Miguel Ángel Aguilar Cronista parlamentario
OPINIÓN

Información clasificada

Bolaños defiende la Ley de Secretos: "Nos alineamos con las democracias más avanzadas"
Bolaños defiende la Ley de Secretos: "Nos alineamos con las democracias más avanzadas"
Europa Press
Bolaños defiende la Ley de Secretos: "Nos alineamos con las democracias más avanzadas"

Los trabalenguas infantiles alcanzaban su cénit con aquel de

"El arzobispo de Constantinopla, se quiere desarzobispoconstantinopolizar,
​el desarzobispoconstantinopolizador que lo desarzopispoconstantinopolizare
​buen desarzobispoconstantinopolizador será".

Enunciarlo de nuevo en alta voz puede permitirnos entender mejor la urgencia repentina que se ha apoderado del Gobierno impulsándole a lanzar en pleno agosto el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que viene a sustituir a la vigente Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales. Una sustitución que, según se nos dice en la exposición de motivos, obedece a la necesidad de dotar al ordenamiento de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia.

Más allá de esta palabrería, el origen de esta iniciativa trata de atender una exigencia de los socios sanchistas del PNV que volvieron a recordarla durante el debate sobre el estado de la Nación del martes 12 de julio y trae causa también del efecto Pegasus.

La exposición de motivos menciona el artículo 105.b) de la Constitución, según el cual la Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Un principio que se materializa en el derecho de acceso a esa información y que el anteproyecto sostiene que "puede limitarse siempre que existan razones de orden público que así lo justifiquen". Estas limitaciones deben tener topes, por lo que se establecen una serie de procedimientos y regulaciones para la clasificación de aquella información cuya revelación indebida pueda dañar o poner en peligro la seguridad o defensa nacional, sin que exista en adelante información sustraída al conocimiento público sine díe.

La relación de autoridades competentes para 'clasificar' información atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de declararla de "Alto secreto" o "Secreto", sin perjuicio de que por Ley se pueda proteger la información que pertenezca a un ámbito específico. En lo que respecta a las categorías de "Confidencial" y "Restringido" figura una relación de autoridades a las que se otorga esa competencia. Pero de tapadillo se dibuja una "Autoridad Nacional de Protección de Información Clasificada" que se desgaja del CNI para adscribirla al ministro de la Presidencia. A la mencionada Autoridad se le confiere la responsabilidad de la protección y el tratamiento de la Información Clasificada, además de encargarle de otorgar "Habilitación Personal de Seguridad", que permite a quienes la poseen el acceso y manejo de esa información. Unas funciones que hasta ahora han estado atribuidas a la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), integrada en el CNI desde que fue creada en 1983. Es a esa ONS a la que compete recibir la información clasificada procedente de la OTAN y de la UE.

Desde la proximidad a estas cuestiones, dadas sus anteriores responsabilidades como subdirector del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el general Juan Bautista Sánchez Gamboa, considera en una columna publicada en El Diario Montañés, que esta escisión puede dificultar la unidad de acción, que está en la base de su eficacia. Otras críticas están enfocadas al Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1 de agosto de 2022, que ha autorizado la tramitación administrativa por el procedimiento de urgencia del anteproyecto de ley. Como consecuencia de ello, al amparo de lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha prescindido del trámite de consulta pública y sólo se prevé la realización del trámite de información pública por un período de siete días, del 1 al 7 de agosto. El Gobierno aduce para justificar la aceleración el retraso acumulado que lleva esta cuestión anclada en una Ley de 1968 pero se diría que pasamos, una vez más, de la parálisis a la epilepsia. Lo que es seguro es que las Asociaciones de la Prensa saltarán a la palestra criticando un texto por la amenaza a las libertades que encierra sobre la que será necesario volver.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento