Con el escándalo sobre los supuestos casos de espionaje, los independentistas habían logrado recuperar el protagonismo perdido tras los indultos. El bautizado como catalangate les estaba siendo muy útil para desempolvar el argumento de la represión. En definitiva, para hacerse la víctima. Por desgracia, en la izquierda social, política y periodística muchos habían comprado el informe de Citizen Lab solo porque lo publicó The New Yorker, sin cuestionar su evidente parcialidad y el hecho de que a todas luces respondía a una campaña de propaganda perfectamente orquestada.

Sin embargo, la denuncia del Gobierno de que los móviles del presidente Sánchez y la ministra Robles fueron infectados con Pegasus, el sistema espía que los independentistas denunciaban como el utilizado por el CNI, cambia el curso de la historia, aunque es pronto para hacer ninguna conjetura sobre quién (en España o en el extranjero) puede estar detrás de todo ello.

Lo que daba crédito a las acusaciones de los separatistas es que todo el mundo suponía que los organismos de inteligencia de los estados, del español y de cualquier otra democracia, analizan los riesgos para su seguridad. Es su obligación. Y fuentes del CNI habían corroborado que hubo escuchas en 2017 y a raíz del Tsunami Democràtic, pero con autorización judicial, a un número limitado de personas y en ningún caso a instituciones.

Gobierno denuncia que los teléfonos de Sánchez y Robles fueron infectados con Pegasus

A eso hizo referencia la ministra de Defensa en el Congreso. Otra cosa son las acusaciones de espionaje masivo del informe redactado por el ingeniero Elies Campo, bajo el paraguas de Citizen Lab. Hay que ponerlo en tela de juicio por muchas razones: el mismo autor aparece como víctima de las escuchas, falta de rigor en las fuentes y los métodos de investigación. Campo es un activista vinculado al mundo de Carles Puigdemont, a quien ha visitado frecuentemente, y ha trabajado en proyectos para crear una república catalana digital, con criptomonedas, etc.

Tampoco podemos olvidar la hipocresía del separatismo y lo que esconde ese escándalo. La Generalitat también intentó comprar Pegasus, y alguna fuente señala que se hizo con un software similar. El catalangate resultaba sobre todo muy útil a Puigdemont para hacer pasar a un segundo plano sus vínculos con la trama rusa y pedir que la Eurocámara abriese una investigación que le permitiera visitar España sin riesgo de ser detenido. La denuncia ahora de la Moncloa de espionaje en los móviles del Gobierno transforma el catalangate en spanishgate, para gran enfado de los independentistas, que se quedan sin tema, y abre inquietantes interrogantes. De entrada, señala el peligro de la tecnología digital cuando escapa al control del Estado de derecho y/o sirve a injerencias externas.