Unidas Podemos no afloja en su exigencia de poner en marcha de inmediato un impuesto extraordinario a los beneficios de las empresas eléctricas. Y de inmediato, para los morados, significa en las próximas semanas, a la vez que se instaura el fondo para que las comunidades puedan subvencionar sus abonos de transporte público y dejarlos a un precio de 10 euros, precisamente para que el nuevo tributo pueda servir para "financiar" la medida. Así lo planteó este jueves la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que se unió a la urgencia para aprobar este impuesto que ya planteó el miércoles la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

La gran novedad no es que Belarra defendiera poner en marcha un gravamen especial a las empresas energéticas, una propuesta que Unidas Podemos lleva meses planteando, sino que vinculara tan directamente la aprobación de este nuevo impuesto a la creación de un fondo de 560 millones de euros para financiar las ayudas al abono de transporte público. "Sería muy positivo que pudiéramos financiar ese abono transporte a 10 euros a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que el año pasado cuadruplicaron sus beneficios", planteó la ministra de Derechos Sociales.

Las palabras de Belarra suponen un nuevo intento de Unidas Podemos de presionar al PSOE para acelerar la puesta en marcha de un tributo que los socialistas dicen compartir, pero cuyo diseño y puesta en marcha no quieren aprobar hasta los próximos Presupuestos Generales del Estado, lo que lo retrasaría a principios de 2023. Por el contrario, la parte del Gobierno del PSOE sí se ha mostrado dispuesta a estudiar el abono transporte a 10 euros para que entre en vigor a partir de julio, si bien los morados denuncian que los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica aún no se han querido reunir con Derechos Sociales, pese a que apenas quedan un par de semanas para que se prorrogue el plan de choque por la guerra que debería incluir esta medida.

Las palabras de Belarra se produjeron apenas unos minutos después de que la vicepresidenta Díaz volviera a hacer presión, desde Luxemburgo, en la misma dirección. "Hay que legislar con carácter inmediato para crear esta figura impositiva", el nuevo tributo a los beneficios de las eléctricas, insistió Díaz, que deslizó que el PSOE lleva "aparcando" desde el inicio de la legislatura el debate sobre la reforma fiscal, que "urge" poner en marcha. La vicepresidenta, además, recordó que "no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por puro mandato constitucional".

La vía para aprobar el impuesto

Esa última acotación de Díaz responde a que la parte socialista del Gobierno lleva días retrasando este debate a la negociación de las próximas cuentas. Lo que dice la vicepresidenta es jurídicamente exacto: la Constitución prohíbe crear nuevos impuestos dentro de los Presupuestos. Pero lo cierto es que el Ejecutivo sí puede aprobar un nuevo tributo en una ley que se tramite en paralelo a la de las cuentas, aunque no vaya incluido en el mismo texto legal.

Las dos alas del Gobierno se enredan con el calendario y la vía para aprobar un impuesto extraordinario a las eléctricas

El debate jurídico, no obstante, es clave para determinar si se puede o no poner en marcha en un plazo de apenas unas semanas un impuesto a los beneficios de las eléctricas. La vía que prefiere el PSOE es una más lenta pero que, a juicio de los socialistas, sería jurídicamente más garantista, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abundó este miércoles en esa idea asegurando que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales". Pero aunque las dudas socialistas sobre si puede utilizarse esta vía -la más rápida- para crear el impuesto tienen cierta razón de ser, el Tribunal Constitucional es ambiguo sobre la legalidad de establecer nuevos tributos con un decreto y no lo prohíbe tajantemente.