El informe del abogado general de la UE sobre la negativa de Bélgica a entregar a uno de los exconsejeros catalanes huidos tras el proceso independentista catalán supuso un espaldarazo a la justicia española y un revés para la estrategia de defensa del expresident Carles Puigdemont, al tiempo que allana el camino para reactivar la orden europea de detención y entrega dictada por el Tribunal Supremo. Pero ni mucho menos se avecina un final del camino a corto o medio plazo, pues aún deben resolverse dos procedimientos distintos que discurren en paralelo en los tribunales europeos y sus conclusiones no se esperan hasta dentro de meses. Las resoluciones, a su vez, podrían llevar a la apertura de nuevos trámites en los tribunales belgas.

El informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Richard de la Tour, ha sido muy claro con respecto a la negativa de Bélgica a entregar a España al exconsejero Lluís Puig: la Justicia belga no puede rechazar la entrega de los procesados por el procés reclamados por el Supremo, entre ellos Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España. Tampoco puede poner en duda las competencias del órgano judicial español como autoridad para emitir las euroórdenes, pues recuerda que el "principio de confianza mutua" entre los Estados miembros de la UE debe aplicarse plenamente.

Este pronunciamiento del abogado general se produce porque el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, se dirigió al TJUE para aclarar el alcance de la emisión de las euroórdenes emitidas por el Supremo, después de que en marzo de 2021 la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconsejero Lluís Puig. 

De la Tour ha emitido su dictamen un año y cuatro meses más tarde. Y aún se tiene que pronunciar el propio tribunal, lo que no se espera hasta dentro de varios meses; lo más probable, a finales de este año. La opinión del abogado general no es vinculante para el TJUE, pero en la mayoría de los casos las sentencias dictadas por la Justicia europea siguen la línea marcada por estos dictámenes.

Casi cinco años huido en Bélgica

El camino que queda, por tanto, aún es largo. Cuando el tribunal se pronuncie ya se habrán cumplido cinco años desde que Puigdemont y varios consejeros de su Govern huyeron a Bélgica para evitar la querella por rebelión, sedición y malversación que la Fiscalía ya estaba preparando tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de ese mes.

Sea cual sea la sentencia que emita el TJUE, tanto si avala las euroórdenes dictadas por Llarena como si no cuestiona la decisión del tribunal belga, marcará el futuro judicial de Puigdemont. El expresident y su abogado, Gonzalo Boye, no ocultan su disgusto por el dictamen del abogado general, consideran que se ha equivocado claramente y advierten de que la 'batalla' judicial aún no ha terminado. "Vamos a esperar a ver qué dice el TJUE", dijo el letrado.

¿Y qué implicaría que el TJUE diera la razón al Supremo español? En realidad, esto no supondría una entrega automática de Puigdemont a España. Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurriría es que la orden europea de detención y entrega emitida por Llarena se reactivaría, de modo que el expresidente catalán tendría que comparecer de nuevo ante los tribunales belgas -si es que no cambia de lugar de residencia-. Boye, de hecho, no descarta esta posibilidad, y así lo ha dicho, pero esto implicaría empezar el proceso desde el principio.

Por el contrario, si el tribunal europeo no sigue el criterio del abogado general y falla a favor de Bélgica y, por ende, de los exdirigentes independentistas huidos en ese país, es muy probable que la euroorden contra Puigdemont y los demás quede prácticamente condenada al fracaso. La respuesta, en unos meses.

La inmunidad complica la estrategia del Supremo

Sin embargo, esta no es la única vía judicial que tiene abierta Puigdemont ante el TJUE. Tanto el expresident como sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí son diputados en el Parlamento Europeo y hace solo dos meses, el 22 de mayo, el tribunal europeo les devolvió la inmunidad de la que gozaban por esa condición política. Lo hizo de forma cautelar, es decir, temporal, hasta que tome una decisión definitiva sobre esta especial protección de cara a la reclamación de entrega que llega desde el Supremo.

Así, de momento, Puigdemont, Comín y Ponsatí tienen inmunidad parlamentaria y aunque el TJUE resolviese a favor del juez Llarena en el anterior procedimiento, los exdirigentes catalanes estarían protegidos. Y, por tanto, nada podría hacer el magistrado para que las euroórdenes tuvieran éxito.

Los tiempos del tribunal europeo sobre el proceso paralelo referido a la inmunidad parlamentaria aún son inciertos. Pero lo que es seguro, como en el caso del contencioso generado por la negativa de Bélgica para entregar a Puig, es que las resoluciones del TJUE se hacen de rogar, por lo que la respuesta final aún tardará varios meses.