El debate dentro del Gobierno sobre la posibilidad de instaurar un impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas eléctricas se ha topado, antes siquiera de entrar en materia, con un debate jurídico sobre si es o no posible poner en marcha este tributo en el corto plazo o la ley obliga a esperar a 2023. Por ello, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno que lidera Yolanda Díaz está ultimando una propuesta que serviría para esquivar esas trabas legales y aprobar el gravamen de manera inmediata: renunciar a crear un impuesto nuevo y vehicular el endurecimiento de la fiscalidad de las eléctricas a través de un recargo extraordinario del impuesto de sociedades.

Esa vía no es nueva: Unidas Podemos ya planteó a principios de año en el Congreso una proposición no de ley -una iniciativa sin efectos legales- para instar al Gobierno a instaurar un recargo de 10 puntos en el impuesto de sociedades, el que pagan las energéticas (y el resto de las empresas) por sus beneficios. No obstante, que Díaz haya elegido esta senda no es baladí, sino que se trata de una manera de derribar las reticencias del PSOE, que en los últimos días ha justificado su rechazo a que las eléctricas paguen más impuestos en el corto plazo argumentando que la ley prohíbe crear nuevos impuestos con un decreto.

Las dudas del PSOE a este respecto tienen cierto sentido, aunque es cierto que el Tribunal Constitucional interpreta que la Carta Magna no veta completamente la creación de gravámenes a través de decreto, la figura que sirve para adoptar decisiones rápidas por parte del Gobierno evitando el largo y farragoso procedimiento legislativo ordinario. Pero, antes que entrar en una discusión sobre la interpretación jurídica de la Constitución, Díaz ha decidido recurrir a otra vía: la modificación de un impuesto ya existente para endurecerlo de manera extraordinaria para un determinado grupo de empresas. 

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Lo cierto es que existen precedentes de este tipo de modificaciones en el impuesto de sociedades a través de un decreto. En 2011, por ejemplo, el recién llegado Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una subida general del tipo impositivo del impuesto de sociedades a través del un real decreto que fue recurrido por el Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional. Ese órgano, no obstante, desestimó el recurso, y tampoco ha puesto pegas a otros cuatro reales decretos aprobados en los dos últimos años con modificaciones puntuales del impuesto de sociedades.

El departamento que lidera Díaz no ofrece detalles sobre la cuantía del recargo que plantean o sobre cuánto se espera recaudar con esa medida, con la intención de salvaguardar la discreción de la negociación con el PSOE. La vicepresidenta, no obstante, lleva unos días endureciendo el tono contra los socialistas, y este jueves se dirigió directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para recordarle que "no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por puro mandato constitucional".

El choque con el PSOE

Esa acotación de Díaz responde a que la parte socialista del Gobierno lleva días retrasando este debate a la negociación de las próximas cuentas, lo que implicaría que el impuesto entraría en vigor, como pronto, en enero de 2023. Lo que dice la vicepresidenta es jurídicamente exacto: la Constitución prohíbe crear nuevos impuestos dentro de los Presupuestos. Pero lo cierto es que el Ejecutivo sí puede aprobar un nuevo tributo en una ley que se tramite en paralelo a la de las cuentas, aunque no vaya incluido en el texto legal de los Presupuestos.

En cualquier caso, y más allá del debate jurídico, lo que sospecha la parte del Gobierno de Unidas Podemos es que el PSOE quiere dilatar el debate sobre un impuesto a las eléctricas porque no está convencido de implantarlo. Así lo planteó Díaz este miércoles, cuando aseguró que "cuando hablamos de metodologías procedimentales, en el fondo estamos ocultando debates" sobre el contenido de las medidas. Y ello pese a que, en los últimos días, varios pesos pesados socialistas han asegurado que comparten "que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas", en palabras de la ministra Montero.

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Díaz, asimismo, está aprovechando para incrementar la presión al PSOE recordando que instituciones internacionales como "la OCDE" o "la Comisión Europea" han recomendado endurecer la fiscalidad que afecta a las empresas energéticas, y también insiste en que se está haciendo así en países como Reino Unido o Italia. En concreto, el Gobierno británico aprobó el mes pasado la introducción de un impuesto temporal del 25% a los beneficios de las empresas de petróleo y gas, aunque no a las eléctricas, mientras el Ejecutivo italiano ha elevado también hasta un tipo del 25% su impuesto a los beneficios caídos del cielo -los que obtienen de vender toda la electricidad al precio de la más cara de producir- de las eléctricas.