Los sindicatos denuncian que se esté usando la educación "como arma política" y lamentan que se "desvíe" la atención de "lo importante"

Estudiantes de bachillerato durante la realización de los exámenes Selectividad o Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 7 de julio de 2020.
Estudiantes de bachillerato durante la realización de los exámenes Selectividad o Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 7 de julio de 2020.
ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS
Estudiantes de bachillerato durante la realización de los exámenes Selectividad o Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), en Valencia, Comunidad Valenciana (España), a 7 de julio de 2020.

A diferencia de lo que está sucediendo en el plano político, los sindicatos se alejan de la polémica que se ha reactivado estas últimas semanas en torno al currículo de Bachillerato. Pese a estar más o menos de acuerdo con el contenido del decreto que aprobó el Ministerio de Educación en abril, todos coinciden en un par de puntos: creen que se está utilizando la educación como "arma política" y lamentan que ello esté "desviando" la atención de otros asuntos que consideran más importantes para mejorar el sistema educativo. 

"En primer lugar, rechazamos la politización. No podemos estar durante décadas utilizando leyes educativas como un arma política, porque si no, no vamos a avanzar, y los principales perjudicados son los alumnos", lamentan a 20minutos desde el área de Enseñanza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Lo que sucede, señalan, es que el tira y afloja político asienta un ambiente de inestabilidad que desemboca en un "malestar generalizado en la profesión".

Y es que una de las preocupaciones de los docentes es ver cómo el fin de curso está a la vuelta de la esquina y todavía no tienen certeza sobre cómo afrontar las modificaciones que deben introducir a partir de septiembre. Según dicta la ley, a las comunidades les corresponde aprobar decretos para completar el 40% restante de los currículos (el 50% en territorios con lengua cooficial) en base a lo establecido por el Ejecutivo. 

"Pero hay mucho despiste y eso lo sufren también los profesores. Hay un síntoma de esto, y es que estamos ya entrados en junio, dentro de nada nos vamos de vacaciones, y no tenemos todavía los currículos de las autonomías". Así, desde CSIF instan a las personalidades políticas a dejarse de "peleas partidistas", aunque asumen que, "cuando no es por esto, es por la lengua", lo que tachan de una situación "dramática". 

"Desviando la atención"

En una posición parecida se mantienen desde el sindicato independiente ANPE. Esteban Serrano Tamayo, secretario de Organización de ANPE-Madrid recrimina también que se esté "politizando la educación". "Estamos un poco perplejos por el uso que se le está dando a la educación como arma política", reconoce a 20minutos, considerando que con esta polémica se está "desviando la atención" hacia los "verdaderos problemas" del sistema educativo. 

"Hay otras cosas a mejorar y en las que deberíamos centrarnos, como el fracaso y abandono escolar, mejorar el rendimiento académico de los alumnos con menos recursos, mejorar la convivencia en los centros, el reconocimiento de la docencia y de los profesores... Pero nada de esto está ahora mismo en el candelero", lamenta Serrano. 

Igualmente, les da la sensación de estar trabajando a contrarreloj, a la espera de que las comunidades autónomas aprueben sus respectivos currículos. "Los centros están preocupados, porque no saben cómo organizar el curso o qué contenidos va a haber. Vamos con retraso y eso sí que nos preocupa", asevera el representante de ANPE. 

Un mensaje de "tranquilidad" para las familias

El sindicato no está del todo conforme con los contenidos que se desarrollan en el currículo del departamento de Pilar Alegría, aunque reconocen que el desarrollo en torno a las competencias es algo que se ha hecho "siguiendo las directrices de Europa". Con todo, aseguran que el hecho de que sea "más general" que los anteriores es lo que está "dando pie" a toda esta situación de controversia. 

"La pena es que se habla mucho de cosas menores y no de los verdaderos problemas"

"A nosotros particularmente no nos acaba de convencer porque no se valora el esfuerzo, la dedicación, y parece que se han reducido contenidos", subraya Esteban Serrano, de ANPE. Además, señala que una de los asuntos que más polémica ha despertado es la introducción de ciertos contenidos "que en educación se trabajaban antes de forma transversal y que ahora aparecen más explícitamente o incluso en áreas que puedan tener menos relación", como es el caso de la perspectiva de género en las Matemáticas. 

Pero, aun así, abogan por lanzar un "mensaje de tranquilidad a las familias" y dar un voto de confianza al profesorado, que es quien "va a dar los contenidos que corresponden a cada nivel evolutivo, y lo van a hacer de una forma aséptica. "La pena es que se habla mucho de cosas menores y no de los verdaderos problemas, como bajar ratios para atender mejor a los a alumnos, reducir el horario lectivo para que los docentes puedan preparar mejor las clases, reducir burocracia de los centros, etc. Problemas que realmente afectan y que pasan desapercibidos", concluye. 

UGT acusa a Ayuso de "generar odio"

Otro sindicato que se ha pronunciado sobre el 'rifirrafe' entre el Ministerio de Educación y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido UGT. En un comunicado lanzado este lunes, acusan a Díaz Ayuso de usar argumentos "partidarios, engañosos e ideológicos" contra el currículo de Bachillerato para crear una "situación de conflicto generador de odio". 

"En un estado de derecho, la ciudadanía, las organizaciones y los gobiernos tienen la capacidad de oponerse a las normas a través de los tribunales. Por tanto, que la Comunidad de Madrid lo haga, forma parte del sistema democrático. Pero intentar convencer a los madrileños de que la democracia está en juego en nuestro país es inaceptable y canallesco", denuncian. 

Así, recordando que las alusiones y conceptos que la presidenta madrileña aspira a eliminar del decreto -ciudadanía ética digital, compromiso con la sostenibilidad, etc.- son mandatos de la normativa europea, UGT advierte que "su supresión nos sitúa a mediados del siglo XX". Concluye el sindicato asegurando que el recurso que presentará el gobierno madrileño ante el TS no busca "defender a la ciudadanía madrileña", sino más bien "continuar su política de confrontación con el Gobierno de Sánchez".

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