Hace ocho años Trini Cruzado, de 51, se mudó a una vivienda de alquiler con su hija adolescente y su perra. Estaba iniciando una nueva vida tras haber perdido su piso por no poder hacer frente a la hipoteca, pero comenzaba de nuevo en su barrio de siempre, Cornellá, Barcelona, y con un casero con el que tenía "muy buen rollo". Firmó un contrato de alquiler de 550 euros.
"Cuando se me acababa el contrato, en junio, me dijeron que me subían el piso a 700 euros", declara Cruzado. Tras entablar una negociación con el nuevo administrador, recibió una notificación de que no se le iba a renovar el contrato.
"Yo me desespero, tengo que estar en tratamiento psiquiátrico, fue un drama porque yo ya me veía en la calle", describe esta madre soltera, que recibe una pensión por discapacidad de 712 euros y que, tras recibir asesoría del Sindicato de Inquilinos, logró conservar su vivienda con el amparo de la ley de vivienda vigente en Cataluña.
"Este señor que es propietario de mi casa es propietario de otras 10 viviendas. Para él, esos 150 euros que me iban a subir al mes no supone nada, pero para mí es llenar la nevera de medio mes", declara Cruzado.
Su caso muestra las consecuencias de las subidas de los precios de los alquileres que se vienen produciendo, con un pequeño paréntesis por la pandemia, desde 2014.
El Gobierno arrancó el pasado martes la tramitación de una nueva ley de vivienda que también regulará los precios de los alquileres, aunque la medida contó con el rechazo de los movimientos sociales vinculados a la vivienda, entre ellos el propio Sindicato de Inquilinos, que la considera insuficiente.
Un país de mayores propietarios y jóvenes inquilinos
Siempre se ha dicho que, en términos de vivienda, España es un país de propietarios. Los datos reflejan que sigue siendo así, con un 76,9% de la población viviendo en régimen de propiedad y un 17,3%, de alquiler.
La renta se concentra, sin embargo, en grupos muy concretos de la sociedad. El 56% de los hogares con algún miembro extranjero viven en régimen de alquiler, frente al 11,7% de los hogares con todos sus miembros de nacionalidad española., según datos del INE.
Una mayoría de jóvenes emancipados de entre 16 y 29 años (57,5%) paga un alquiler por su vivienda, una cifra que se reduce ligeramente a un 42,5% en la franja de edad entre 30 y 34 años.
Para la mayoría de jóvenes y extranjeros que viven de alquiler, más que una opción, es su única vía de acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. Fórmulas como compartir piso han pasado de ser una opción habitual entre estudiantes a generalizarse también entre trabajadores que superan la treintena.
"Me fui a vivir con 24 años con amigos directamente y mola, porque te lo pasas bien y es la juerga padre, pero luego ya te cansas"
A sus 31 años, Elena Martínez calcula que ha convivido ya con unas 20 personas distintas desde que empezó a vivir de alquiler. "Me fui a vivir con 24 años con amigos directamente y mola, porque te lo pasas bien y es la juerga padre, pero luego ya te cansas y te apetece vivir con menos gente", declara esta madrileña, que trabaja como administrativa. "Me gustaría vivir sola, me apetece cortar el ciclo, pero no lo hago por motivos económicos".
Ese sueño de vivir solo es el que ha cumplido Marco, también en Madrid, tras un año compartiendo piso con un compañero. "Empecé viviendo yo solo en la sierra, porque los pisos están más baratillos, pero me di cuenta de que hacía más vida en Madrid y estaba gastándome el dinero a lo tonto en transporte", explica este informático de 34 años.
"Justo cuando me puse a buscar, fueron unos meses en los que bajó un poco el alquiler. Con lo que ha vuelto a subir, llegaría muy justo"
"Estuve viviendo con un compi un año y tenía ganas de vivir solo. Justo cuando me puse a buscar, fueron unos meses en los que bajó un poco el alquiler. Con lo que ha vuelto a subir, llegaría muy justo", admite Marco, que se mudó a un piso de unos 30 metros cuadrados por un alquiler de 600 euros mensuales en el centro de la ciudad.
Los gastos asfixiantes de vivir solo en alquiler fueron, junto a las ganas de convivir con su nueva pareja, lo que llevó a Héctor M. Cordero, de 33 años, a abandonar el piso en el que había entrado apenas un año antes él solo. "Los gastos se disparan viviendo solo. Escatimaba sobre todo en calefacción, intentaba no ponerla y utilizaba más sudaderas, y en comida, porque a mi no me importaba comer cosas más baratas", declara este madrileño, que trabaja como consultor de marketing y ventas.
