Detenidas 20 personas en Zaragoza y Madrid por la obtención de préstamos públicos por valor de 20 millones

  • El dinero se destinó en algunos casos a realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.
La Policía Nacional ha intervenido documentación y diverso material informático en dos registros realizados.
La Policía Nacional ha intervenido documentación y diverso material informático en dos registros realizados.
POLICÍA NACIONAL

El Grupo II de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), perteneciente a la Brigada Provincial de la Policía Judicial (BPPJ) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha detenido a 20 personas, seis de ellas en Zaragoza y 14 en Madrid, como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, fraude en subvenciones, estafa y falsedad documental, por la gestión de préstamos públicos para sociedades en las que formaban parte de su Consejo de Administración por valor de 20 millones de euros.

El día 10 de mayo se estableció un dispositivo policial en las provincias de Zaragoza y Madrid para llevar a cabo la práctica simultánea de 20 detenciones, así como dos entradas y registros en las sedes sociales de las gestorías, interviniendo documentación relacionada con la investigación y diverso material informático, según han informado desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón.

Para llevar a cabo este despliegue policial, el Grupo de Blanqueo de Capitales de Zaragoza ha contado con la colaboración de agentes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Préstamos Reindus

Las actuaciones se iniciaron en la Fiscalía Provincial de Zaragoza, donde se desarrollaron las correspondientes Diligencias de Investigación tras una denuncia efectuada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ante un posible delito de fraude en subvenciones debido al impago de un préstamo Reindus de 900.000 euros, a una sociedad afincada en la provincia de Zaragoza.

Posteriormente, tras una investigación que se ha prolongado durante meses, se detectaron nuevas sociedades beneficiarias de préstamos públicos, y relacionadas con dos gestorías, la principal de ellas ubicada en Madrid.

La investigación policial ha comprobado que el dinero procedente de los préstamos públicos no se destinó al fin para el que fueron concedidos, principalmente para inversiones de desarrollo empresarial, siendo en algunos casos desviado para realizar reformas en los propios domicilios particulares de los investigados.

Sociedades pantalla

Para justificar los proyectos objeto de los préstamos públicos ante el Ministerio de Industria contaban con una serie de facturas emitidas por 'sociedades pantalla', es decir, sin capacidad para realizar los trabajos asignados, tampoco trabajadores ni actividad real.

Los líderes de la organización eran los apoderados de la consultora financiera localizada en Madrid, una sociedad especializada en la consecución de subvenciones y préstamos públicos. Sin embargo, su aportaban la infraestructura societaria ficticia para respaldar estos proyectos y beneficiarse con las comisiones obtenidas por los préstamos públicos.

Los responsables de esta consultoría situaban al frente de estas 'sociedades pantalla' a personas de su confianza que actuaban como testaferros y recibían una prestación económica únicamente por ser Administradores o Socios de cada una de estas mercantiles.

Su modus operandi

La consultora era la encargada de solicitar la ayuda pública al Ministerio de Industria, y a su vez, justificaba el gasto frente a la propia entidad ministerial, estableciendo una facturación ficticia entre la sociedad destinataria del préstamo y las 'sociedades pantalla' por maquinaria vieja que se encontraba ya instalada en las naves de la mercantil solicitante.

También se han localizado préstamos públicos otorgados a sociedades controladas por los principales acusados. En este caso, las beneficiarias, tras abonar dos o tres cuotas de la ayuda, dando apariencia de solvencia al Ministerio de Industria, se traspasaban a personas relacionadas y posteriormente concursadas, por lo que la deuda contraída con las Administraciones Públicas nunca se haría efectiva.

Fraude de 20 millones

Los agentes encargados de la investigación han destacado que se trata de un grupo criminal dedicado a la obtención y justificación de subvenciones y préstamos públicos. El nexo común ha sido una consultoría en Madrid y a otra en Zaragoza, que actuaban de forma coordinada.

El valor total obtenido por la consecución de los préstamos públicos ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha sido de 20 millones de euros, justificando ante el Ministerio el gasto de las ayudas obtenidas con una red de 'sociedades pantalla' y creando una facturación ficticia entre éstas y las mercantiles beneficiadas de los préstamos.

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