En el despacho en el que la ministra de Justicia, Pilar Llop, trabaja habitualmente, situado en el número 45 de la madrileña calle de San Bernardo, destaca la cantidad de documentos y libros en una de las mesas del despacho. Entre ellos, un estudio sobre el Código Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En una de las estanterías, una foto del 4 de diciembre de 2019, día en el que el rey Felipe VI recibió a la ahora ministra cuando fue nombrada presidenta del Senado. Antes, Llop había ejercido como delegada del Gobierno para la Violencia de Género y como diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. En julio de 2021 fue nombrada notaria mayor del reino, un cargo en el que está a punto de cumplir un año. Bajo ese marco recibe a 20Minutos, con quien habla de las nuevas becas para opositores a jueces y fiscales, de la renovación del CGPJ que intuye difícil o de la prostitución, una actividad que busca erradicar, compromiso que comparte con el presidente Pedro Sánchez.

¿Qué más hay que hacer para que se reduzcan las cifras de violencia contra la mujer?

Hemos mejorado. Es cierto que crecen las denuncias, hay una media de 160.000, pero puede ser porque las víctimas confían más en el sistema judicial. A veces hay resoluciones judiciales que no empatizan con las víctimas, pero se está intensificando la formación en perspectiva de género, que elimina prejuicios como que la víctima de una violación debe tener heridas o llorar todo el rato. Hay que saber también que la violencia de género actúa contra las emociones, no contra la inteligencia, y nos puede tocar a cualquiera. Por eso el sistema judicial debe volcarse con la víctima, que declare con confianza y protección. Es en lo que estoy trabajando.

Llevamos semanas conociendo varios casos de violaciones grupales. ¿Es que hay más o que cada vez se denuncia más?

Creo que se denuncia más porque las víctimas saben que cada vez hay más recursos. Hemos adquirido dos máquinas que analizan las pruebas biológicas que se recogen en las víctimas y que tienen una sensibilidad mucho mayor que antes. Hemos hecho un nuevo protocolo para la recogida de muestras, estamos haciendo guías con recomendaciones para las mujeres que sospechen que han podido ser víctimas de sumisión química… Y a los hombres, a los chicos, hay que decirles no solo que es un delito muy grave con penas muy graves, lo que ya debería ser suficientemente disuasorio, sino que no está bien relacionarse sexualmente así. Tienen a mano la pornografía, que es muy violenta, y tenemos que proporcionar educación para que hagan un uso responsable de internet.

Ahora existe el debate de cómo abordar la prostitución...

¿Es que queremos un modelo social en el que los menores se eduquen con pornografía, junten su paga y cada fin de semana vaya a una mujer prostituida? Ese modelo perpetúa el machismo porque la prostitución es la piedra angular del machismo. Y no cabe en una sociedad democrática. ¿Quién piensa que la prostitución es libertad? ¿Qué libertad sexual hay en un prostíbulo? Hay quien dice que cada una haga con su cuerpo lo que quiera, pero en el caso de la prostitución es él el que hace con el cuerpo de ella lo que quiere. Por tanto, sí, somos un Gobierno abolicionista y hemos presentado una ley abolicionista que esperemos apoyen el resto de fuerzas por pura democracia. Mientras persista la prostitución, las mujeres no seremos vistas en términos de igualdad.

Con la tramitación de la ley del ‘sólo sí es sí’ se han visto algunas diferencias entre Unidas Podemos y el PSOE. La futura ley de trata, ¿será de Justicia o de Igualdad?

No hay diferencia de criterios. La trata afecta a la explotación sexual y, por lo tanto, a cuestiones de género, y por ello Igualdad elaboró un borrador que ha mandado a Justicia. Pero la trata también afecta a aspectos como la explotación laboral, tráfico de órganos, mendicidad, extranjería, derechos sociales… Y una ley así se tiene que elaborar por el ministerio que elabora técnicamente las normas.

Jorge París

El Gobierno acaba de indultar a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores al no entregar a su hijo al padre. Y ha generado bastante controversia.

