Comparecía Pedro Sánchez en la cabecera del banco azul, por primera vez, después del estallido del catalangate lanzado desde la revista New Yorker, cuyas páginas daban pábulo a un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto sobre la utilización de Pegasus, sistema israelí al que habría recurrido el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su objetivo habría sido espiar a más de sesenta independentistas catalanes –diputados, abogados, periodistas y otros afines asimilables–, portadores de votos en su día necesarios para la investidura del Frankenstein y que aún ahora siguen siendo imprescindibles para continuar con pase de pernocta en Moncloa. 

Las tres preguntas dirigidas al presidente estaban asignadas a otros tantos portavoces de los grupos. La del PP correspondía a Cuca Gamarra; de Vox, a Santiago Abascal; y la de ERC, a Gabriel Rufián. Significativo observar qué áreas eligieron. Gamarra quería saber cómo valoraba Sánchez los informes de la AIReF y del Banco de España sobre la economía española; Abascal, qué medidas pensaba tomar para paliar la pérdida de poder adquisitivo de las familias; y Rufián si pensaba el Gobierno español investigar el caso de espionaje a políticos independentistas.

El foco de las dos primeras preguntas era la economía para poner en contraste los desaciertos en las previsiones gubernamentales y subrayar la insensibilidad ante el deterioro de la economía familiar. Sin que faltaran las alusiones debidas al Feijóo ausente y a sus propuestas de bajada de impuestos, habida cuenta de los más de 7.500 millones de euros que por efecto de la inflación han venido a incrementar la recaudación de Hacienda. La respuesta al PP fue para señalarle al PP que su deber consiste en sumarse sin rechistar ni poner objeción alguna a cuanto proponga el Gobierno, si es que conserva un adarme de patriotismo y sentido de Estado. Para Vox fueron de elogio por la claridad que echaba en falta en las filas populares. También de menosprecio por andar en malas compañías como la de Marine Le Pen, cuyas políticas para Francia y la UE solo nos traerían ruina.

Las alusiones debidas al Feijóo ausente y a sus propuestas de bajada de impuestos

Entonces llegó el turno de Rufián, en pie, sin perder la vertical, mano derecha en el bolsillo del pantalón, sirviéndose de la izquierda para señalar desafiante al grupo socialista y al popular para cuyos nefastos comportamientos sucesivos tuvo análogas censuras en lo referente a los servicios de inteligencia. Da por supuesto que se ha espiado de forma ilegal y se ciñe con una disyuntiva: porque si ustedes –del Gobierno– lo han ordenado es grave, pero si no lo han hecho es aún peor porque confirmaría que no controlan las cloacas. Aprovecha para mencionar al PP como partido de centro –de centro penitenciario, ironiza– y termina con un desplante torero diciéndole a Sánchez que pida el teléfono de Casero. Ahí lo dejó, pero todos entendieron que, al igual que el 3 de febrero cuando el voto extraviado de ese diputado pepero permitió aprobar la reforma laboral, también podría ser necesario otro extravío para sacar adelante la convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la guerra de Ucrania.

Todavía Sánchez se mantuvo en su escaño para seguir la pregunta a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Después salió, dejando sola a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que hubo de despachar cuatro preguntas más sobre el espionaje. Se ató al mástil de que todo lo que hace el CNI es conforme a la ley y con las debidas autorizaciones judiciales. Adujo que las acusaciones carecen de soporte probatorio y deslizó la amenaza de que, cuando todo se esclarezca, los que hablan callarán. A los periodistas que especulaban sobre si estaba en juego su cabeza les dijo después que era juez en excedencia y que no vivía de la política como Rufián. Atentos.