El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para la aprobación de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad de la Sanidad que cuando termine el trámite parlamentario que empezará ahora limitará la privatización de la sanidad pública hasta el punto de que la norma general será la gestión pública y la gestión indirecta pasará de ser sustitutoria como ahora a únicamente complementaria cuando no haya otra opción. El Gobierno no ha llegado a tanto como a deshacer las privatizaciones, aunque ha incluido en el proyecto de ley una disposición que prevé una reforma legal posterior para "facilitar" que las comunidades que los deseen puedan deshacer privatizaciones ya hechas.

Según ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, desde  Moncloa, la ley se dispone a "blindar" la sanidad pública, porque "identifica como modelo de gestión la gestión directa", es decir, "aquella que se presta por entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local" o también mediante la creación de consorcios donde tampoco podrá haber empresas privadas, sino que deberán ser "100% de titularidad pública".

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Si la gestión directa -pública- pasa a ser prioritaria, la norma relega a la gestión indirecta -privada- a un papel "excepcional", cuando la comunidad autónoma en cuestión justifique la necesidad de que un centro público sea gestionado por una empresa privada. De esta forma, hospitales y otros centros sanitarios privados serán solo "complementarios o de apoyo" a los de titularidad pública, "nunca sustitutorios", ha dicho Darias, y "siempre motivada objetivamente y cuando no sea posible la gestión directa", es decir, pública. La medida no afectará al régimen específico previsto para las mutualidades de funcionarios.

Para poder recurrir a la gestión privada de la sanidad, una comunidad deberá acreditar requisitos relativos a la "utilización óptima de sus recursos sanitarios propios" o a la "insuficiencia de medios propios" para ofrecer un determinado servicio. Es decir, justificar que deben recurrir a la privada porque la gestión pública no puede dar respuesta.

Este proyecto de ley deroga la norma de 1997 que abrió la puerta a la gestión privada de la sanidad, aunque no elimina del todo esta posibilidad, porque cuando la ley esté aprobada definitivamente -ahora tiene que pasar por el Congreso y por el Senado-, la ministra de Sanidad pactará con las comunidades en el Consejo Interterritorial qué criterios determinarán que se autorice la privatización de un servicio sanitario.

De esta forma, el Gobierno trata de sortear los posibles problemas de competencias -la sanidad está transferida a las comunidades-, intentando un acuerdo para permitir excepcionalmente la privatización que idealmente debería contar con el visto bueno de autonomías que recurren normalmente a la gestión indirecta, como Madrid o Andalucía, aunque en el Consejo Interterritorial basta una mayoría simple que ahora se alcanzaría con el voto de los consejeros socialistas.

El proyecto de ley, ha dicho Darias sobre la cuestión competencial, "consta de todos los informes preceptivos y respeta el ámbito competencial de las comunidades. A la hora de determinar los criterios para acreditar de manera objetiva que una comunidad tiene que ir a la gestión indirecta será el Consejo Interterritorial donde establezcamos los criterios y las pautas", ha incidido.

Con estos criterios, la privatización de la sanidad se limitará, pero no se revertirán acuerdos de gestión ya suscritos entre administraciones públicas y empresas privadas. En su lugar, el Gobierno se compromete de una forma indeterminada a aprobar un ley estatal para "facilitar" que las comunidades que lo deseen puedan "revertir 

"No servirá de nada"

La sanidad privada ha criticado estos planes del Gobierno, que también contaron con la oposición firme de uno de los socios de la coalición, de Unidas Podemos, cuando hace unos meses se presentó el anteproyecto de ley que este martes ha salido del Gobierno al Congreso convertido en proyecto de ley.

Los morados argumentaban que la ley no cambiaría nada porque no prohibía del todo las privatizaciones y porque tampoco obligaba a deshacer las que ya existían. Este martes, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha insistido en que la definición de "excepcionalidad" en la ley para la sanidad pública "es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana".

"Los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos", ha incidido Echenique, que como hace meses ha indicado que Unidas Podemos, socio de la coalición de Gobierno, enmendará en el Congreso el proyecto de ley.

En relación a las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos dentro de la coalición, Darias ha recordado que el proyecto de ley "emana del Consejo de Ministros" y ha sido "enriquecido y participado", con diferencias entre el primer texto que se conoció y el que se llevará ahora al Parlamento. "Hay cambios sustanciales, hemos llegado adonde el ordenamiento jurídico nos permite llegar", ha añadido sin dar más detalles.

No futuros copagos

Por otra parte, la ley sanitaria que ha tenido este martes el visto bueno del Consejo de Ministros cierra el paso a futuros copagos y amplía los colectivos que podrán acceder a la asistencia sanitaria pública

"Se garantiza que no se puedan introducir nuevos copagos sanitarios", la versión del proyecto de ley que ha publicado este martes el Congreso. Por ejemplo, no se podrán crear en transporte sanitario no urgente, en productos dietoterápicos y ortoprotésicos. Con respecto a estos últimos, la ley hará que las personas que ya están exentas del copago farmacéutico -por cobrar el ingreso mínimo vital u otras rentas de inserción, por ejemplo- no tengan que pagar tampoco por productos ortoprotésicos.

Españoles en el exterior o padres de emigrantes

Además, la ley amplía los colectivos de personas con acceso a la sanidad pública, como españoles residentes en el exterior, personas desplazadas temporalmente al territorio español y los familiares que les acompañen.

Además, los padres llegados a España para reagruparse con hijos emigrantes que ya sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria pública, siempre que estén a cargo de este y que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia.

La norma incluye también la universalización de la sanidad, para que también se atienda a personas en situación irregular en España que se consagró en el un decreto ley de 2018 y sobre el que Darias ha evitado las críticas directas a su no aplicación por parte de algunas comunidades afirmando que "había dudas de interpretación". "Con este proyecto de ley queda claro cómo se va a prestar, se elimina el informe social y la asistencia se prestará con cargo a fondos públicos en el momento de la presentación de la solicitud", ha dicho.