La vivienda es sencilla, apenas 40 metros cuadrados en los que se reparten una pequeña cocina abierta al salón, un sofá y una mesa camilla con cuatro sillas. Las paredes apenas están cubiertas por un par de elementos de decoración religiosa y un cuadro abstracto. Al fondo, se asoma la cama en un cuarto que se intuye pequeño. De la ventana del salón, que da a la calle Juan Antón, en el barrio de Alto de Extremadura, al suroeste de Madrid, cuelga una pancarta: "Sareb, no nos vamos".

"Aquí cerca tengo a mi hija, que es la única de mis cinco hijos que vive por aquí, le voy a recoger a los niños y nos ayudamos mucho en general", declara Carmen Indiano, una pensionista de 79 años, que lleva viviendo aquí 9 años. Hace un mes, recibió una carta de desahucio, programado para el 1 de junio. "Aquí en el barrio tengo la iglesia cerquita, tengo mis amistades, para mí sería empezar de nuevo irme de aquí, me haría polvo".

Su bloque, construido en plena burbuja inmobiliaria, era propiedad de una empresa llamada Afania Consulting cuando ella entró a vivir. Hace dos años, prorrogó su contrato por otros tres años y medio. Claro que ella no sabía entonces que estaba firmando papel mojado porque su piso ya no era propiedad de Afania, que se había declarado en concurso de acreedores y sus propiedades habían sido embargadas por una caja de ahorros.

Un piso más arriba, en el ático del edificio, viven desde hace 12 años Carlos Chacón, de 41 años, y su pareja, Jordi Borrás, de la misma edad. Ellos también recibieron la carta de desahucio para el próximo miércoles. Aunque nunca imaginaron llegar a esta situación, las primeras evidencias comenzaron a aparecer en 2017.

PREVISIONES 20M

"Aquí en el barrio tengo la iglesia cerquita, tengo mis amistades, para mí sería empezar de nuevo irme de aquí, me haría polvo".

De la crisis a la Sareb

La administradora que gestionaba la finca en nombre de la propiedad llegó hace cinco años a su vivienda y les comunicó que, a partir de ese momento, los cobros se realizarían en mano y no a través de transferencia bancaria como hasta entonces. "Esto fue sospechoso ya", admite Carlos, que actualmente se encuentra desempleado. "Seguimos pagando de esta manera y, sería a final de 2019, vino una mujer a casa. Nos preguntó si podía ver el piso, porque estaba interesada en comprarlo cuando saliera a subasta".

Esa fue la primera señal de que la empresa a la que pagaban religiosamente sus alquileres ya no era la propietaria del piso. "No sabíamos nada, pero esta mujer parecía informada, así que llamamos a la administradora y nos dijo que no era cierto, que había un juicio pero ya estaba resuelto e incluso nos llegó a mandar una nota simple para que viésemos que la empresa seguía siendo la propietaria", relata Carlos. "Era todo mentira, simplemente no se había realizado aún el cambio de nombre, pero ella era abogada y sabía hacer la jugada muy bien".

Como las propiedades de tantas otras empresas inmobiliarias tras la crisis de 2008, las de Afania acabaron en manos de una caja y, posteriormente, estos activos considerados tóxicos fueron asumidos por la la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo, Sareb.

El conocido como "banco malo" fue constituido en 2012 como exigencia previa para el rescate bancario para hacerse cargo de las propiedades inmobiliarias consideradas no rentables de los bancos y cajas. Estaba participada al 45% por el Estado hasta el pasado mes de enero, cuando este pasó a ser el accionista mayoritario. Su estrategia, basada en vender con la mayor prontitud estas propiedades, no ha cambiado al convertirse en un ente de propiedad pública. Aparentemente, este es el plan también con las viviendas de la calle Juan Antón.

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Convertir el miedo en rabia

La pandemia mantuvo la situación en suspenso hasta que, a principios de año, los vecinos de los pisos que supuestamente eran propiedad de Afania recibieron una citación judicial. Debían acudir a un juzgado a acreditar que vivían legalmente en sus viviendas, con sus contratos de alquiler y facturas de los suministros básicos. 

"Nosotros fuimos a entregar toda la documentación y, al mes, nos llegó otra carta del juzgado diciendo que los contratos no eran válidos porque no estaban registrados en el registro de propiedad", declara Jordi. "Al cabo de un mes nos llegó la carta de desahucio".

Todo se había sucedido en apenas unas semanas. Tanto Carmen como Jordi y Carlos se veían, sin apenas tiempo para digerirlo, en la situación de tener que abandonar las viviendas en las que habían habitado durante años. Contrataron un abogado, algo que ahora consideran que fue "tirar el dinero" porque solo sirvió para confirmar que la ley no estaba de su lado y poco se podía hacer para evitar el desahucio.

Jordi estaba trabajando en su peluquería y, de una conversación casual, acabó por salir la solución, al menos temporal a su problema. "Una clienta me habló del Sindicato de Inquilinas, contactamos con ellos por redes sociales, Carlos fue a una primera reunión y nos dijeron que teníamos que luchar y este miedo convertirlo en rabia y aquí estamos, luchando", declara Jordi. La fachada del edificio, repleta de pancartas contra la Sareb, da fe de ello.

José González

"Fuimos a entregar toda la documentación y, al mes, nos llegó otra carta del juzgado diciendo que los contratos no eran válidos".

Desahucio suspendido temporalmente

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid lleva, desde 2017, coordinando a vecinos de pisos de alquiler de distintos barrios para luchar contra desahucios, siguiendo el modelo de la más longeva Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Ambas organizaciones han lanzado recientemente una campaña para reclamar al Gobierno que paralice la venta de viviendas en propiedad de la Sareb ahora que tiene titularidad pública.

En un comunicado publicado este miércoles, el Sindicato de Inquilinas, que considera que los vecinos del bloque han sido estafados durante años por la antigua propiedad, afirmaba que una renegociación de los contratos de arrendamiento es "lo mínimo que cabe exigir al Gobierno".

Fuentes de la Sareb consultadas por este medio aseguran ahora que la entidad ha solicitado al juez que se paralice el desahucio de la semana que viene "para dar más tiempo a los vecinos para que acrediten que están en una situación de vulnerabilidad". Los vecinos, por su parte, aseguran no haber recibido notificación alguna sobre la suspensión y el sindicato mantiene su convocatoria a una concentración en el portal el día 1 de junio.

José González.

Sentados en el salón de la casa de Carmen, los tres vecinos amenazados de desahucio charlan sobre lo qué podría ocurrir. Durante años pagaron sus alquileres a una empresa que ya no era propietaria de sus pisos. En el juzgado pidieron que se les facilitara una nueva cuenta para seguir pagando y nunca obtuvieron respuesta."Lo que queríamos nosotros era pagar, pero no hemos podido desde diciembre, no nos han dejado", declara Carmen.

Nadie quiere hablar de qué podrían hacer si finalmente hay desahucio, pero es evidente que todos se lo han planteado en mayor o menor medida. "No quiero ni pensarlo", asegura Carlos. "Si vienen, me revientan la cerradura y sacan mis cosas, en ese momento tendré que ver qué hago, pero en la reuniones del sindicato me he dado cuenta de que esto no era algo nuevo, que le pasa a mucha más gente, así que nos hemos puesto en sus manos básicamente".

"Y si viene la policía el día 1? ¿Qué pasa?", pregunta en alto Carmen y se crea un silencio en el salón. Carlos es el primero en romperlo. "No lo sabemos Carmen, estamos luchando".

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