de 2023, las bajas previstas en las salas Segunda, Tercera y Cuarta dejarán al Supremo con 20 vacantes por cubrir, el 25% del total.
"Dentro de poco habrá salas del Supremo que no podrán componer con regularidad sus secciones", declaró esta semana Lesmes al respecto de la desastrosa situación. Un "estropicio tan grande", añadió, "que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia''.
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