La Comunidad de Madrid continúa su cruzada contra quienes causan incendios forestales, tanto de forma imprudente como intencionada, que provocan daños en la fauna, la flora y a veces en propiedades privadas y públicas. Si el pasado febrero se acordó reclamar más de 7.000 euros a unos ciudadanos que hicieron una barbacoa en Brunete durante el periodo en el que está prohibido hacer fuego al aire libre, este miércoles el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva reclamación por el dinero que costó un operativo de extinción, y lo hace en un momento en el que el riesgo de incendio es máximo en la región y en gran parte del país.

En esta ocasión, la Comunidad va a reclamar en los tribunales a un ciudadano la cantidad de 1.897,14 euros, que se corresponde con el importe que se invirtió en sofocar un conato de incendio forestal intencionado.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio de 2021 en un paraje de San Martín de Valdeiglesias conocido como Camino Angosto. El presunto autor del fuego, al que ahora se exige el dinero, fue sorprendido por agentes forestales de la Comunidad y por efectivos de la Policía Local del citado municipio en el momento en el que estaba provocandándolo junto a una zona de matorrales.

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Los forestales y el cuerpo de seguridad estaban realizando un dispositivo especial de vigilancia cuando dieron con él debido a que en las jornadas anteriores en la zona se habían declarado otros incendios. El conato del día 15 afectó a una superficie de 800 metros cuadrados de pastos y calcinó algunos almendros.

El Consejo de Gobierno de este miércoles ha autorizado la personación de la Administración autonómica en el procedimiento iniciado como consecuencia del siniestro contra este individuo para que la Comunidad de Madrid pueda reclamar, como actor civil y en concepto de daños y perjuicios, el dinero que gastó. 

Este es el séptimo caso de estas características en el que se persona la Comunidad. En el proyecto de ley de Protección Civil, que se debatirá en los próximos meses en la Asamblea regional, se ha incluido a instancias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que la Administración autonómica pueda personarse como acusación particular para los casos de incendios provocados con consecuencias graves para el medioambiente y los ciudadanos.

En la Comunidad se investigan el 100% de los incendios forestales, recuerdan desde el Ejecutivo. Estas fuentes apuntan que en los casos de negligencia, imprudencia e intencionados en los que hay un autor conocido, el Cuerpo de Agentes Forestales pone los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales. 

"Para el Gobierno madrileño resulta fundamental perseguir y evitar conductas y prácticas no autorizadas de uso de fuego para impedir que se produzcan grandes incendios forestales que provoquen pérdidas en el patrimonio natural y, sobre todo, pongan en riesgo a los ciudadanos", han añadido.