Todos los indultos, y más en casos con menores involucrados, son polémicos. Este se ha concedido por motivos de justicia y equidad. María Sevilla no tenía antecedentes penales, no era reincidente y había informes favorables del tribunal sentenciador y de Fiscalía. En su expediente aparece que había pagado la indemnización que debía a su expareja, que tuvo la custodia del menor y se autorizó la educación a distancia. Y el Gobierno resuelve sobre lo que tiene encima de la mesa.

Y hablando de indultos, el Tribunal Supremo ha cambiado su criterio y va a revisar los del ‘procés’. ¿Confía el Gobierno en la motivación de las medidas de gracia?

Yo quiero destacar que los indultos han sido eficaces y positivos para la convivencia en Cataluña. Es una cuestión ya superada y la sociedad catalana está a otra cosa: la recuperación económica, cómo llenar la cesta de la compra, esos 20 céntimos de ahorro para la gasolina...

¿Hay un sesgo político en la decisión del Supremo?

La política está en todo en nuestra vida. En el colegio al que llevas a tus hijos, en la ropa que te pones... y también en la justicia. Pero los jueces resuelven bajo el imperio de la ley, más allá de sus criterios políticos, y eso es en lo que yo confío, en su imparcialidad e independencia.

Seguimos con la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que llegará en esta legislatura?

Si ahora mismo bajamos al metro, la gente no habla de la renovación del CGPJ. Pero les afecta en sus vidas. Porque con esta situación, el Consejo no pueden nombrar magistrados del Supremo. Y eso retrasa unas 1.000 sentencias al año sobre guardas y custodias, aspectos laborales, despidos, vacaciones, indemnizaciones… Y habrá más retrasos a medida que se jubilen más magistrados.

Y ¿por qué no llegan a un acuerdo?

Aquí hay un único culpable, el PP, que ha bloqueado la renovación del CGPJ y la bloquea siempre que está en la oposición. Llevamos más de tres años así. Hay que cumplir con la Constitución y no sé por qué el PP no quiere.

Pero hay conversaciones.

Las hay. Pero ahora dicen que después de las elecciones andaluzas. Feijóo está poniendo las mismas excusas que Casado: “Ya hablaremos”. Ha dicho que no es una prioridad, pero sí lo es. Es una cuestión de Estado. Es muy importante que el CGPJ tenga proyecto, porque el actual lleva en funciones tres años, con competencias mermadas. ¿Qué proyecto puede tener si no sabe cuánto tiempo va a estar?

Este bloqueo también afecta al Tribunal Constitucional, que tiene que renovar a cuatro magistrados en junio. ¿Se plantea nombrar el Gobierno a los dos magistrados que le corresponden al margen de los que tiene que designar el CGPJ?

El Gobierno lo que espera es que el CGPJ se renueve antes de que se tenga que renovar el TC. No renunciamos a esta renovación ni al modelo que tenemos, que garantiza que el CGPJ responde a lo que la gente pide en la calle, porque se elige a través de sus representantes en el Congreso y Senado.

Y llegados a este punto, ¿cree que una solución es que dimita el CGPJ en su mayoría?

Se ha hablado mucho de este tema, pero no ha ocurrido en esta ocasión. La mejor solución es que se renueve ya tras un pacto entre las fuerzas políticas.

¿Qué le parece que cada vez más se utilicen los tribunales para hacer oposición política?

Vox está judicializando la vida política, pero también está haciendo una política de chascarrillo, de memes. Para la barra de bar está bien, pero no para construir país. Ni para gobernar. En Castilla y León, lo primero que hizo su vicepresidente es meterse con una diputada con discapacidad. Y, después, negarse a firmar un convenio para derivar a las víctimas de violencia de género a los servicios de asistencia social. Piden más coordinación y luego no la apoyan. Y es la única autonomía que no lo ha hecho. Eso no es hacer política, eso es ir en contra y a la contra de todo.

Jorge París

¿De dónde parte la idea de becar a opositores a la carrera judicial?

Estamos haciendo unos proyectos transformadores que suponen un nuevo modelo y le dan un revolcón a la Administración de Justicia. Entre ellos, están las becas para que mucha gente con vocación que no puede permitirse unas oposiciones tan dedicadas por sus circunstancias y sus recursos pueda dar al piso del ascensor social que quiera. Es una profesión muy vocacional, pero el acceso exige un esfuerzo económico que no todo el mundo puede permitirse.