Cuando conoció a su actual pareja, vivieron durante un tiempo solos en sendos pisos de alquiler hasta que decidieron dar el paso de buscar un piso en común al poco tiempo. "Decidimos que queríamos probar a vivir juntos porque era la mejor solución también económicamente. No era sostenible estar como estábamos", declara Cordero, que ha pasado "de un interior con poca luz y no mucho espacio a una casa más grande y cómoda y gastando menos".
"Escatimaba sobre todo en calefacción, intentaba no ponerla y utilizaba más sudaderas, y en comida, porque a mi no me importaba comer cosas más baratas"
Falta de oferta y especulación inmobiliaria
La ley de vivienda, será la primera norma nacional que regulará el precio de los alquileres en la historia de España, una medida que ya ha sido adoptada en otros países europeos como Alemania, Suecia o Francia. Sin embargo, la ley tendrá que ser aplicada en último término por las comunidades autónomas.
El Partido Popular, que gobierna actualmente en cinco regiones, entre ellas Madrid, una de las que tiene los precios más altos, ya ha anunciado que no pondrá en marcha la regulación del mercado de alquiler en ellas. La alternativa a esta regulación de precios que han abanderado líderes regionales populares, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es impulsar la construcción de más viviendas para ampliar la oferta.
Sin embargo, en las zonas más turísticas la oferta está siendo cooptada, en buena medida, por el alquiler vacacional y está haciendo que los precios de la vivienda se disparen. "El alquiler en Ibiza siempre fue alto en comparación a la península, pero lo que ha cambiado es la oferta", explica Marita -nombre ficticio-, una argentina que llegó hace 20 años a la isla.
"No está regulado para nada el porcentaje que tiene que haber de vivienda anual, la oferta está centrada en el turismo. Al buscar piso, encuentras que ponen que se alquila durante cinco meses en invierno o por nueve y los tres meses de verano tienes que salir", declara esta trabajadora del comercio que reside actualmente con su marido y su hija. Los tres conviven en un piso con una sola habitación por una renta de 700 euros.
“Muchísima gente lo que hace es alquilar un piso de tres habitaciones y subalquilan las habitaciones a gente extraña, pero nosotros hemos decidido estar solos, me niego a compartir con otra gente”, declara Marita.
En otros contextos, los precios no se han disparado por la presión turística, sino por las operaciones especulativas de grandes fondos de inversión como Blackstone, que, con 40.000 casas en arrendamiento, es el mayor propietario de vivienda en alquiler en España, según datos de un un estudio de Atlas Real Estate Analytics publicado en diciembre de 2020.
Ala vive en Gavá, Barcelona, desde hace 20 años, cuando llegó de su Rumanía natal, con su marido y su hijo pequeño. A sus 47 años ha trabajado de camarera, en limpieza, en una empresa de jardinería y auxiliar administrativa. Cuando llegó a Gavá, vivió cuatro años de alquiler hasta que pudo acceder a una hipoteca en 2006.
"Por aquel tiempo los precios eran bastante altos, justo antes de la crisis, pero en el banco nos dijeron que teníamos que estar tranquilos porque la mensualidad iba a bajar". La realidad es que, dos años después, la cuota había subido casi al doble y acabaron cediendo su piso mediante una dación en pago. Caixabank, entonces La Caixa, les alquiló la misma vivienda desde ese momento por 400 euros mensuales.
"No queremos limosnas, solo queremos tener un contrato para seguir adelante con los trabajos, con la vida, sin estar preocupados de cuando nos van a renovar el alquiler"
Tras unos años, La Caixa vendió su vivienda a Blackstone y todo comenzó a cambiar para Ala y su familia. "Una temporada estuvimos tranquilitos con ellos, pagando todo normal, siempre al corriente de los pagos, pero hubo una campaña de presión para que dejáramos el piso antes de que venciera eL contrato de alquiler. Llamaban por teléfono para decirnos que no nos iban a renovar el contrato y que teníamos que dejar el piso y nos llegaron a ofrecer 5.000 euros para que nos fuésemos", asegura Ala.
Finalmente, el fondo les ofreció una prórroga de un año por 850 euros de alquiler, más del doble de lo que pagaban. "Lo aceptamos porque no teníamos otra solución, pero, a raíz de la pandemia, tanto mi marido como yo perdimos el trabajo. Tuve que elegir entre tener dinero para la comida o pagar el alquiler", explica Ala, que no pudo seguir haciendo frente a las rentas y se encuentra en situación de impago, reclamando un contrato social que Blackstone no parece dispuesto a negociar, según su relato.
"No queremos limosnas, solo queremos tener un contrato para seguir adelante con los trabajos, con la vida, sin estar preocupados de cuando nos van a renovar el alquiler", declara Ala. "Lo que no pudo la pandemia, lo pueden los fondos buitre que es acabar con la ilusión de la gente de tener un hogar digno y una vida digna".
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