La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, confía en que las empresas pondrán de su parte para mitigar la inflación y no repercutirán los nuevos impuestos a sus beneficios 'caídos del cielo' sobre los consumidores. Una posibilidad que el Ejecutivo quiere prohibir en la ley que desarrollará estos tributos, pero sin que se haya hallado todavía una fórmula concreta sobre cómo hacerlo.

En una rueda de prensa concedida tras reunirse con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, Calviño ha asegurado que "todas las grandes empresas tienen un claro interés en dar soluciones, arrimar el hombro y contribuir a que se pueda frenar la inflación". "Me consta que las entidades financieras de nuestro país están interesadas en arrimar el hombro y contribuir a ese doble objetivo. No tiene sentido que haya un planteamiento en el que esta medida se vea repercutida sobre los clientes y los ciudadanos", ha expresado la ministra de Asuntos Económicos.

Preguntada por cómo pretende el Ejecutivo garantizar que los consumidores no acabarán pagando parte de esos nuevos impuestos, Calviño ha eludido dar detalles sobre la fórmula concreta y se ha mostrado confiada en la "amplia experiencia" de los técnicos del Ministerio de Hacienda en esta materia.

Por ahora, lo único que ha trascendido es que el Gobierno pretende que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ejerza una vigilancia especial para comprobar que las empresas afectadas cumplen. El viernes pasado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que se dotará al órgano regulador "de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones en caso de que alguna empresa se separe de la legalidad". 

Después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado martes su intención de crear dos tributos para gravar los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y entidades de crédito, todavía faltan por concretar muchos detalles sobre cómo se concretarán esas nuevas figuras. 

Esta mañana el diario El País avanzaba que una de las fórmulas que se están barajando sería gravar los intereses y comisiones de la banca con un tributo específico que podría rondar el 5%. Mientras que para el caso de las grandes energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras) la fórmula será muy parecida a la implantada en Italia, donde el impuesto se aplica a partir de la facturación del IVA.