¿A cuánta gente podrá beneficiar?

Ahora mismo, a 245 personas, que recibirán unos 6.000 euros al año, 600 al mes, para pagar el preparador, facilitar desplazamientos... Tienen que ser personas graduadas o licenciadas en Derecho con falta de recursos económicos, aunque se tendrán en cuenta criterios territoriales y expediente académico. Y se reserva un 5% a personas con alguna discapacidad. Invertiremos 1,7 millones en total. Ojalá todos los que pidan la beca puedan aprobar.

En las últimas promociones, el 99% de opositores admite necesitar ayuda de su familia. ¿En cuánto se va a rebajar ese porcentaje? ¿Existe un objetivo a corto-medio plazo?

Tendremos que estudiar las solicitudes que lleguen y las becas que se conceden, y si las podemos aumentar otros años. Aunque estoy segura de que se cubrirán todas. Desde el Centro de Estudios Jurídicos estamos planteando además hacer una bolsa de preparadores que puedan formar online para personas alejadas de las ciudades.

¿El mensaje del ministerio es que para ser juez o fiscal ya no hace falta tener dinero o un colchón familiar?

Tradicionalmente, los opositores tenían una situación económica propicia, porque la media ahora mismo para aprobar es superior a los cuatro años. ¿Quién puede permitirse no trabajar tanto tiempo? Y justo en el momento en que se despega profesionalmente...

Jorge París

El PSC acaba de pactar con los independentistas una ley de respuesta a la sentencia del mínimo de 25% de castellano en las aulas catalanas. Se les acusa de intentar sortear lo que han dicho los jueces...

El PSC ha pactado una ley que pretende que se cumpla la Ley de Educación, que los alumnos de territorios con dos lenguas oficiales tengan las mismas competencias lingüísticas en los dos idiomas. En cualquier caso, las sentencias hay que cumplirlas y la Justicia determinará si se ha cumplido o no.

¿Pero habrá un 25% de castellano en las aulas catalanas?

Yo lo que creo es que hay que cumplir con la sentencia, como ha de hacerse en un Estado de Derecho.

Una queja recurrente tanto al Gobierno como a la Justicia es la falta de acción ante la 'okupación'.

Hay que diferenciar entre la 'okupación' de personas en situación de vulnerabilidad y la de las mafias organizadas. Para ambos casos hay normativa, pero está claro que todo el peso de la ley debe caer sobre las mafias. Y estamos trabajando en protocolos más ágiles para acelerar esos desalojos y estudiando si se precisa alguna medida legislativa más. Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha pactado con el PDeCAT una enmienda en materia de multirreincidencia para tipificarlo nuevamente en el Código Penal y esperamos que todas las fuerzas políticas entiendan su trascendencia y se apruebe pronto.

Cada vez más bandas juveniles captan a menores de 14 años. ¿Es momento de reabrir el debate de la inimputabilidad de los menores?

Me preocupa muchísimo cómo están actuando estas bandas, los comportamientos violentos entre los más jóvenes, su componente de género, ya que muchas chicas son víctimas de agresiones sexuales y no lo denuncian por miedo. Tenemos que insistir en la educación como un valor fundamental. Y yo le pediría al Gobierno de Madrid que dé alternativas educacionales, culturales, deportivas para que los menores no sean captados por esas bandas, con independencia de la labor de las fuerzas de seguridad. Me consta que la delegada del Gobierno está muy encima de este tema.

¿Cómo se va a reforzar el control del CNI que anunció el jueves el presidente del Gobierno?

No puedo decir más de lo que ya dijo él: se va a elaborar una nueva legislación sobre el CNI con controles judiciales más intensos. En todo caso, en nuestro sistema ya hay una ley y un control judicial que regulan los casos en los que el CNI ve necesario hacer una intervención telefónica.

Y si ya existe ese control, ¿para qué reforzarlo?

Nos movemos hoy en un mundo donde el espionaje cibernético se está usando como arma. Pero no en España, sino que es una cuestión global. Y por eso es importante incrementar la seguridad cibernética. Los programas espía cada vez son más sofisticados y nosotros también tenemos que sofisticarnos más, también desde el punto de vista legal.