Las becas para personas cuya renta familiar sea baja y que quieran opositar a plazas de juez o fiscal serán una realidad a partir de septiembre. Es el plazo que, según ha podido saber 20minutos en exclusiva, maneja el Gobierno para lanzar uno de los proyectos estrella del Ministerio de Justicia en esta legislatura, con el que buscan "democratizar" el acceso a la judicatura española. El Ejecutivo dará así más de 550 euros al mes para que 245 opositores con pocas posibilidades económicas puedan acceder a la carrera judicial.

En la actualidad, un opositor a juez o fiscal estudia entre ocho y diez horas diarias durante una media de cinco años, lo que imposibilita en muchos casos compatibilizar el estudio con un trabajo. A ello, muchos suman el pago -que puede alcanzar una media de 150 euros mensuales- al preparador de la oposición, sin contar el coste de libros y otro material. Esto provoca que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 99% de los aspirantes necesiten el apoyo económico de su familia, algo que no todos pueden tener. En el caso de la carrera fiscal, más del 80% de los alumnos se había dedicado en exclusiva al estudio de la oposición durante cuatro años, según otra encuesta del Centro de Estudios Jurídicos.

“Sabemos que hay muchas personas jóvenes que querrían acceder a alguna carrera relacionada con la judicatura, pero no pueden porque no tienen recursos económicos suficientes”, explica la ministra de Justicia, Pilar Llop, que en declaraciones a este diario tilda de “inviable” compatibilizar un trabajo y el estudio para dichas oposiciones. “Es alcanzar una igualdad de oportunidades en la que puedas elegir el piso al que te lleve tu vocación en el ascensor social”, asegura.

La propia Llop será la encargada de presentar este lunes las becas, cuyas bases fueron aprobadas a comienzos de este mes. El valor principal por el que se concederán las becas será el nivel de renta de los solicitantes, a quienes se les exigirá tener la titulación en Derecho y ser preparados por personas "que pertenezcan a la carrera a la que se aspira a acceder" o bien "de un centro de preparación". Además, se creará una comisión de evaluación en la que participará una persona designada por la Fiscalía General del Estado.

El pago de la beca será único y anticipado para, según argumentan fuentes de Justicia, "garantizar que todas las personas beneficiarias puedan preparar la oposición en igualdad de condiciones al resto". Y es que, según explican desde la cartera de Llop, hay gastos fijos (como el preparador), pero también variables (como la compra del temario). 

La cuantía total de cada beca doblará a las que presupuestó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y llegará hasta los 6.611 euros al año, que servirán para sufragar "necesidades vitales" y gastos asociados a la preparación de las oposiciones, como son la adquisición de materiales de estudio o desplazamiento para las pruebas de acceso. Estas becas, que se convocarán con periodicidad anual, cuentan con la posibilidad de ser renovadas hasta en tres ocasiones. 

La subvención deberá ser justificada de forma trimestral con la documentación acreditativa, en la que los becados podrán incluir memorias de actuación que recojan las acciones realizadas y los resultados obtenidos. Además, deberán presentarse de forma obligatoria a las pruebas cuando hayan superado "un tiempo mínimo de preparación" que el Ministerio aún no concreta.

La subvención también tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género o terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo, según explica el ministerio. Asimismo, habrá un 5% de reserva del cupo para aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

Justicia todavía no tiene un dato definitivo sobre las solicitudes presentadas, pero sí cifran el número de becados. En el primer año, ascenderá a un total de 245, con una dotación global de 1,6 millones de euros que irán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. De esa cantidad de beneficiarios, 173 serán para la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado.

Justicia no descarta ampliar las becas a otros cuerpos

Con todo, el Ministerio de Justicia no descarta ampliar este sistema de becas a otros cuerpos de funcionarios del ámbito. Sin embargo, desde el departamento explican que en esta ocasión se ha decidido "apoyar la preparación a los cuerpos que tienen unas pruebas selectivas de acceso más difíciles, con temarios más amplios y plazos de preparación superiores". "Las características de estos procesos selectivos inciden directamente en las posibilidades de muchas personas de plantearse participar en ellos", añaden.

Desde el Ejecutivo aseguran que el modelo actual "permite" seleccionar a personas sobradamente preparadas, pero que los que quieran acceder lo merezcan "no significa que no se deba reflexionar sobre la existencia de barreras socioeconómicas". Asimismo, señalan que el Gobierno está llevando a cabo un proceso de "reflexión" en lo referido al modelo de acceso a la carrera para ser funcionario público, introduciendo "ajustes" que permitan que el sistema "se adapte mejor a las necesidades, presentes y futuras, de la Administración".