El pasado 18 de enero, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y una de las medidas estrella es el bono joven para el alquiler de 250 euros mensuales, dotado con 200 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Se trata de una ayuda económica que tiene como objetivo facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, siempre y cuando sus ingresos anuales no superen los 24.318 euros brutos al año.

¿Cuáles son las características de esta ayuda?

A pesar de haber sido aprobado a principios de este 2022, no fue hasta marzo cuando el Gobierno central y la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo dieron el visto bueno definitivo al reparto de fondos públicos destinados a activar esta ayuda.

En cualquier caso, el bono tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, según recoge el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, y las personas beneficiarias podrán recibirlo durante un periodo de dos años. La competencia será transferida a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de gestionar esta ayuda. 

El bono joven del alquiler se destinará única y exclusivamente al pago de la renta del alquiler y no se podrá compatibilizar con otras ayudas dedicadas al mismo fin por parte de las comunidades autónomas, entidades locales y otro tipo de administración pública. No obstante, esta incompatibilidad no se aplicará a las personas en situación de gran vulnerabilidad y sí se podrá complementar con otras prestaciones en estos casos, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

¿Cuáles son los requisitos?

No obstante, los ejecutivos autonómicos han advertido de que todavía no hay una fecha exacta para activar este bono. Como recogen en el portal inmobiliario Idealista, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid son dos de las regiones que recibirán un mayor presupuesto y han asegurado que aún no han recibido la transferencia de fondos por parte del ejecutivo central.

Respecto a los requisitos para poder acceder a esta ayuda, además de la edad y del límite de ingresos anuales, las personas interesadas deberán acreditar que la vivienda o habitación arrendada es su residencia habitual y permanente, mediante certificado de empadronamiento. 

Asimismo, será una prestación económica individual, por lo que también podrán solicitarla aquellas personas que compartan una vivienda en alquiler. La cuantía máxima del alquiler será de 600 euros al mes, aunque las regiones podrán ampliar este límite a los 900 euros. En el caso de alquilar una habitación, este límite se sitúa en 300 euros al mes, que las comunidades podrían aumentar hasta 450 euros.