De aquí a 2024, ocho de cada diez docentes no universitarios, más de 550.000, tendrán que haber demostrado un mínimo de conocimientos digitales. Así lo han acordado este jueves el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del ramo. Los criterios que se tendrán en cuenta para evaluar las competencias serán iguales en todo el territorio nacional y se clasificarán en tres niveles.
Durante la reunión, presidida por la ministra Pilar Alegría, se ha establecido también el periodo en el que se deberá desarrollar esta estrategia que se enmarca dentro del objetivo del Ejecutivo de impulsar la digitalización en las aulas. "Un compromiso adquirido por España ante la Comisión Europea y que está reflejado en el Componente 19 de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", destacan desde Educación.
Las comunidades disponen ahora de un plazo de un año para elaborar una normativa que marque cómo acreditar dichas competencias. Así, según el objetivo del Gobierno, dentro de dos años, el 80% de los 700.000 profesores de escuelas e institutos tendrán reconocidos esos conocimientos.
Y ¿cómo demostrará cada docente que, efectivamente, cuenta con ese mínimo de competencias? Pues bien, en la Sectorial de este jueves se ha acordado una clasificación según el nivel alcanzado muy parecida a la que se sigue para la evaluación de los idiomas: A1 y A2 para el estado inicial; B1 y B2 para el intermedio; y C1 y C2 para el avanzado.
"Los niveles más bajos son sobre todo de conocimiento, no tanto de aplicación en el aula", detalla a 20minutos el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), Julio Albalad. Aquí se podrá alcanzar la acreditación mediante cursos de formación, elaborando una prueba objetiva que desarrolle la administración de cada territorio o incluso presentando títulos universitarios que demuestren haber asimilado esos conocimientos durante la carrera.
Ya en el nivel intermedio, se aceptarán los mismos requisitos (cursos, exámenes o titulación), siempre y cuando demuestren que se ha aplicado a las aulas. A los últimos niveles, el C1 y el C2, Educación reconoce que no llegarán todos los docentes, ya que se endurecerán las condiciones, y contemplarán los casos en los que un profesional haya investigado o innovado en un campo concreto, que haya recibido la evaluación de un experto en la propia aula, o que haya presentado publicaciones y estudios sobre el tema, entre otros.
Todo ello se irá recopilando en una base de datos que, si bien no recogerá los datos personales (nombres, apellidos, etc.) de los docentes que vayan demostrando sus competencias, sí que permitirá llevar la cuenta de cuántos docentes se van acreditando.
500 millones para cooperación internacional
También este jueves se ha ratificado la distribución de los 284,7 millones de euros para cooperación territorial que ya se aprobó en Consejo de Ministros hace poco. Estos fondos, según subraya el departamento de Alegría, "servirán también para el desarrollo de los planes digitales de los centros educativos", un instrumento que, aseguran, irá dirigido al desarrollo de los planes digitales en los colegios.
Otros 118,2 millones se han aprobado también para PROA+, el Programa para la Orientación, Avanza y Enriquecimiento Educativo que está dirigido a mejorar los resultados educativos y prevenir el abandono escolar en centros sostenidos con fondos públicos que cuentan con un porcentaje "significativo" de alumnado con dificultades educativas. De hecho, para apoyar a ese alumnado se financiará con 38,5 millones de euros la creación de más de 800 unidades encargadas de hacer un seguimiento de los estudiantes con más dificultades.
Por último, las comunidades autónomas han validado la financiación de los libros de texto de las familias con menos recursos económicos, que también se aprobó en el último Consejo de Ministros, mediante el reparto de 58,5 millones de euros.
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