Miles de trabajadores ferroviarios del Reino Unido secundan este jueves la segunda de tres jornadas de huelga de trenes, la mayor desde 1989, mientras el gobierno adelanta un ley que permitirá la posibilidad de suplir a empleados que secunden paros con trabajadores de agencia temporales.
Estas huelgas han sido convocadas por el Sindicato nacional de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte (RMT, en inglés), después de que fracasaran las negociaciones con la gestora pública de la infraestructura Network Rail y los operadores privados de las líneas.
La última jornada de las protestas tendrá lugar el sábado y se espera que con este fuerte impacto para los usuarios y la economía se logre escuchar el reclamo de los trabajadores que exigen mejoras salariales.
Este jueves, cerca de 40.000 trabajadores han paralizado la red de trenes del Reino Unido, lo que ha obligado a muchos ciudadanos a optar por otros medios de transporte como los autobuses o taxis, mientras que otros han decidido trabajar desde su casa.
La huelga supondrá un elevado coste para la economía británica, especialmente para el sector de la hostelería, que estima una pérdida de 500 millones de libras, lo que equivale a 580 millones de euros.
El secretario general del RMT, Mick Lynch, ha indicado que los miembros del sindicato seguirán con esta campaña hasta que logren un acuerdo que "aporte seguridad laboral y un incremento de sueldo para nuestros miembros que haga frente a la escalada de la crisis del coste de vida".
Gobierno británico busca una solución
Las protestas llegan en un momento delicado para el Reino Unido por cuenta de una crisis derivada del rápido incremento de la inflación interanual, que se sitúa en el 9,1 %. Por tal razón, el Gobierno británico prepara un proyecto de ley que permitirá a las empresas contratar a trabajadores de agencia temporales para reemplazar a los empleados que se sumen a paros.
El ministro de Empresas, Kwasi Kwarteng, ha asegurado que dicha legislación, que se espera que entré en vigor en pocas semanas, eliminará "restricciones de la era de 1970", dará "libertad a las compañías" e impedirá que los huelguistas "hagan rehén al país paralizando servicios públicos y negocios".
Por su parte, la secretaria general de la federación de sindicatos TUC, Frances O'Grady, ha calificado los planes del Gobierno como "intento deliberado de socavar el derecho a la huelga y reducir el poder negociador de los trabajadores".
"Utilizar a trabajadores de agencia menos cualificados para llevar a cabo servicios importantes pondrá en riesgo la seguridad de las personas, empeorará las disputas y envenenará las relaciones industriales", ha alertado.
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